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MADRID. Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia. Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda 312.000 personas con derecho reconocido. Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia "no es viable" y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.

La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los tres millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos. El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas. Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.

Y algo más grave: hay ocho autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes, a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).

En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios). Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.

Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos. Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.

El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su "empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla". Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.

Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia "no es viable", lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas. De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.

Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).

Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.
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(*) Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega