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LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO ELEVARÁ EL DÉFICIT UNA DÉCIMA

El Consell debe borrar 139 millones que recaudó a la banca en 2014

J. CLEMENTE. 03/03/2015



VALENCIA. La anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto valenciano a los depósitos bancarios obligará a la Generalitat a borrar de sus ingresos de 2014 los 139 millones de euros que recaudó durante el tiempo en que la tasa estuvo en vigor. 

Según fuentes oficiales de la Conselleria de Hacienda consultadas por ValenciaPlaza.com, las entidades financieras presentaron las correspondientes liquidaciones durante los nueve primeros meses del año, tiempo en el que el impuesto fijado por la Generalitat estaba en vigor. El Gobierno acordó recurrirlo en septiembre, momento en que quedó en suspenso.

En ese periodo, y con la base impositiva fijada por el Consell, la banca que opera en la Comunitat Valenciana tenía que haber pagado 139 millones de impuestos a la Generalitat. Las liquidaciones que realizaron no supusieron en la mayoría de los casos el pago en efectivo. Según las mismas fuentes, las entidades financieras depositaron avales ante la incertidumbre.

Sin embargo el Consell sí que se apuntaba como ingresos estas liquidaciones. La anulación por parte del Constitucional obligará a la Conselleria de Hacienda a realizar un apunte negativo por la cantidad recaudada, es decir, cancelar unos ingresos que no se producirán. En algún caso incluso tendrá o que devolver el dinero o pactar una compensación, ya que algunas entidades sí realizaron el ingreso. La Conselleria de Hacienda no disponía de este dato este lunes.

Esos 139 millones suponen algo más de una décima de déficit adicional en la cuenta de la Genralitat Valenciana. La previsión para el ejercicio cerrado era del 2,3% del PIB, según distintos estudios independientes, cuando el límite era del 1%.

Los 139 millones cancelados del año pasado más los 210 millones previstos ingresar este 2015 se verán reducidos a unos 40 millones en total procedentes del impuesto a los depósitos que fijó el Gobierno y cuya base impositiva era sustancialmente más baja que la autonómica. El agujero total, por tanto, de la supresión del impuesto autonómico es de unos 310 millones. 

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