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VALENCIA. "Era conocido que los valencianos contábamos con una financiación por habitante inferior a la media española. Lo que no se había calculado eran su cuantía acumulada o sus implicaciones. Y los resultados del ejercicio que acaba de presentar el IVIE son un insulto a nuestra dignidad colectiva. Lo que está por ver es la respuesta de nuestros políticos..."

 Una historia todavía no contada

No hace falta detallar cómo se construyó el Estado de las Autonomías para recordar que fue el resultado de un complejo juego de equilibrios en dónde algunos intereses territoriales, con el beneplácito del entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, se impusieron sobre otros. Ello al margen de una financiación por habitante excepcional para las comunidades forales (el País Vasco y Navarra) nunca replanteada a pesar del principio de solidaridad que dicen defender algunas fuerzas políticas como el PSE ahora en la Lehendakaritza.

Aquel complejo juego de equilibrios perjudicó gravemente a los valencianos. Faltos, como hoy, de visibilidad colectiva y capacidad de influencia, sufrimos las consecuencias de una concepción insolidaria en donde la financiación igual por habitante, con la excepción de los archipiélagos, quedó como mero principio abstracto. La Generalitat recibió las competencias de proveer la sanidad y la educación (como otras de menor coste). Pero los recursos para hacerlo en igualdad de condiciones, de calidad y eficiencia, fueron bastante inferiores respecto a la mayoría de las restantes autonomías.

En las sucesivas revisiones del modelo de financiación ningún gobierno de Madrid, garante en teoría de los intereses generales, aceptó aprobar una vía clara y contundente de igualación de la Comunidad Valenciana y de otras que están también discriminadas. Sin duda porque esa defensa de los intereses generales es, en gran medida, pura filfa en la España de las Autonomías. Pero también por la cobardía política de unos dirigentes políticos valencianos. Éstos, conscientes de que su cargo dependía de sus direcciones en Madrid, jamás osaron plantar cara a esa decisión organizando una movilización colectiva. Ni los que detentaban el poder ni los que estaban en la oposición.

Mención especial dentro de esta trayectoria en la que hay pocos elementos de los que sentirse orgulloso, debe hacerse a las dos últimas legislaturas de les Corts. En ellas las condiciones para mejorar la situación eran óptimas (mayoría absoluta en la Comunidad y gobierno de signo distinto en Madrid). Quien en algún momento pareció que sería un presidente para los valencianos y no simplemente de los valencianos, prefirió sin embargo optar por la vía del victimismo y la demagogia. Y, posteriormente, a intentar salvar su cargo de las imputaciones judiciales paralizando con ello la acción del Consell.

De esta forma, unida a una política de pan y circo y un discurso a cada paso más distanciado de la realidad, Francisco Camps -con sus leales colaboradores tan responsables como él del desastre en el que estamos Gerardo Camps y Vicente Rambla- llevaron a la quiebra a la Generalitat Valenciana. Que ésta se haya hecho visible con otro presidente no modifica esta obviedad.

Y así, como acabamos de constatar estos días pasados, para conseguir crédito, la Generalitat debe hoy pagar unos intereses cinco veces superiores a los de Estado y mucho más elevados que economías en vías de desarrollo de menor estabilidad institucional. En otras palabras, y aunque sea un ejemplo de brocha gorda, se puede afirmar que hoy los inversores consideran menos arriesgado prestar a Brasil, China o México que hacerlo a la Comunidad Valenciana. A pesar de que estos tres países tienen una renta por habitante y un nivel de desarrollo muy alejada de la nuestra. Porque mientras la renta por habitante en la Comunidad Valenciana está en torno a los 30.000 $ las de estos países no supera los 11.000, 8.000 y 14.000 respectivamente.

Una discriminación injustificable

En medio de una grave crisis cuyas dos causas principales, en mi opinión, son la baja productividad de la economía y un sistema financiero seriamente dañado por la irresponsabilidad de los ejecutivos y administradores, y la falta de supervisión eficaz del Banco de España, el gobierno conservador de Mariano Rajoy ha diseñado una acción de gobierno con dos ejes principales: demoler el Estado del Bienestar con el argumento de que no nos lo podemos permitir, y, por otro lado, anular el sistema autonómico diseñado en la Constitución de 1978.

Dejo para otra ocasión el comentario sobre el primer aspecto en el que los presupuestos ideológicos se nos presentan como irrebatibles en medio de una desconcertante actitud de Pérez Rubalcaba que hoy todavía no es capaz de ofrecer alternativas. Pero en el terreno autonómico, es evidente que aprovechando los muchos casos de despilfarro y los no menos abundantes de presunta corrupción, el PP, con ayudas difíciles de explicar -sin aludir al madrileñismo político del que hablara Ortega y Gasset-, ha convencido a una parte destacada de la población de que el problema del déficit, equiparado interesadamente ahora a la crisis, reside en las CCAA, como antes residió en el mercado laboral.

Y a reducir su grado real de gestión autónoma se está orientando una parte destacada de su actividad actual. De nada sirve indicar que el nivel de endeudamiento sobre el gasto que gestionan es inferior al del Estado Central porque lo que se persigue es volver al Estado central, capital Madrid.

Es dentro de este contexto en el que se ha producido la reciente aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligando a todas las CCAA a realizar un ajuste en su desequilibrio entre gastos e ingresos para situar el déficit en el 1,5% a fines de 2012. No es difícil advertir que bajo su aparente trato igual ese objetivo esconde una profunda discriminación a las comunidades que, como la valenciana, cuentan con menor financiación por habitante.

Cabe mencionar aunque sea una obviedad que el déficit, tan denostado hoy en buena medida por cómo se ha generado, es la diferencia entre ingresos y gastos. Si dos comunidades tienen ingresos por habitante diferentes, muy inferiores en una de ellas, mientras los gastos en ambas son iguales, es evidente que el déficit resultante será superior en la primera, aquella con menores ingresos. Incluso puede ser superior teniendo un gasto inferior si fuera mayor la diferencia en ingresos que en gastos. Si en esta situación desigual se las obliga a situar ese déficit al mismo nivel, la reducción en la prestación de servicios habrá de ser superior en esta segunda. Tanto más cuanto menores sean sus ingresos. Y en esas estamos.

Un informe demoledor

El informe del IVIE elaborado a petición de AVE por los dos mejores expertos en financiación autonómica que tenemos, Francisco y José Antonio Pérez, junto a Vicent Cucarella y Rafael Beneyto pone de manifiesto que la situación de discriminación es mucho peor de lo imaginado. Su lectura es insustituible, o al menos la de su resumen ejecutivo o de las diapositivas de la presentación realizada por Francisco Pérez. Pero hay cuatro conclusiones generales del mismo que no deben soslayarse.

1.- La financiación por habitante de la Comunidad Valenciana es la más baja de España tras la de Baleares. Se sitúa un 9% por debajo de la media de las CCAA cada año desde, al menos 2002 cuando todas las CCAA alcanzaron el mismo techo competencial. Ello representa un 25% menos que Cantabria y un 23% menos que La Rioja, dejando de lado la privilegiada situación de Navarra y el País Vasco que, con el Concierto, se sitúan en otro nivel incomparablemente por encima de la media.

2.- En contra de la percepción dominante, la Generalitat Valenciana es la Comunidad que menos gasto realiza por habitante: menos que la mitad de Navarra (6.384 frente a 2.749) y un 56% por debajo de Extremadura. El déficit que nos ha llevado a la quiebra por tanto no es el principal resultado del despilfarro (que el informe, como es obvio, no niega) sino de una financiación discriminatoria acumulada año tras año a pesar de contar con unas competencias similares.

3.- Si entre 2002 y 2009 la financiación por habitante hubiera sido igual a la media de la CCAA de régimen común, y se hubiera gastado lo mismo (incluido el despilfarro), el endeudamiento sería inferior en 7.781 millones. Esto implicaría, a 31 diciembre de 2011, un déficit de 12.981 millones, casi un 40% (37.5%) inferior al que teníamos a 31 de diciembre (20.762 más empresas públicas). Estimando en un 7% el coste medio de su financiación, la Generalitat tendría que pagar 908 millones en intereses anuales (más que el presupuesto de las universidades públicas en todo caso) en lugar de los casi 1.500 a los que debe de hacer frente.

4.- En este marco de discriminación, la política de eventos de los sucesivos gobiernos del PP no es la causa de la quiebra y de la intervención a la que estamos sometidos. Pero ha tenido un coste de oportunidad muy elevado tanto más criticable por cuanto nada hizo el Consell de Camps (ni cabe esperar que hará éste de Fabra) por exigir un cambio en el sistema de financiación. Los eventos del pan y circo del PP equivalen a un endeudamiento sobre el total a 12/2011 de 2.491 millones de euros: 500 euros por valenciano, 1.311€ por hogar, al presupuesto de tres años de las universidades públicas o al funcionamiento de la nueva Fe de Valencia durante más de cuatro años. Al 7% de interés, el que tiene que pagar en la actualidad la Generalitat, los eventos equivalen a un coste cada año de 174 millones en intereses: el coste del mayor hospital de la Comunidad Valenciana durante más de 100 días y casi el doble de la recaudación anual del impuesto sobre el Patrimonio que el PP se ha negado a aplicar.

Un futuro esperanzador

La síntesis que emerge de este informe es desoladora y ha llevado a un analista sugestivo como Josep Torrent a hablar de fracaso colectivo. Y sin duda lo es. Pero habrá de reconocerse que, como en la desaparición del sistema financiero valenciano, de unos valencianos más que de otros. Porque parece difícil equiparar la responsabilidad de quienes nos han gobernado, o nos han representado en la oposición, con la de la inmensa mayoría de los ciudadanos que sólo cuentan con su voto y su escaso tiempo libre para tratar de cambiar la situación descrita.

No es posible dejar de recordar aquí, la discrepancia que hizo notar Machado en Juan de Mairena respecto a la verdad, cuando confrontados al obvio "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero" añadió "Agamenón:-Conforme. El porquero: -No me convence". En otras palabras, colectivamente los valencianos somos responsables de no haber sabido exigir que esta discriminación fuera corregida. Pero parece difícil aceptar que todos lo seamos en igual medida cuando para unos pocos, nuestros representantes políticos, era, es y será su obligación exigirlo, al menos en teoría, mientras para la mayoría de nosotros llevar a cabo esa tarea implica un coste mucho más elevado (en gran medida porque ya se han encargado los representantes públicos de uno y otro signo de anegar los espacios colectivos de debate y organización social).

Frente a ello, ya se han escuchado las primeras voces en el PP de que ahora no es momento de exigir modificación alguna en esta situación. No es una novedad. Si no lo fue con Zapatero en la Moncloa y el Tsunami victimista de los dos Camps que les permitía gobernar sin ideas, no lo va a ser ahora con Rajoy dedicado a demoler tanto el Estado del Bienestar como el de las Autonomías. Aunque les cueste su cargo dado que sin Estado de las Autonomías, la estructura política de la Generalitat pierde su razón de ser. Pero ahí está el caso del ex consejero Castelló para demostrar que, en España hoy, los cargos públicos se crean pero no se destruyen, sino que simplemente se transforman (a costa del contribuyente obviamente).

Y tampoco cabe ser en exceso optimista con la posición que vayan a mantener el PSPV ni el resto de los grupos de la oposición motu propio. Al menos hasta ahora, y tiempo ha tenido ya Puig por ejemplo para definir prioridades desde su llegada a la secretaría general, el balance que ofrecen es decepcionante. Otros, siguen concentrados todavía en las camisetas a lucir, mientras los socialistas en cargos públcios siguen con sus viejos fantasmas que a nadie ocupan ni preocupan, sin reflejo alguno de respuesta.

Mientras tanto uno tras otro, los derechos básicos, modestos respecto a los países más avanzados, que habíamos conseguido son recortados viernes tras viernes en nombre de lo imprescindible. Eso sí, sin modificar un ápice la generosa aportación a los privilegiados, como a la Iglesia católica,  o el trato de favor a los defraudadores fiscales. Y mientras, nuestras palancas de crecimiento, de las inmensas posibilidades de la dársena del puerto a la concreción de la innovación que necesita el tejido productivo, con el parque de Institutos tecnológicos o la capacidad emprendedora de los jóvenes, a la espera de mejores tiempos.

Sin embargo, sin necesidad de acudir al pesimismo de la razón pero optimismo de la voluntad, hay una parte creciente de los valencianos que, de forma tímida todavía, ya no están dispuestos por más tiempo a seguir esperando sentados acabar difuntos esperando que nuestros representantes públicos asuman las obligaciones para los cuales han sido elegidos. La tarea no será fácil porque las barreras a la entrada para modificar la situación que han establecido los propios políticos no son pequeñas. Pero como señalaba Josep Fontana, mi entrañable maestro y amigo, hace pocos días en el Paraninfo de la calle de la Nave, somos cada día más los que opinamos que "lo único inaceptable es la resignación". Y estoy seguro de que el cambio ha venido no sólo para quedarse sino para ampliarse cada semana.
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Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia