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La Audiencia Provincial de Castellón: la Sala 'talismán' de Carlos Fabra

X. A.. 04/07/2012 Varias decisiones de este organismo han caído del lado del líder provincial del PP en momentos clave, algo que sus detractores vinculan a una buena relación con el presidente de la Audiencia

VALENCIA. El caso Fabra, nueve años y nueve jueces después, sigue encallado en Nules. El Consejo General del Poder Judicial admitió ayer a trámite el recurso de amparo remitido por el juez instructor Jacobo Pin en el que denunciaba que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón había "perturbado su independencia" al "tratar de imponer indirectamente el sobreseimiento del delito de cohecho" imputado al expresidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra.

No es la primera vez que la Audiencia Provincial de Castellón toma decisiones que favorecen la posición de Carlos Fabra. Tiempo atrás, la Sala también estimó el recurso de Aerocas (Aeropuerto de Castellón, el proyecto predilecto del barón provincial del PP) frente a la denuncia interpuesta por el grupo ecologista Gecen -referente a un delito contra el medio ambiente- por la que se habían detenido temporalmente las obras. Más adelante, Gecen recusó en su recurso de apelación a tres de los magistrados, incluido Carlos Domínguez, con el fin "de no ver comprometido su derecho a un juez imparcial".

En diciembre de 2010, la sección segunda de lo penal de la Audiencia Provincial de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que pesaban sobre el barón del PP. Así, en un auto sobreseía la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón por supuestos impagos fiscales entre los años 2000 a 2003 al considerar que no se produjo un acto de interposición que interrumpiera la prescripción de dichos delitos. Las partes y el juez instructor se opusieron a este sobreseimiento. Un año más tarde, en diciembre de 2011, el Tribunal Supremo anulaba el auto de la Audiencia Provincial y devolvía el caso al punto en el que se encontraba.

Esta vez, la decisión ha sido sobre la 'bocina': todo parecía indicar que la apertura de juicio oral por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal era inminente, pero el organismo cuestionó la labor del juez instructor dado que no vio suficientes indicios para abrir el proceso y devolvió el caso a Nules. Esta situación provocó el recurso de amparo al Consejo General del Poder Judicial del magistrado Jacobo Pin, quien aseguró sentirse "inquietado o perturbado" por la Audiencia.

Fabra, De Rosa y Domínguez

Se ha señalado desde la oposición a la conexión existente entre el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, y el barón provincial del PP, Carlos Fabra. "Han compartido muchos actos lúdicos públicamente", comentaron fuentes judiciales a este diario.

Diarios como El Pais o Levante han apuntado a la amistad entre Fabra y Domínguez, que incluso han concurrido en el fútbol y los toros. También citan que la Diputación de Castellón impulsó un libro de la esposa de Domínguez cuando Fabra era presidente de la corporación provincial.

No obstante, fuentes judiciales aseguran que en los últimos años Domínguez "jamás ha firmado" ninguna resolución relacionada con el caso Fabra. El propio presidente de la Audiencia Provincial ha negado categóricamente vinculación alguna a este caso.

RECURSO INUSUAL Y "ASOCIADO A PRESIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO"

Preguntado por el recurso de Pin, el portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, señaló a Valenciaplaza.com que no resulta "habitual" que un juez pida amparo "por algún tipo de actuación de un tribunal superior". Esta actuación, según Bosch, se debe "normalmente" a "presiones externas del ámbito político. Estos son los supuestos de mayor frecuencia".

En cuanto a la dilación del proceso, Bosch incidió en que lo ocurrido en el juzgado de Nules es que "no disponía de medios suficientes" para un proceso de estas características. "La administración autonómica tenía que haber puesto los medios suficientes pero cuando se llegó a acuerdos con el Ministerio para reforzar estos juzgados, la Generalitat no los aplicó, lo que ha ralentizado el proceso".

Por otro lado, el portavoz de Asociación Profesional de Magistrados, Pablo Llarena, coincidió en lo inusual de la petición del juez Pin. "Es absolutamente extraordinario. De hecho, es la primera ocasión que conozco que se haya solicitado amparo en un supuesto semejante", puntualizó a este diario. No obstante, subrayó que el juez tiene "libertad de criterio en la investigación, pero eso no significa que su criterio no pueda ser modificado por el tribunal superior". "Sin conocer el caso de forma detallada, es difícil que el CGPJ pueda entrar a una cuestión que es estrictamente jurisdiccional", señaló. 

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