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VALENCIA (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han acordado hoy convocar cuanto antes los consorcios participados por las Administraciones central, autonómica y local en la dársena y el Parque Central para "desatascar" ambos proyectos "espinosos".

Así lo han puesto de manifiesto en una comparecencia conjunta tras la primera reunión oficial entre ambos, en la que además han alcanzado acuerdos sobre asuntos de política metropolitana y política fiscal e infraestructuras escolares, entre otros temas.

Ambos dirigentes han coincidido en resaltar que las dos administraciones trabajan "en la misma dirección" para solucionar los problemas de los ciudadanos, lo que, para el alcalde "facilita los acuerdos", mientras que el jefe del Ejecutivo valenciano ha subrayado que se abre una "etapa de buena sintonía" entre la Generalitat y Valencia.

"Se va a convocar los dos consorcios para desarrollar una política para desatascar la situación de los últimos años", ha apuntado Puig, quien ha mostrado el "compromiso" de la Generalitat de que en ambos casos estará "al lado" del Ayuntamiento para "buscar las soluciones más óptimas".

Respecto al Parque Central, ha apuntado que harán un "esfuerzo presupuestario" dentro de sus posibilidades para desbloquearlo y en el caso de la dársena, ante la imposibilidad de pagar la deuda de 430 millones, exigirá al Gobierno que la incluya en la compensación que tiene que hacer de la deuda histórica a la Comunitat Valenciana.

Ribó ha defendido la necesidad de abordar el problema de la dársena por su situación económica es "insostenible", con una deuda de 430 millones y un pago próximo que afrontar, y ha afirmado que "los créditos del ICO los tiene que pagar el Gobierno central".

Respecto al Parque Central, ha lamentado que "no se avanza" y que la ministra de Fomento, Ana Pastor, con la que se reunió el pasado día 3, no le ha mostrado formalmente ningún proyecto.

Ha asegurado que el consistorio "está preparado para comenzar" lo que sería una primera fase del proyecto: el soterramiento de las vías hasta el puente colgante delante de las estaciones y cuyo presupuesto rondaría los 265 o 270 millones.

"Afrontaremos la parte que nos corresponde pero es responsabilidad de la ministra tener una partida en los presupuestos para redactar el proyecto", ha comentado.

El Ayuntamiento y la Generalitat han llegado a un acuerdo para hacer una encomienda de gestión y que el consistorio pueda gestionar directamente las multas de faltas graves, que actualmente dependen del Consell y que, según Ribó, será "importante para la disciplina de la movilidad o de discotecas".

Además, han acordado replantearse políticas metropolitanas para volver a tener una Agencia Valencia de Movilidad que reclame al Gobierno un contrato programa "imprescindible" para Ribó para hablar de la T2, mejorar la EMT o la movilidad ciudadana.

También han acordado retomar el Plan de Acción Territorial de la Huerta que el anterior gobierno "metió en un cajón" y en la creación de una entidad del área metropolitana "que gestione los grandes problemas de la ciudad" que generan las competencias entre los diferentes municipios del área metropolitana.

Ribó también ha apuntado la necesidad de que algunos solares destinados a educación concertada o privada sean recuperados como centros públicos según estaban previstos en el PGOU.

Puig ha comentado que han hablado de la posibilidad de que el ayuntamiento participe en la Agencia Valenciana Tributaria por la importancia de la coordinación de todos los servicios de recaudación para la lucha contra el fraude.

La viabilidad de este proyecto valenciano ha sido cuestionada después de que hoy el Tribunal Constitucional haya suspendido la Ley para la creación de la Agencia Tributaria Catalana, aunque ha asegurado que sería "absurdo" que alguien estuviera en contra de la Agencia Valenciana Tributaria.

"Nadie tendría que estar en contra de la coordinación y de la mejor de la eficacia para que nadie se quede al margen de su obligación del pago fiscal", ha afirmado Puig, quien ha explicado que su intención es crear un consorcio entre las diferentes administraciones para "mejorar la gestión, la eficacia y la lucha contra el fraude".