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VALENCIA. Un páramo. Eso es lo que se va a encontrar el nuevo Gobierno de Ximo Puig en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) cuando estrene Gobierno en la Generalitat el próximo lunes, víspera de la teórica fecha de liquidación de la televisión pública. Apenas 40 personas 'sobreviven' en la sede de Burjassot (Valencia), junto a los tres miembros del equipo de liquidación. Son personal de recursos humanos, del departamento jurídico, informáticos, personal técnico y de mantenimiento y lo que queda del comité de empresa. El martes 30 de junio no debe quedar ninguno, según el calendario del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
El 30 de junio debería concluir la liquidación de RTVV, pero no será así. Por no cumplir, el Gobierno de Alberto Fabra se marcha sin aprobar las cuentas anuales de 2014, que este miércoles quedaron sobre la mesa de último pleno del Consell saliente al faltar los informes de auditoría y de la Intervención de la Generalitat.
No es la primera vez. El año pasado ya quedaron sin aprobar en junio las cuentas de 2013 de las dos sociedades en proceso de liquidación, el viejo ente RTVV y la empresa RTVV SAU, a pesar de lo cual se incluyeron en la Cuenta General de la Generalitat sin los preceptivos informes de auditoría y de la Intervención. Los informes del viejo ente nunca se hicieron públicos, por lo que es posible que no estén aprobados. Los de RTVV SAU se publicaron el pasado mes de diciembre, tras reformularse las cuentas para elevar las pérdidas en 36 millones de euros. El motivo, los gastos y provisiones derivados del cierre
Las salvedades y párrafos de énfasis del informe de auditoría de RTVV SAU de 2013 evidenciaban las dificultades del proceso de liquidación, condicionado por pleitos con proveedores -Mediapro-, procesos judiciales relativos al ERE y un contrato de alquiler a largo plazo -más allá de 2030- del centro de producción de programas de Alicante, cuya cancelación tiene el mismo coste que mantener el contrato en vigor. Otro problema para concluir la liquidación es la venta del centro de producción de programas de Burjassot, un edificio protegido tasado en 25,88 millones de euros cuyo único destino posible parece ser la compra por parte de la Generalitat, que no tiene presupuestado ese gasto.
En cuanto al ente, teóricamente era más fácil de liquidar puesto que apenas tiene activos y 'solo' tiene el pasivo de la deuda -unos 800 millones-, que paga la Generalitat. Sin embargo, los liquidadores y el Consell tropezaron con la mayoría de los bancos acreedores, que se negaron a que la deuda fuera traspasada a la Generalitat. Si no consiguen convencerlos, el ente podría quedar en estado vegetativo, sin actividad y con una inyección de fondos cada año por parte de la Generalitat para pagar intereses y la parte de amortización de deuda.
REABRIR O REFUNDAR
Con todo, el mayor problema que se va a encontrar el Gobierno de PSPV y Compromís no es la liquidación sino cómo cumplir su promesa de volver a poner en marcha una televisión pública valenciana. El futuro Ejecutivo tiene la intención de emitir algún tipo de programación en la festividad del 9 d'Octubre, de forma simbólica, pero el proceso para que exista de nuevo el servicio público será mucho más complejo.
El debate está abierto desde antes de las elecciones, con dos opciones que presentan problemas. Una de ellas es paralizar la liquidación, como ha pedido el comité de empresa, anular el ERE y, tras readmitir a los más de 1.600 trabajadores despedidos, impulsar otro ERE y dejar una televisión de un tamaño similar al proyectado por el Gobierno de Fabra en 2013. El proceso sería jurídicamente complejo y muy costoso.
La alternativa es crear una televisión nueva mucho más pequeña que la que fue a la quiebra. Aquí las dudas jurídicas se plantean en torno al derecho de los trabajadores despedidos a ser readmitidos si la justicia considera que se ha producido una sucesión de empresas.
En l'edifici de Burjassot també estan 23 treballadors de l'arxiu de RTVV, arxiu que no està previst traslladar.
El que finalitza el 30 de juny de 2015 és l'aplicació de l'ERO acordat en març de 2014. La liquidació no serà factible fins que no estiguen pagats tots els deutes i resolts tots els judicis.
La televisión nueva (o partiendo de cero, como dicen), será mucho más costosa. La demanda sobre el ERE del sindicato CGT sigue ahí, la de inconstitucionalidad del cierre del PSPV supongo que la quitarían, pero hay miles de demandas puestas por los trabajadores que se van aplazando en los juzgados hasta que no se pronuncie el constitucional y el TSJ. Y si abren otra....pues pondremos más.....Ahora la pelota está en su tejado, ¡a ver si van a cerrar ellos lo que no hizo el inútil de Fabra.....
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