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MADRID. La hepatitis C se ha convertido ya en un problema político de primera magnitud. La decisión del gobierno de restringir el acceso al nuevo, eficaz y carísimo tratamiento a sólo una mínima parte de enfermos -los más graves- le ha estallado en las manos al nuevo ministro de Sanidad por ser inasumible para los miles de contagiados que se sienten excluidos por motivos exclusivamente presupuestarios.

El ministerio de Sanidad está noqueado en este asunto, emparedado entre el mantra político de los recortes y la creciente presión social que no acepta que se deje morir a los enfermos por ahorrar dinero.

Convertida la hepatitis C en una cuestión política, no han tardado en personarse en ella todos y cada uno de los representantes de las más variadas ideologías para aplicar su correspondiente discurso a la cuestión. Y los que más ruido están haciendo son los que hablan de anular patentes y poco menos que nacionalizar la producción del nuevo medicamento y proceder a una masiva y gratuita distribución del fármaco.

Puede parecer una cuestión protagonizada por los radicales que han hecho de los extremos su oficio, pero cuando intervienen factores tan delicados como la curación de una penosa enfermedad y unos precios desorbitados reclamados por una multinacional, la cuestión puede tener mucha más trascendencia.

Estamos ante una nueva generación de fármacos de alta eficacia y con unos costes de investigación inimaginables hasta ahora, cuya introducción en los sistemas públicos de salud rompe todos los esquemas de negociación mantenidos hasta ahora entre autoridades sanitarias y laboratorios farmacéuticos.

Curar enfermedades graves es factible, pero va ser mucho más caro que hasta ahora y no hay que olvidar que poner un fármaco de nueva generación en el mercado puede llegar a superar los 1.500 millones de euros, lo que explica el elevado coste del mismo y hace cada vez más difícil que los servicios públicos de salud puedan hacer frente al mismo.

Ante esta nueva situación, los expertos entienden que se necesitan esquemas nuevos que permitan la legítima retribución de las fuertes inversiones en la investigación de esos fármacos y el acceso al máximo de enfermos sin cargarnos los presupuestos. O sea, poco menos que la cuadratura del círculo.

Sin esa inversión multimillonaria en investigación científica, no tendríamos las opciones de curación que ahora están al alcance de nuestra mano y esa inversión no existiría si no hubiera expectativas de retorno en un tiempo razonable.

La industria farmacéutica no goza de una especial simpatía entre la opinión pública, pero hay que reconocer que la investigación de nuevos fármacos es muy intensiva en capital y que el inversor espera obtener una rentabilidad por inmovilizar su capital durante los 10 años o más que puede tardar el desarrollo clínico del fármaco, que puede parecer elevada en exceso pero que equivaldría al interés que hubiera obtenido de haber colocado la misma suma de dinero en determinados valores de mercado.

El problema es que no se trata de un sólo medicamento; estamos ante una generación de nuevos fármacos que están actualmente en fase de experimentación y que se pueden quedar en los tubos de ensayo si esa opción de remuneración para el laboratorio desaparece o se restringe excesivamente. Nuevos medicamentos, no lo olvidemos, que ampliarán las opciones terapéuticas disponibles y reducirán los precios de los tratamientos. Hablar de suspender patentes queda bonito de cara a la galería, pero es una insensatez que abochorna a cualquier político sensato.