Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• PSPV, Compromís y Podemos presentan la proposición de ley para recuperar RTVV 
• El Gobierno manchego recurrirá el nuevo trasvase del Tajo al Segura
• Montiel (Podemos), con 67.500 euros, el portavoz con más retribuciones en 2014

VALENCIA. Alberto Fabra fue investido el pasado 28 de julio como presidente de la Generalitat tras la dimisión de Francisco Camps. Siete meses después, el jefe del Consell se centra en taponar las vías de agua abiertas fruto de la precaria situación económica que atraviesa la Administración autonómica mientras, al mismo tiempo, lidia con el lastre de los casos de presunta corrupción heredados de anteriores legislaturas.

El presidente, con la destitución de dos altos cargos por presuntos delitos a su paso por la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía cuando Rafael Blasco era el titular, ha abierto la puerta a las actuaciones fulminantes contra altos cargos imputados del Gobierno valenciano.

Sin embargo, las diferentes imputaciones que pesan sobre otros dirigentes del partido plantean un problema de difícil resolución a la hora de establecer una vara de medir lógica en las actuaciones contundentes sobre miembros del PPCV.

CONDUCTAS INAPROPIADAS

Más aún cuando Alberto Fabra fue el impulsor de la ponencia de Estatutos del PP nacional, en el que se trataba de endurecer el castigo a los dirigentes que se vieran envueltos en procesos judiciales o que hubieran mantenido conductas inapropiadas bajo las siglas de la formación ‘popular'.

Encontrar solución al 'sudoku' de imputaciones existente en el PPCV no es tarea fácil. Hasta ahora, en aras de la transparencia, el presidente de la Generalitat ha optado por abrir una comisión de investigación en Les Corts por el caso Emarsa, además de personarse en la causa, al igual que lo ha anunciado para el proceso relacionado con las supuestas irregularidades en los fondos destinados a las ONG.

Estas iniciativas no han sido fáciles. Su actuación en el citado caso Emarsa ha levantado ampollas en el partido, dado que dirigentes integrados en el PP provincial y local se encuentran implicados. Alberto Fabra logró que llegara la dimisión ‘voluntaria' de uno de los principales imputados Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación, alcalde de Manises y expresidente de Emshi. Sin embargo, la comisión de investigación abierta en Les Corts iniciada el viernes ha quedado algo descafeinada: el PP ha evitado, de momento, que comparezcan altos cargos como Rita Barberá o Juan Cotino.

En cambio, Alberto Fabra se mostró firme el jueves pasado al anunciar la destitución de Josep María Felip, director general de Cooperación, y de Alexandre Catalá, subsecretario del área de Sanidad, por su imputación en el caso del presunto desvío de fondos públicos destinados al Tercer Mundo. Además, el vicepresidente del Consell, José Císcar, insistió en que la Generalitat se personaría en la causa.

BLASCO BAJO LOS FOCOS

Las miradas se dirigen ahora al actual portavoz del grupo 'popular', Rafael Blasco, quien era conseller cuando se produjeron las presuntas irregularidades. Mientras el síndic defiende la inocencia de sus colaboradores, desde Presidencia condicionan su continuidad a que no se precipiten actuaciones judiciales que le señalen: habrá que esperar.

No puede perderse de vista que Blasco había demostrado su estrecha relación con Francisco Camps durante el juicio de los trajes y se le atribuía la defensa firme de la rehabilitación del expresidente. Es por ello que, además del deseo de transparencia de Fabra, se une el aviso para navegantes del presidente respecto a posibles planes de rebelión orgánica.

Por otro lado, todavía no se ha tomado una decisión sobre el caso Nóos. Este fin de semana Iñaki Urdangarin habló sobre su relación con Rita Barberá y Francisco Camps y sobre cómo firmó el convenio tan solo tres días después de reunirse con el entonces presidente. La Generalitat, con Fabra al frente, amagó con personarse en la causa a finales de diciembre, aunque no llegó a concretarse.

Otro asunto en el que la oposición ha pedido medidas firmes por parte del presidente es el relacionado con el accidente del metro. La denuncia de un empleado contra la directora de FGV, Marisa Gracia, y las informaciones publicadas por el diario El Mundo sobre la supuesta manipulación de los técnicos que iban a declarar sobre el accidente del metro, han dejado a Gracia en la cuerda floja. Fabra, quien se reunió con la Asociación de Víctimas al inicio de su mandato, defendió el proceso realizado aunque se comprometió a comprobar si hubo irregularidades y a facilitar la información que solicite a la oposición.

IMPUTADOS EN EL PARTIDO Y EN EL GRUPO PARLAMENTARIO

El problema para Fabra en relación a la corrupción es el alto número de cargos que se hayan imputados y se encuentran alejados de su alcance. El líder del PPCV todavía no dispone de una absoluta cohesión orgánica para mostrar la misma autoridad en la formación ‘popular' que la exhibida en el Ejecutivo. El ejemplo de Carlos Fabra, presidente provincial del PP de Castellón, es claro. Tiene abierto un juicio oral con una alta fianza impuesta por varios delitos y, sin embargo, continúa al frente del partido.

No es el único que tiene problemas con la justicia. Varios cargos del PPCV o con responsabilidades locales se encuentran imputados en diferentes causas o implicados con visos a ser requeridos por las autoridades judiciales por actuaciones en la anterior etapa. La gestión de estas causas es compleja, dado que las actas de concejal o diputado no pertenecen al partido: son personales y no pueden retirarse con un chasquido de dedos.

Sin ir más lejos, el exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico Pedro Hernández Mateo, declaraba ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basura del municipio en el año 2004.

También están requeridos por la justicia los diputados autonómicos Ricardo Costa, David Serra, Milagrosa Martínez, Vicente Rambla y Yolanda García  por su relación en la presunta trama de financiación irregular del caso Gürtel. Otro cargo importante con problemas judiciales es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien se ha visto salpicada por el caso Brugal, en concreto por la adjudicación del PGOU de la capital.

¿Qué camino debe tomar Alberto Fabra? El presidente tiene como uno de sus objetivos principales para esta legislatura enarbolar la bandera de la transparencia. Por el momento, la destitución de dos altos cargos por su imputación marca una dirección clara en el ámbito de la gestión: dentro del Consell, donde el margen de maniobra de Fabra es más amplio, el presidente será inflexible. En el resto de causas, se medirán las actuaciones. Con las sensibilidades en el partido a flor de piel tras lo acontecido en los últimos meses, el presidente de la Generalitat está transitando con pies de plomo en el camino hacia la transparencia. Unos pasos sobre los que, a buen seguro, informará a Mariano Rajoy en la reunión prevista entre ambos en Madrid.