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VALENCIA. La emisión de deuda de la Generalitat Valenciana destinada a minoristas que se cerró este viernes ha dejado un poso amargo en la Conselleria de Economía y supone un aviso muy serio de lo que viene por delante. Los bonos patrióticos no han calado entre los inversores a los que ni la mejorada rentabilidad ni la apelación a la fibra sensible les ha conmovido en forma suficiente.

Aunque finalmente el Consell ingresará los 1.800 millones que se marcó como mínimo lo cierto es que no lo hará de la forma que esperaba. Según confirmó tanto el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como el propio conseller de Economía, Enrique Verdeguer, han tenido que ser los bancos y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) los que completen la cantidad marcada, yendo más allá de las cantidades que tenían aseguradas (en total 800 millones).

¿Por qué la Generalitat no ha conseguido atraer a su inversión a los pequeños ahorradores? Las razonas, seguramente, son múltiples, y van desde la crisis económica, que arrecia, hasta la una posible desconfianza en el emisor.

Pero hay un aspecto que ha influido directamente en este nueva tanda de bonos patrióticos valencianos al que no tuvo que hacer frente hace ahora un año la Generalitat: la masiva oferta que existe en el mercado de productos de inversión de alta rentabillidad y seguridad. Tanto el Gobierno central, con las emisiones del Tesoro, otras comunidades autónomas, como Cataluña y Murcia, que se han adelantado al Consell, o las campañas de captación de pasivo de las entidades financieras privadas, necesitadas de reforzar sus balances.

El conseller de Economía, Enrique Verdeguer, lamentó precisamente esa situación este viernes cuando hizo balance de una emisión que le ha traído por la calle de la amargura. "Este sistema es insostenible. Lo era cuando había liquidez, lo que pasa es que no se notaba, y lo es ahora que no la hay. Es necesario que el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que replantearse el modelo para que se actúe como un todo".

Verdeguer, "al margen de las soluciones a corto plazo", aunque no entró en detalles sí dejó entrever que se encontraría cómodo con algo similar a los hispabonos. "No debería haber 18 sistemas de 17 comunidades autónomas y el Estado, el sistema es un todo y yo incorporaría a las propias entidades financieras, porque son un elemento esencial", dijo el conseller.

La cuestión es que pese a que en esta ocasión la Generalitat ha conseguido salvarse sobre la campana -el jueves tiene que amortizar los 1.500 millones de deuda minorista que se emitió la semana pasada, algo que ocurrirá "sí, sí o sí", dijo Verdeguer- la cuestión es que la frenética semana que se ha vivido tanto en la calle Colón como en la calle Cavallers puede volver a repetirse en los próximos meses.

El Consell tiene vencimientos pendientes para el próximo año, 500 millones en febrero y en mayo otros 472 millones de la segunda emisión de bonos patrióticos. Unas amortizaciones que implican la obligación de la Generalitat de colocar nueva deuda y al mayor plazo posible. Una opción que en estos momentos se antoja complicada. De hecho, el Consell, tras la emisión cerrada este viernes, aún tendría capacidad de emitir más deuda, porque tiene autorizado por el Gobierno central hasta otros 1.800 millones más. El problema es que ahora no hay quién la compre.