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VALENCIA. Hasta ahora, el término conveniencia ha estado unido a conceptos tales como la bandera o el pabellón, o el matrimonio, según se tratara del negocio del transporte marítimo que permitían a un armador enarbolar el pabellón de un país diferente al de su propietario con objeto de obtener beneficios de distinta índole, o se tratara de un casamiento fraudulento con la mirada puesta en obtener igualmente beneficios jurídicos, económicos o sociales.

Desde la pasada semana, tras la intervención de BPA -cuarta entidad de Andorra con 1.790 millones de euros en activos- por parte del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) como la posterior de Banco Madrid, cien por cien filial de BPA, por parte del Banco de España, tras la "solicitud" de las autoridades estadounidenses responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, un nuevo concepto cabe incorporar a los dos anteriores: la intervención de conveniencia de una entidad financiera.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la demanda de intervención se debía al posible blanqueo de dinero de organizaciones criminales de Rusia y China, y de fondos desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La actividad involucraría dinero de organizaciones criminales de Rusia y China, el lavado de 2.000 millones de dólares de fondos de Petróleos de Venezuela, corrupción extranjera y otras actividades criminales.

Analistas y observadores muestran su sorpresa por el repentino ataque de honradez o de hipocresía de las autoridades norteamericanas y por el seguidismo de las autoridades andorranas y españolas ante el hecho incontrovertible de que en el mundo hay, según algunas fuentes fiables, casi 2,4 billones de euros al margen del fisco o que según estimaciones oficiosas del FMI y las Naciones Unidades anualmente se blanquean en el mundo más de 600.000 millones de dólares conseguidos por el delito organizado en todo el mundo, dinero que se lava utilizando en muchas ocasiones el sistema bancario legal de muchos países.

Según cálculos de la ONU, entre 350.000 y 400.000 millones de dólares son beneficios del narcotráfico y una alta proporción de esas inmensas cantidades, una vez blanqueadas, son invertidas en deuda estatal de distintos países, lo que ha permitido a más de un abanderado de los antisistemas afirmar que los grandes delincuentes de este mundo controlan una parte muy importante de la deuda oficial de los países más vulnerables.

Y nada de todo ello pasa desapercibido para las autoridades del Tesoro de EEUU o para las diferentes agencias de inteligencia del actual gobierno de Obama. Otra cosa es que en la actualidad la administración Obama sea más sensible a este tipo de actividades en tanto en cuanto ponen en cuestión acciones puntuales de congelación de cuentas en el exterior de relevantes personajes ligados a ciertos países.

En este sentido, se recuerda que hace unos años y como consecuencia del blanqueo de 200.000 millones de dólares en Estados Unidos, provenientes de los procesos de privatización llevados a cabo en la Rusia sucesora de la URSS, se creó un subcomité en el Senado de los EEUU que terminó multando a treinta y dos bancos norteamericanos.

A falta de información rigurosa y fidedigna sobre el delito o delitos del banco andorrano y de su sucursal española, observadores y analistas optan por poner el foco, una vez más, en la calidad de la supervisión del Banco de España y en la utilidad del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), ya que ninguno de los dos tenían el más mínimo conocimiento de las actividades fraudulentas que estaban siendo cometidas por ambas entidades.