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VALENCIA. "La Generalitat Valenciana no necesita 100 días, de hecho no necesita ni esperar a constituir el nuevo Consell. No se puede perder ni un día después del 22M. Ya se han perdido bastantes". La sentencia llega del entorno más próximo a uno de los dirigentes empresariales con mayor peso en la Comunitat Valenciana. "Especialmente el pago a los proveedores no se puede demorar más", añaden.
Los dirigentes de patronales y sindicatos consultados ayer por ValenciaPlaza.com coincidieron en que el nuevo ejecutivo de Francisco Camps no debe ampararse en un proceso de adaptación para poner en marcha medidas decididas en tres campos concretos: el pago a los proveedores, la reducción de la deuda autonómica y los programas que ayuden a generar empleo. "Un plan de choque económico para pagar facturas y relanzar la economía sería una buena primera medida", coinciden varios de los consultados.
Desde la patronal autonómica Cierval, se insistió ayer en las exigencias que ya le trasladaron a Camps antes de los comicios. Uno de los aspectos que la organización aún presidida por Rafael Ferrando vería con buenos ojos como medida inmediata sería la habilitación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que facilitase créditos a las empresas. Con la banca con los grifos cerrados, la financiación se consolida como uno de los problemas de los empresarios.
Pero la patronal es consciente de que es un problema compartido, ya que la deuda pública valenciana es la más alta de las comunidades autónomas respecto al PIB. "Hay que aplicar ya criterios de austeridad en el gasto y reducción del déficit público para poder liberar presupuesto y destinarlo a facilitar el crédito de empresas y particulares", apuntan desde Cierval.
Desde la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el lobby que preside Vicente Boluda, se opina que la Generalitat debe centrar toda su acción en la economía durante los próximos meses. Coincide con Cierval en la necesidad de aplicar criterios de "austeridad" en el gasto público y no quieren oír hablar de grandes proyectos o eventos. "Hay que ajustarse a los ingresos", apuntan desde la influyente organización, que defiende medidas tan polémicas como introducir el copago en sanidad.
Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev) también prioriza el acceso a financiación de las empresas. "En toda Europa se está registrando una mejora en el acceso de las pymes a los créditos excepto en España", explica Navarro. "El estrangulamiento financiero ya se ha llevado por delante a demasiadas empresas y sigue comprometiendo seriamente la viabilidad de otras tantas, y, con ello, el futuro de los puestos de trabajo que éstas generan", alerta el dirigente de Cepymev.
Para la patronal de pymes, "la Generalitat debe reducir su apelación al crédito porque rivaliza con el acceso al crédito de las empresas". Un repaso a la situación de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR), para mejorar su funcionamiento, también sería un avance importante, según Navarro.
Navarro hace hincapié en el otro gran problema ya mencionado: el impago de facturas. "Las grandes expectativas que generó la reforma legislativa contra la morosidad, adaptándola a estándares europeos, pronto se vinieron abajo, porque ni la propia Administración la está cumpliendo", lamenta el presidente de Cepymev. "Es imperativo que el sector público, con un importante peso en nuestra economía nacional, regional y local, cumpla a rajatabla la normativa", reclama.
Desde la patronal del metal, Femeval, recomiendan "potenciar las inspecciones para eliminar el nivel de economía sumergida y crear una Ley que obligue a todas las administraciones públicas a auditar y exponer públicamente sus cuentas de resultados y balances en tiempo y forma".
Sectorialmente, los empresarios también tienen demandas concretas, y añaden a las causas comunes otro aspecto que consideran debería abordarse rápido: la simplificación de la administración. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (Quimacova), Miguel Burdeos, reclama una clarificación de las leyes que afectan al sector y que dificulta el crecimiento de un sector con valor añadido.
REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Sobre las duplicidades en las administraciones también se pronuncia Tomás Guillén, presidente de la Asociación de Empresas de Consultoría y Terciario Avanzado (Aecta), que cree que "es necesario reducir solapamientos de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y nacionales" que incrementan tanto el gasto público como el de las empresas.
Los sindicatos mayoritarios tampoco olvidan la falta de crédito en las empresas. El secretario general de CC OO del País Valenciano, Francisco Molina, insiste en declaraciones a este periódico, en la necesidad de financiación pública a falta de préstamos bancarios.
Molina no cree que la política de reducción de impuestos sea una vía para favorecer el desarrollo empresarial. "No hay que perder la fiscalidad actual, de hecho hay que recuperar los impuestos para poder ofrecer mejores servicios públicos", asegura el dirigente sindical.
El lider sindical también exige "ajustar el presupuesto del Consell de aquellas partidas que no repercuten en políticas de productividad". Así, recomienda recortar empresas públicas, consorcios y organismos no vinculados a la sanidad o educación.
Sobre el empleo, Molina cree necesario "abandonar políticas que se han demostrado ineficientes para paliar el 24% de parados, como son los grandes eventos, las grandes infraestructuras", explica. CC OO apuesta por reforzar políticas que refuercen el tejido industrial y que impulsen sectores innovadores.
Desde UGT-PV, su secretario general, Conrado Hernández, ve prioritario "relanzar la economía productiva de manera que podamos comenzar a ver el final del túnel de la crisis, modificando el modelo económico valenciano".
Hernández cree necesario potenciar los servicios públicos, y recuerda uno de los artículos que se incluyó en la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y que nunca se ha aplicado: la Renta Garantizada de Ciudadanía, una iniciativa que, en caso de tener fondos para poderse llevar a cabo, podría resultar un impulso para la sociedad del bienestar, según el dirigente ugetista.
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