X. AGUAR. 12/07/2012 El documento descriptivo de la Conselleria de Sanidad calcula que las empresas que entren en el nuevo modelo de gestión compartida público-privada ganarán de media 170 millones de euros anuales si bien al principio de la adjudicación los márgenes serán mínimos

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VALENCIA. El documento descriptivo sobre el nuevo modelo de gestión compartida público-privada en la sanidad valenciana continúa siendo estudiado por los servicios jurídicos de la Generalitat. El pliego, al que ha tenido acceso Valenciaplaza.com, contiene, además de la descripción del modelo, la justificación del tipo de contrato, o las características del diálogo competitivo, unas estimaciones sobre los ingresos y gastos que acumularán las empresas adjudicatarias en un periodo estipulado de 15 años. 

Según la hipótesis de la Generalitat, el colaborador privado lograría a partir del cuarto año que su estructura de costes fuera lo suficientemente eficiente para que implicara un 8,25% adicional sobre los ingresos. Con este despegue, el informe calcula que las empresas participantes del proyecto lograrán sumar, tras 15 años de concesión, unos ingresos de 11.923 millones de euros frente a unos gastos de 9.407 millones, lo que arrojaría como resultado un total de 2.556 millones de beneficio, 170,4 anuales de media.

En los primeros tres años, sin embargo, donde además las empresas que accedan al modelo deben desembolsar un canon por el uso de las infraestructuras, los beneficios estimados serían mínimos. De hecho, en el primer año los cálculos reflejados en el documento de la conselleria apuntan a unos costes operativos de 596 millones de euros por unos ingresos de 616. En cambio, en la simulación de la Generalitat, en el cuarto año, el total de ingresos ya se elevan hasta 749 millones mientras los costes caen a 580 millones de euros.

Por su parte, la Generalitat estima que irá incrementando su ahorro progresivamente desde los 343 miilones que se calcula en el primer año hasta los 505 del decimoquinto, acumulando al final del periodo un ahorro estimado de 6.393 millones de euros, prácticamente la mitad del presupuesto total de la Generalitat de un año. 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  

Según se contempla en el documento, los ingresos a percibir por el colaborador privado corresponderían al cobro per cápita en función de la población protegida del departamento en lo referido a los servicios sanitarios; los ingresos procedentes del cobro de la remuneración en concepto de disponibilidad y calidad en los servicios no sanitarios; y el margen por la mejora de la eficiencia por el control del gestor privado. Además, se abre la puerta a posibles ingresos por explotaciones comerciales, un apartado a tratar en la fase de diálogo competitivo.

Para el cálculo del ingreso por cápita se ha tomado como base el coste en servicios sanitarios asumido por la Generalitat en 2011 con una reducción del 15%. En cuanto a los servicios no sanitarios, se ha tomado como referencia el coste estimado del último ejercicio disminuido en un 10%. Asimismo, para los servicios que gestione la iniciativa privada pero cuya prestación recaiga sobre la Generalitat, se ha aplicado una reducción del 15% respecto al gasto estimado de 2011. 

INVERSIÓN INICIAL CIFRADA EN 887 MILLONES DE EUROS 

Uno de los obstáculos para las empresas interesadas es la inversión inicial que deben afrontar para entrar en el modelo compartido. Como ya informó este diario, el canon fijado está situada en 780 millones de euros a pagar en las tres primeras anualidades: 360 millones el primer año y 210 los dos siguientes, a los que habría que agregar 31 millones en impuestos.

A este pago, el documento añade 75 millones de euros de sobrecoste por asumir los contratos vigentes externalizados y que pervivirán, según refleja el texto, hasta sus respectivas fechas de vencimiento natural. En total, la estimación de esta inversión inicial se eleva a 887 millones de euros.

No obstante, el pago del canon, que debe realizarse en un plazo máximo de 15 días de la formalización del contrato, es uno de los asuntos que se aborda en el documento descriptivo en tono condicional y con amplias reservas. Así, se remarca que es "meramente indicativo" y podría "diferir sensiblemente" según la previsiones de optimización de costes que tengan las diferentes empresas, algo que se abordará durante el diálogo competitivo. De hecho, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha admitido públicamente que algunas empresas ya han mostrado su intención de que se rebaje la inversión inicial solicitada.

Al margen de la viabilidad económica del proyecto y los 'regateos' entre conselleria y empresas interesadas en el modelo, la prioridad para el Gobierno valenciano es que la Abogacía de la Generalitat pueda resolver los problemas jurídicos que han encontrado en el documento, motivo por el que no ha podido elevarse todavía al pleno del Consell.

Un paso previo a su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Diario Oficial de la Unión Europea que abrirá un periodo no inferior a 37 días en el que las empresas deberán registrarse para optar al diálogo competitivo. Una fase que, a juzgar por la complejidad del proyecto, se prevé repleta de arduas negociaciones.