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MADRID. La Comunidad Valenciana puede perder 425 millones de euros de inversión prevista procedente del segundo plan eólico regional lanzado en 2009 y que planteaba la construcción de 340 megavatios (MW) eólicos, a causa del recorte de primas a la energía renovable y la consecuente moratoria a este sector que acaba de aprobar el ministro de Industria, José Manuel Soria.

El segundo plan eólico valenciano representaba la construcción de 340 MW, equivalentes a estos 425 millones, ya que según las fuentes consultadas cada megawatio tiene un coste aproximado de producción de 1,25 millones de euros.

Este recorte de inversión puede verse desbordado si se tiene en cuenta que hay una cifra muy importante de megavatios del primer concurso eólico valenciano -de 2002-, que era de 2.140 MW, y que no estarían en el preregistro, por lo que estarían afectados por la moratoria, dado que no tienen autorización administrativa.

Además del caso de la Comunidad Valenciana, el problema del recorte de primas acordado es la excesiva carestía para los consumidores, al menos al día de hoy, de las tecnologías renovables menos maduras: las solares (fotovoltaicas y, sobre todo, termosolares), frente a otras más baratas como las eólicas, según fuentes del sector eólico.

Con lo que va a costar construir los 1.200 MW termosolares preasignados, 'indultados' de momento por el Gobierno, se podrían poner en marcha en España hasta 12.000 MW eólicos, energéticamente más competitivos y con costes más baratos, aseguran las mismas fuentes. Esta moratoria se una a la falta de un marco regulatorio en el sector eólico, que sufre los efectos de la falta de definición de un marco legal a partir de 2013. La actual normativa concluye este año y los promotores aún no tienen indicaciones acerca de lo que ocurrirá en el futuro.

Problemas entre regiones

La moratoria del Gobierno a todas las energías renovables ha creado un problema interregional de grandes proporciones, dado que está enfrentando a las comunidades en las que se ha perjudicado más al eólico, paralizando desarrollos de unos 11.000 MW -por ejemplo, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cataluña- con aquellas que van a poder seguir aprovechándose del indulto a la más cara energía termosolar, particularmente Extremadura y Andalucía.

Además, el recorte de subvenciones a renovables decretado por Industria para contener el desproporcionado déficit de tarifa, es decir, el desfase entre los ingresos y costes regulados del sistema eléctrico (cifrado por Industria en más de 24.000 millones de euros) ha abierto la caja de los truenos entre las distintas comunidades autónomas, la mayor parte gobernadas por el PP.

Consejeros de Industria del PP

El cisma abierto entre regiones ha llegado al punto de que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, había convocado para hoy una reunión en la sede nacional del PP entre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y los consejeros de Industria de las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sin embargo, la reunión se suspendió ayer por problemas de agenda, aunque se celebrara en los próximos días.

Fuentes cercanas al encuentro señalan que el próximo encuentro debe servir para trasladar al ministro la preocupación de las comunidades autónomas acerca de la supresión de las primas a la instalación de nueva potencia de tecnología renovable.

Los gobiernos autonómicos se muestran preocupados con la situación de la fotovoltaica y, más especialmente, de la eólica, para cuya implantación hay varios concursos abiertos que podrían quedar.

Déficit de tarifa contra déficit de empleo

Y por si fuera poco, este recorte al desarrollo de las energías verdes para reducir el déficit de tarifa tendrá, sin lugar a dudas, una fuerte incidencia en el empleo. Ayer mismo, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, exigió al Gobierno central que busque puntos de encuentro con las autonomías en materia de renovables, porque las cosas no se pueden hacer tirando por la del medio y haciendo un Real Decreto Ley, ni mucho menos.

Monago ha subrayado que él puede "entender" que el Ministerio tenga que "cumplir con el objetivo de reducción del déficit tarifario", pero que él como presidente de una comunidad autónoma tiene que "cumplir otro objetivo" que es resolver un "déficit de desempleo". El dirigente extremeño ha recordado la creación de empleo que suponen determinadas actividades de las energías renovables, en Extremadura fundamentalmente la solar.