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VALENCIA (EFE). El juez que instruye el caso Emarsa ha concluido la instrucción de la pieza principal de esta causa y la ha remitido a la Audiencia Provincial de Valencia para su enjuiciamiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En este caso, que investiga el supuesto saqueo de fondos públicos en la depuradora de Pinedo, están imputados, entre otros, el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, el gerente de la empresa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.
También figuran el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat José Juan Morenilla, y el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer.
La Fiscalía ha pedido 14 años de prisión para Crespo, Bernácer y Morenilla, 12 para Cuesta y penas que van desde los 8 a los 2 años de prisión para el resto de los acusados.
En una diligencia de ordenación hecha pública hoy, el juez ordena unir a la causa varios escritos en los que corrigen errores en las calificaciones provisionales y escritos de defensa de alguna de las partes, y remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial para su reparto a la sección que resulte competente para enjuiciamiento y fallo.
Esta diligencia, contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, llega después de que en noviembre el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decretara la apertura de juicio oral para veinticuatro acusados en esta causa al apreciar indicios de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental.
En aquel auto, el titular del juzgado, Vicente Ríos, no se refirió al vigesimoquinto de los acusados que tenía esta causa, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado uno de los supuestos cabecillas de la trama y que está en paradero desconocido y en busca y captura internacional.
Además, el juez incrementó la cantidad que tendrán que pagar los acusados hasta 30,8 millones si son condenados en concepto de responsabilidad civil, y decretó el embargo de bienes suficientes de los acusados para cubrir las responsabilidades pecunarias que puedan declararse procedentes.
Según el auto, existen "indicios racionales de criminalidad contra todos los acusados", que han "adquirido firmeza" después de que la Sección Cuarta de la Audiencia desestimara todos los recursos de apelación interpuestos por los representantes de los imputados.
La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.
El titular del juzgado se ha dedicado en exclusiva a este caso desde que lo abrió en 2010, un causa que cuenta con 161.941 folios en soporte papel, lo que se traduce en 450 tomos, de los que 291 son tomos integrados por documentos.
Además, está integrada por dos expedientes electrónicos, con 837 y 533 elementos cada uno, por lo que si esta documentación en soporte electrónico se imprimiera, la causa pieza principal superaría los 200.000 folios.
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