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VALENCIA. Mil millones en octubre, 1.500 millones más en diciembre, otros 400 millones en abril y 800 millones en los próximos días. Este es el ritmo que ha cogido la Generalitat Valenciana en sus emisiones de deuda para poder hacer frente a las facturas que se acumulan en sus cajones.
Unas deudas con proveedores que amenaza con convertirse en el mayor quebradero de cabeza de la recta final de esta legislatura y, seguramente, del principio de la próxima, y que ha generado las críticas públicas o privadas de farmacéuticos, proveedores de sanidad, constructores o servicios tan básicos como correos, limpieza o seguridad.
Pese a la escalada de endeudamiento para hacer frente al gasto corriente, a finales de 2010, según la liquidación del presupuesto, el Gobierno valenciano acumulaba compromisos pendientes de pago por 3.037 millones, una cifra que roza el 21% del total previsto en gastos.
Una cifra que se había mitigado en parte con una emisión en octubre de 1.000 millones en octubre que se quedaron Bancaja y CAM a medias a un interés del 4% a 18 meses. Las cajas hicieron entonces casi un último favor al Gobierno valenciano agobiado ante unos mercados cerrados a cualquier intento de colocar deuda soberana.
"Con ese dinero llegaremos a final de año", dijo entonces el vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps, que aventuró: "Si los mercados se abren quizá se pueda hacer una pequeña emisión más".
Los mercados no se abrieron pero la Generalitat sí tuvo que hacer otra emisión. Y no pequeña. En diciembre se colocaron, siguiendo el ejemplo de Cataluña, los primeros bonos patrióticos. 1.500 millones de euros al 4,75% de interés a un año, con un 3% adicional para los bancos colocadores.
"Se destinará a pagar a los proveedores y acortar los plazos", aseguró en aquel momento el ejecutivo que preside Francisco Camps. Unos plazos que, por ejemplo, en el caso de la obra pública, y según habían asegurado en septiembre responsables de la patronal valenciana del sector Fecoval, ascendía a una media de 190 o 220 días desde la certificación de obra, dos años si quien firmaba el pago era una empresa pública y no directamente la Administración.
OTROS 1.200 MILLONES EN LO QUE VA DE 2011
El arranque del año, tras el colchón de los patrióticos, fue más tranquilo hasta el final del primer trimestre. Este mismo mes la Generalitat ha tenido que recurrir ya a una nueva emisión. En este caso, 400 millones a dos años con un interés del 5,5%, un cupón elevado que se quedaron los inversores institucionales en la primera emisión en más de medio año en la que se recurrió al mercado.
Apenas unos días más tarde se comunicó la intención de volver a recurrir a los particulares para captar otros 800 millones. De nuevo bonos patrióticos, siguiendo la estela de la Generalitat de Cataluña que ha conseguido colocar sobradamente cantidades mucho mayores (3.000 millones el año pasado, 3.200 en la última emisión).
De nuevo el objetivo, reducir los plazos de pago de las facturas en 30 días desde el punto en el que esté ubicado ahora, dato que no se facilita. Este martes Gerardo Camps insistió en que este recurso al pequeño ahorrador para conseguir fondos entra dentro de la normalidad financiera de una Generalitat solvente.
Pero Camps añadió más. "La culpa de que haya retrasos e impagos a los proveedores es del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero", dijo el vicepresidente valenciano. "El actual modelo de financiación prevé una transferencia a la Comunitat Valenciana de 633 millones, a través del Fondo de Competitividad. Con ese fondo se iba a pagar productos y servicios por lo que el culpable es el que no envía el dinero".
El responsable económico de la Genralitat, que llevará este miércoles su queja al Consejo de Política Fiscal y Financiera, aseguró que "no es que estén cayendo los ingresos previstos en el presupuesto, sino que las transferencias del Estado van a ser deficitarias para que podamos atender los pagos de la Generalitat".
LA CREDIBILIDAD DE ECONOMÍA
El problema del discurso de Gerardo Camps es que cada vez cala menos entre los empresarios, principales afectados del retraso en los pagos. "No hay reunión con el presidente en la que no se le plantee la necesidad de un relevo en la Conselleria de Economía", explican fuentes empresariales, para quienes ‘la intermitencia' de Camps se ha convertido en un lastre para la interlocución.
Mientras que hay un sector que apuesta por un talante como el de Vicente Rambla, ahora en la Conselleria de Empresa, otros empresarios habrían trasladado a Presidencia la necesidad de apostar por un perfil más técnico, menos vinculado políticamente, como el de un profesor universitario, o como alternativa algún empresario de trayectoria familiar que entienda los problemas del sector.
REFORMAS PENDIENTES
El reto que tiene quien herede la Conselleria de Economía, si no lo hace el propio Gerardo Camps, posibilidad que no descartan algunos de los empresarios consultados por Valenciaplaza.com dada la tendencia a no mover demasiadas piezas del presidente Camps, es muy relevante.
El control de la deuda pasa obligatoriamente por un recorte en los gastos de la Generalitat. De momento no se ha acometido ninguna reforma de calado. Algunos anuncios más o menos sonoros, como el cierre de algunas empresas públicas y fundaciones, o la futura reducción en el número de consejerías -de 13 a 10- son el prolegómeno a lo que posiblemente suceda después de las elecciones autonómicas.
"Se están estudiando muchos planes de austeridad", reconocieron a este periódico fuentes de Presidencia. Sin embargo, desde ningún departamento de la Generalitat se quiso ayer confirmar, por ejemplo, la posibilidad de reducir en 1.000 el número de funcionarios. Enfrentarse a cualquier colectivo que dependa del dinero público a poco más de 20 días de la cita en las urnas se antoja una aventura que nadie quiere emprender.
En la Ley 17/2010 de Presupuestos de la GV para el 2011 se ha consignado la cantidad de 678 millones en Deuda Pública. Si el Estado a través de su Ministra Elena Salgado nos prohíbe la emisión de deuda, nos deja de ingresar vía transferencias los 633 millones del Fondo de Competitividad y además no han revisado el problema de financiación de nuestra comunidad que lleva más de 6 años encima de la mesa de que se nos financia en razón a 1 millón menos de habitantes, está claro que no podremos pagar las facturas. En principio tenía mis dudas de si la Comunidad Valenciana era mal tratada económicamente por el Estado que recuerdo es el que recoge todos los ingresos vía impuestos para luego repartirlos. Pero ahora no me cabe ninguna duda por lo expuesto y también porque recientemente hemos visto cómo permite por alianzas parlamentarias la cantidad de emisión de deuda a Cataluña. No nos engañemos, habrá una componente debida a la gestión, otra a la crisis, pero hay otra que es superior y es la falta de consideración que el Gobierno del PSOE tiene con la Comunidad Valenciana, así de claro.
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