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VALENCIA (EP). El candidato a la Alcaldía de UPyD en Gandia (Valencia), Fernando Gómez Gil, ha revelado que el partido del Gobierno de la localidad (PP) se ha ofrecido a pagarle la campaña para atacar a Ciudadanos. "Tenemos grabaciones y se demostrará con el tiempo", ha aseverado.

Gómez Gil ha desvelado esta actuación durante su intervención en un debate con representantes de todos los partidos que concurren a las elecciones municipales, organizado por el Consell dels Joves de Gandia.

En un momento del debate, cuando estaban dialogando sobre cuánto dinero llevaban gastado en la campaña, Gómez Gil ha afirmado textualmente: "Hemos recibido opción por parte del partido del Gobierno de pagarnos la campaña directamente contra Ciro Palmer --candidato de Ciudadanos en Gandia-- y Mut --Fernando, militante de esta última formación política--. Tenemos grabaciones y se demostrará con el tiempo. Aún así, hemos gastado 400 euros del partido y de los donativos de la gente".

En concreto, la formación denuncia que se les propone --Victoria Mirasol, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Gandia y miembro de la ejecutiva local del PP-- financiarles la impresión de 10.000 panfletos diseñados por ellos (PP) para que sea UPyD quien ataque a Ciro Palmer.

Ante estas revelaciones, la candidata a la Alcaldía de los Socialistas de Gandia, Diana Morant, ha afirmado que "ya está bien de soportar en la ciudad a este tipo de prácticas mafiosas por parte del PP y de Arturo Torró --alcalde--". Por ello, han pedido a los gandienses que, dado que el voto es secreto, "superen el miedo en las urnas el próximo domingo para devolverle, entre todos, la dignidad a la ciudad".

"Estamos indignados con la deshonra a la que puede llegar Torró y su equipo de tramposos. Por eso, ningún gandiense tendría que permitir que se esté atentando contra la democracia ni un minuto más", ha aseverado Morant.

Por su parte, Més Gandia ha solicitado la dimisión de Torró y la destitución "inmediata" de la responsable de prensa del Ayuntamiento. Ha afirmado que el presunto intento de compra es un "grave atentado democrático y un fraude electoral".