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El decreto ley autonómico impulsado por el exconseller establece que las zonas de gran afluencia turística mantendrán su vigencia mientras no cambien las circunstancias que justificaron la declaración
VALENCIA. La reducción de las cinco zonas de Valencia en las que el comercio tiene libertad para abrir todos los días del año no es exclusivamente una cuestión de voluntad política. El plan del nuevo Gobierno municipal para limitar exclusivamente al centro histórico la liberalización de horarios comerciales, requiere poner en marcha un complejo proceso administrativo que, además de encontrar obstáculos en el decreto ley autonómico que impulsó el exconseller Máximo Buch, puede acabar teniendo implicaciones judiciales si los afectados recurren a los tribunales para mantener la situación actual.
En la actualidad existen en la capital cinco zonas en las que se permite la actividad comercial sin limitaciones horarias. Cuatro de ellas fueron declaradas por la Dirección General de Comercio de la Generalitat a petición de la entonces alcaldesa, Rita Barberá. Se trata del Jardín del Turia; la Marina Real y alrededores; Ciutat Vella y l'Eixample; y los alrededores del estadio Ciutat de València, las áreas donde se encuentran la práctica totalidad de grandes almacenes de la ciudad. Posteriormente se añadió la avenida de Corts Valencianes a raíz de una reclamación presentada por uno de los pocos comercios que se quedó al margen de la liberalización al ubicarse en esta zona.
Según explica a ValenciaPlaza.com Fernando Cacho, abogado senior del área de Derecho Público de Broseta Abogados, para declarar una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) -con liberalización de horarios comerciales- es necesario que exista un acuerdo del órgano municipal colegiado competente". La solicitud se debe acompañar de "documentación que justifique las circunstancias en que ésta se fundamenta", preparada por los técnicos de la Oficina Técnica del Servicio de Comercio de Valencia. Posteriormente es la Dirección General de Comercio de la Generalitat la que aprueba las peticiones.
Los informes de los técnicos municipales se apoyan en los requisitos reflejados en ley nacional de 2012 que obligaba a catorce ciudades españolas, Valencia entre ellas, a declarar al menos una de esas zonas por tener más de 200.000 habitantes, haber tenido una ocupación hotelera superior a un millón de personas el año anterior o un número de pasajeros de cruceros turísticos superior a 400.000.
La Oficina Técnica del Servicio de Comercio de Valencia ofreció argumentos para cada una de las zonas. En el caso de la Marina Real, la presencia de cruceros turísticos de "afluencia significativa", mientras que para Ciutat Vella y L'Eixample se adujo la presencia de bienes de interés cultural integrados en el patrimonio histórico de la ciudad, además de ser un área "con un marcado atractivo de turismo de compras".
En el caso de los alrededores del Estadio Ciutat de València, una de las solicitudes más polémicas, los técnicos municipales destacaron la celebración de eventos deportivos, en especial los partidos de Europa League del Levante UD y, ocasionalmente, conciertos musicales.
Dos años y medio después, dar marcha atrás a esa situación requiere que los mismos técnicos municipales redacten informes razonados que acrediten que la situación ha cambiado como para justificar la reversión de las zonas declaradas ZGAT. Pero el proceso se plantea complejo por dos razones.
REVOCACIÓN DE UN DERECHO RECONOCIDO
La primera de ellas tiene que ver con los derechos reconocidos a las empresas que durante los últimos treinta meses han ejercido su actividad en esas zonas sin restricciones horarias. Según explica el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ayuntamiento tendría que iniciar un proceso de revocación de un acto declarativo de un derecho. El escollo jurídico, por tanto, no es menor, ya que la revocación de un "derecho reconocido", el de poder abrir todo el año sin restricciones, podría desencadenar un aluvión de reclamaciones por parte de los grandes operadores comerciales.
La segunda surge del decreto-ley impulsado por el anterior conseller de Economía, Máximo Buch, para tratar de concretar los criterios de la ley nacional por considerarlos demasiado ambiguos. La norma, validada en Les Corts en el tramo final de la legislatura, establece en su artículo 21 ter que la declaración de zona de gran afluencia turística mantendrá su vigencia en tanto no desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a la declaración, en cuyo caso podrá procederse a la revocación de la misma por la dirección general competente en materia de comercio.
Esto es, que los informes técnicos municipales que acompañen a la petición de dar marcha atrás en la declaración de las ZGAT han de estar lo suficientemente motivados como para que la Dirección General de Comercio y Consumo emita una nueva resolución que deje sin efecto sus propias resoluciones anteriores.
No obstante, el Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero de 2015 con el que el anterior Consell del PP trató de acotar los criterios para la declaración de zonas turísticas está en entredicho. El Consejo para la Unidad de Mercado ha emitido recientemente un informe en el que asegura que la norma autonómica puede dejar sin efecto la norma estatal básica que regula el mismo asunto.
Por ello, este órgano ha instado a la administración central y a la autonómica a que resuelvan sus diferencias en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, que ya ha sido convocada. Si celebrada esa comisión, para la que la Generalitat aún tiene que nombrar a sus representantes, el Gobierno interpreta que la norma autonómica contraviene el espíritu de la norma estatal, el conflicto puede acabar en el Tribunal Constitucional.
Sin ir más lejos, la pasada semana el Gobierno acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de comercio de las Islas Baleares por considerar que esos preceptos invaden las competencias exclusivas del Estado al establecer una regulación contraria a lo dispuesto en varias leyes estatales básicas en materia de comercio interior.
Se lo cocinan entre ellos y a los consumidores (los verdaderos motores comerciales) nos dejan de lado.
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