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VALENCIA. La Comunitat Valenciana está en los puestos de cola del gasto por habitantes en los servicios públicos fundamentales: educación, sanidad y protección social. Si se computan todos, la región se posiciona como la quinta que menos gastó en 2013 con 5.710 euros por persona, mientras que la media española está en 6.230 euros. Además, las diferencias entre las comunidades autónomas que menos y más gastan es el del 60%, según se desprende del informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y Fundación BBVA.

Concretamente, en educación se encuentra en el mismo puesto, con 867 euros, mientras que la media está en 915, un ranking liderado por el País Vasco quien con 1.224 tiene una diferencia del 55% con la Comunidad de Madrid de un 55%. En Sanidad, la Comunidad Valenciana sigue bajando y se sitúa la tercera por la cola con 1.301 euros mientras que en protección social también se encuentra en quinto puesto por el final con 3.542 euros a mucha distancia de Asturias, que gasta 5.751 euros.

Aunque el informe destaca que el sector público se ha esforzado para mantener los servicios fundamentales durante la crisis, a pesar de la caída del PIB y de los ingresos públicos pero aun así el gasto real por habitante se ha reducido durante la crisis en un 21% en sanidad y un 22% en educación. Aunque todas las comunidades han ajustado el gasto, lo cierto es que los niveles de partida eran muy diferentes.

¿Pero a qué se deben las diferencias de gasto por habitante entre comunidades? Según el informe, aunque podría deberse a causas objetivas como el porcentaje de niños o de ancianos, lo cierto es que no siempre las comunidades con más necesidades por habitante gastan más. Y esto básicamente se debe a que los recursos por habitantes presentan una disparidad sustancia.

Esto ocurre en la Comunitat Valenciana, en la que se han manifestado en muchas ocasiones, tanto por parte del partido en el Gobierno como de la oposición que faltan fondos para sanidad y educación debido a la infrafinanciación ya que existe una diferencia de unos 1.000 millones entre el gasto de la región en ambas materias y lo que obtiene de las transferencias del Estado. De hecho, con el sistema no se cubre ni el 90% de los gastos necesarios en estos aspectos mientras que en otras comunidades llegan al 120%.

El IVIE y Fundación BBVA achacan estas disparidades en que la diferencia de ingresos de las comunidades no se explican por sus distintas necesidades sino por razones históricas y políticas, como la foralidad o la valoración inicial de las competencias transferidas. "Estas diferencias de recursos cuestionan la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios públicos fundamentales que viven en distintos territorios", apunta.

El informe también da direcciones en las que tomar decisiones. En primer lugar diseñar las políticas con horizontes financieros de medio y largo plazo, asumiendo compromisos prudentes para evitar la desafección institucional que se deriva del incumplimiento de las promesas. También dotar fondos de previsión en los años de bonanza en sanidad, educación y protección social. A esto se suma revisar las diferencias territoriales de gasto porque pone en cuestión la igualdad de oportunidades y adecuar los sistemas de financiación autonómica a los compromisos constitucionales de equidad territorial.