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MADRID (Ilustración: ENRIQUE ORTEGA). Tres semanas ha tardado Rajoy en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por el PP. El riesgo de suspensión de pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado las alarmas y se ha aprobado una inyección general de liquidez de 11.000 millones, más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos proveedores, pero que no resuelve el tema de fondo: poner orden en las cuentas autonómicas. El Gobierno aprueba este viernes una Ley para controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías son responsables del 70% de desviación del déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.

Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar de las promesas hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que el déficit público era del 8,2% (en vez del 6%) y que las autonomías eran culpables del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos subió los impuestos a todos. Cuatro autonomías son las culpables de tres cuartas partes de la desviación: Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la Mancha (11,4%).

Además de "descubrir" el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad Valenciana era un polvorín: no podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.

El Gobierno dejó claro que no iba a dejar caer a ninguna autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar desde cinco a 10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en dos meses una línea de crédito en el ICO para que paguen parte de las deudas a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y empresas sanitarias.

Dinero contante y sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas autonomías. No todas, ya que el problema se concentra en cinco: Comunidad Valenciana (la más endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea), Cataluña (segunda más endeudada, 19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda), Murcia (4,7% de déficit y un 10% de deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y 16,8% de deuda).

Resueltos los pagos más urgentes, queda hacer frente a la deuda autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla, a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o que lance hispabonos, para pagar menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.

El salvavidas del dinero llegará a las autonomías a finales de enero y ahora falta que, a cambio, pongan orden de verdad en sus cuentas. Cataluña es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto 2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535 millones entre recortes y subida de impuestos (con tasa turística y euro por receta). La Comunidad Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a funcionarios y más impuestos. Y Castilla la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.

El Gobierno aprueba este viernes una Ley de Estabilidad Presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que incumplan. Y habla incluso de reformar el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una "ocurrencia" de cara a la galería, ya que lo que hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y "sustos": el ministro de Economía propone el control previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.

Más control sí, pero hay que ir al fondo de la cuestión autonómica: cuánto deben gastar y cómo se financian. Definir con claridad sus competencias, suprimiendo duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359 empresas públicas). Y revisar el sistema de financiación, del que se quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la población) y Galicia, Murcia o Aragón, por primarla demasiado, Después, habrá que forzar a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios, no que tengamos que pagar los demás la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps, por ejemplo.

Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o no, van a tener que hacer las tres cuartas partes de los recortes de España en 2012. Tendrán que recortar de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y empleo, dos tercios de sus gastos. Unos 15.000 millones para cumplir con Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión. Una cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que revisar. Salvo que queramos que cierren...
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega