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MODELO PÚBLICO-PRIVADO EN SANIDAD

Altos cargos de la Generalitat trabajan a marchas forzadas para salvar el proyecto de sanidad 

X. AGUAR. 29/06/2012 El Consell está comprometido con el Gobierno a ingresar 360 millones por un canon sanitario cuya legalidad ha sido cuestionada por los servicios jurídicos
Rosado y Broseta, en una jornada sobre colaboración público privada celebrada ayer

VALENCIA. Las alarmas se han activado en la Generalitat tras las numerosas dudas legales que se han desprendido del pliego sobre el nuevo modelo sanitario redactado por la Conselleria de Sanidad que encabeza Luis Rosado y en el que también ha trabajado la consultora PwC.

El cambio de modelo de gestión sanitaria fue presentado meses atrás en una rueda de prensa tras el pleno del Consell que marcaba las directrices del ‘Planifica-GVA 2012-2014', el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Generalitat Valenciana que debía ser aceptado por el Ministerio de Hacienda como condición para entrar en el plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central. 

Ese día, se anunció la profundización de la gestión privada en la sanidad pública con unas previsiones de ahorro de 263 millones de euros en este concepto a los que habría que sumar 180 millones de euros por el pago de un canon a las empresas privadas por el uso de las instalaciones sanitarias. En total, 443 millones de euros entre ahorro e ingresos. El grueso del ahorro sanitario y el canon se incluyeron en el citado plan de reequilibrio enviado a Madrid, que obtuvo 'luz verde' del Gobierno tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, obligado a que el nuevo modelo avance

Las trabas que los servicios jurídicos de la Generalitat han puesto en los pliegos que han sido remitidos desde la Conselleria de Sanidad acerca del nuevo modelo, han sembrado la inquietud en el Gobierno valenciano, donde se han sucedido las reuniones de altos cargos estos días para buscar soluciones. Pese a la preocupación existente, fuentes de la Generalitat consultadas por este diario aseguraban que entra dentro de la "normalidad" que existan "retoques y revisiones" en todos los proyectos y, en especial, en documentos "de esta envergadura".

Sin embargo, algunas de las condiciones cuestionadas, como la exigencia de un canon de 180 millones de euros, son pilares fundamentales del modelo. Cabe recordar que la intención de la conselleria era, además, solicitar "como mínimo" un pago doble inicial. Así estaba reflejado negro sobre blanco en el plan de reequilibrio económico que se remitió al Gobierno, con la previsión del cobro "de las dos primeras anualidades del mencionado canon por importe de 360 millones de euros" cuando se produjera la adjudicación el 30 de noviembre de este año.

Las empresas sanitarias ya han advertido al conseller Luis Rosado su intención de tener acceso a la gestión de personal para entrar en el modelo compartido. Al margen de los problemas jurídicos, el pago del canon, es la mayor complicación económica de las que se encuentra la Generalitat en este proceso.

Además de la necesidad de liquidez del Gobierno valenciano, el Consell quedaría en una situación más que delicada ante el Gobierno de Mariano Rajoy de no poder sacar adelante el proceso o, en su defecto, de encontrarse el portazo de las empresas privadas en el momento de pagar el canon, lo que evaporaría 360 millones de euros con los que ha contado el Ejecutivo de Alberto Fabra.

CANON POR EL USO DE INFRAESTRUCTURAS

La cifra de 180 millones de euros exigida por la Generalitat a las empresas privadas está justificada desde la Generalitat en el uso de los inmuebles, instalaciones y equipamiento de la administración, como "compensación por el deterioro estructural producido por la prestación de servicio".

Este aspecto, entre otros muchos elementos, ha sido cuestionado por el departamento jurídico de la Generalitat dado que muchos de los servicios externalizados tienen dificil 'enganche' con el pago de un canon por la utilización de las instalaciones públicas. Pese a esto, fuentes del Consell consultadas por este diario insistieron en que la inclusión del canon no va a descartarse del modelo.

 

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3 comentarios

angel escribió
30/06/2012 09:52

Lo que sobran son políticos que están infiltrados como el peor tumor,

Juan Carlos escribió
29/06/2012 12:00

En un país normal, el conseller habría dimitido o estaría cesado. Aquí, na da de nada. ?Es ésta la seriedad de la que habla Alberto Fabra?. HAssta ahora sólo ha coneguido hacernos reir (por no llorar).

Boro Inot Hernándiz escribió
29/06/2012 09:06

Se coge una consultora carera con sólo el nombre y se la mezcla con mucho político y alto cargo ¡incluso catedráticos! pero en vía muerta -lástima-, mucho asexor de alto cargo, mucho gabinete jurídico, mucho gabinete de prensa, mucho instituto, mucho comité, mucho observatorio, mucho cuerpo especial de abogacía, mucho cuerpo superior de intervención, mucho funcionario que aprobó ...¡Ay como, cuando y quien le aprobó!... y otros restos que tengamos en la nevera o incluso en el congelador y se mezclan. Es importante que la mezcla se produzca rápidamente y sin tiempo para la reflexión, que ninguno de ellos tenga n.p.i. del tema y que todos quieran mandar para arrimar el ascua a su amo. Señores...., la merienda está servida.

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