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VALENCIA. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps organizó el Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia eludiendo intencionadamente "todos los procedimientos de contratación pública, interponiendo una empresa privada [Valmor Sports] sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública [Circuito del Motor". Tras la quiebra de Valmor, cuyos socios no asumieron ningún riesgo económico, Camps ordenó el rescate de la sociedad "con un consciente desprecio a la legalidad vigente".
Estas son las duras conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción en su investigación preeliminar sobre la organización de la Fórmula 1 en Valencia y la posterior compra de Valmor por parte del Consell tras las que ha decidido presentar una querella contra el expresidente, la exconsellera de Turismo Lola Johnson y el exsocio de Valmor Jorge Martínez Aspar, por prevaricación, malversación y delito societario. Anticorrupción deja la puerta abierta a otros querellados en el caso de que la instrucción judicial así lo aconseje.
El relato de hechos que constituye el cuerpo de la querella y que está elaborado en base a las denuncias que presentaron en su día tanto el Grupo Socialista como el de Esquerra Unida de Les Corts y a las distintas diligencias -interrogatorios incluidos- practicadas por Anticorrupción pone por primera vez negro sobre blanco la sospecha que existía desde el día en que Camps y el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, anunciaron la celebración en Valencia de una prueba del mundial: el contrato lo negoció Camps, usó a "su amigo Jorge Martínez Aspar" para constituir una sociedad pantalla a la que se le adjudicó el negocio y pactó con el expiloto y sus socios, el empresario Fernando Roig y Bancaja, que en el caso de sufrir pérdidas las pagaría la Generalitat.
La querella relata como Camps realizó personalmente todas las gestiones previas con Ecclestone. "El señor Camps garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat la viabilidad del proyecto. Sin embargo, dado que esta garantía debía ir acompañada de los requisitos económicos y jurídicos propios de cualquier contratación del sector público, decidió que su amigo Jorge Martínez Salvadores, crease una sociedad para poder organizar la prueba de Fórmula 1 y se pudiera beneficiar con ello", relata textualmente la querella.
Esa sociedad fue Valmor, que se constituyó con el acuerdo apalabrado por Camps y el magnate de la Fórmula 1. "Ecclestone firmó el contrato con quien le dijo el señor Camps ya que era con quien había negociado y le había garantizado la viabilidad económica del evento. Sin embargo, el señor Camps eludió todos los procedimientos adminsitrativos de contratación pública interponiendo una empresa privada sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública", señala la denuncia.
Esa empresa fue Circuito del Motor, la sociedad que de la Generalitat que se creó para explotar el trazado de Cheste. "Valmor no podía organizar la prueba porque carecía de infraestructura y de licencia federativa", algo que según la denuncia era de sobra conocido por las partes. Para salvar esta situación se firmó un contrato entre la empresa privada y la pública. "Un contrato por el que no se fijó ninguna contraprestación económica para el servicio que iba a realizar [la organización real de toda la carrera] y por los que Valmor nunca pagó", afirma Anticorrupción.
PETICIÓN DE RESCATE Y ORDEN DE GERARDO CAMPS DE PAGAR EL CANON
La denuncia pone de manifiesto que Vamor nunca tuvo intención de arriesgar ni un euro. "Tras la celebración de la prueba de 2008 los dueños de Valmor se dirigieron a la Generalitat Valenciana para decirles que habían sufrido pérdidas y que necesitaban ayuda". "Esta insual forma de actuar por la que una empresa privada se dirigía a la Generalitat para que evitara las pérdidas generadas, tenía su origen en el respado económico con el que el señor Camps había avalado la presencia de Valmor como organizador", señala la fiscalía.
Al año siguiente Valmor no pagó el canon y Ecclestone se plantó. Camps viajó a Londres y se comprometió a pagar a través de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos, "eximiendo a Valmor del pago de su principal obligación". "Este era el segundo rescate que se hacía a la empresa privada Valmor: primero una empresa pública corría con los gastos de organización de la prueba y, segundo, otra empresa pública se obligaba a pagar el canon anual. En ninguno de los casos existió contraprestación alguna por parte de Valmor a las empresas públicas".
La denuncia cita en este episodio a Vicente Rambla, que se reunió con los accionistas de Valmor, al entonces director de SPTCV, Eusebio Monzó, que firmó el contrato por el que la empresa pública se hacía cargo del canon, y al vicepresidente y conseller de Hacienda, Gerardo Camps, que ordenó a Monzó firmar el contrato.
TERCER RESCATE CON FALSIFICACIÓN DE FIRMA Y DIMISIÓN DE CAMPS
Pero los favores a Valmor aún no habían acabado. El 12 de julio de 2011 Camps viaja de urgencia de Bruselas (donde estaba de viaje oficial) a Londres para reunirse con Ecclestone. Negocia con Ecclestone una prórroga y exclusividad del contrato. Al mismo tiempo acuerda con Valmor que la Generalitat asuma la condición de avalista que tenía entonces Bancaja en la sociedad.
"Para hacer efectivo este contrato y que la Generalitat pudiera avalar a una empresa privada como Valmor erea necesario seguir un procedimiento administrativo que era perfectamente conocido por el señor Camps [...] Con consciente desprecio a la legalidad vigente asumió ser avalista", afirma la querella.
El contrato se firmó el 19 de julio de 2011 por parte de Lola Johnson "sin tener competencia para ello, sin que se siguiera ninguno de los procedimientos fijados y sin autorización del Consell". Johnson firmó "porque el señor Camps les ordenó de manera urgente que ese contrato debía firmarse ese día". Incluso se falsificó la firma de uno de los obligados a firmar, el entonces director de SPTCV que estaba de viaje de novios. "Se cogió el sello de la SPTCV con la firma del señor [Nicolás] Figueras y se estampó en el contrato sin que éste lo supiera", asegura Anticorrupción.
Al día siguiente Camps dimitió.
De lo que ocurrió a partir de ese momento, el cuarto y definitivo rescate de Valmor, que fue la compra por un euro, la Fiscalía señala a Lola Johnson como principal responsable.
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