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VALENCIA. El plan de restructuración del sector público empresarial parece haber entrado en una velocidad de crucero tras meses en los que la falta de decisiones llegó a crear malestar en el seno del propio Consell. Tras el anuncio hace dos semanas del gran recorte de personal en Ràdio Televisió Valenciana, la Generalitat comunicó este lunes a los empleados de Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA), empresa pública encargada de la gestión de plantas de tratamiento de residuos y servicios medioambientales (entre ellos la prevención de incendios) que va a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará al 23% de los trabajadores, 350 empleados, "para adecuarse a las nuevas consignaciones presupuestarias de la empresa", aseguró en un comunicado.

Vaersa se adelantó así a Ciudad de las Artes y las Ciencias, Cacsa, sociedad en la que también se prepara un recorte de plantilla aún por desvelar y que se espera que se presente igualmente esta semana. Se unirán ambas a los dos ERE de gran tamaño que la Generalitat ya ha aplicado, en el caso del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) o negocia en estos momentos, el ya mencionado de RTVV.

Si bien en un primer estadio tras la reducción de las plantillas de estas empresas públicas lo que se persigue es una reducción del coste de personal -la vía más directa de atacar el gasto de compañías y, como es hablitual, la primera medida cualquier consultora privada cuando es contratada para reestructurar empresas- hay un aspecto importante que cobrará importancia a corto plazo: la privatización total o parcial de algunas de estas empresas.

El Consell y la Consellería de Economía que dirige Máximo Buch  nunca ha escondido que una parte de la reestructuración del sector público empresarial pasaba por externalizar todas las sociedades o servicios que pudieran ser atendidas por empresas privadas. Y en los cuatro casos en los que ya se han planteado las reducciones de plantilla, se dan las circunstancias para atraer a la colaboración privada en empresas o servicios que hasta ahora se prestaban desde las empresas. Pero para poder sacar al mercado a estas sociedades públicas, al margen de limpiar sus balances, el Consell tiene claro que necesita adelgazar sus plantillas, ya que con el actual coste laboral difícilmente los operadores privados pujarán por ellas. 

En el caso del Ivvsa (cuyo ERE está recurrido judicialmente), la Generalitat ya anunció su intención de deshacerse de la gran cantidad de suelo público que acumula gracias a las cesiones obligatorias parcelas en los desarrollos urbanísticos. La intención es vender ese patrimonio y dejar en manos de terceros la construcción de viviendas sociales que, en los últimos años, ha realizado el Ivvsa ya fuera directamente o en colaboración con empresas privadas. No se descarta que la otra pata de la actividad del Ivvsa, la gestión del gran parque de viviendas sociales heredado del Estado, pueda desarrollarse desde algún operador privado. 

El caso más evidente es el RTVV (Canal 9 y Ràdio 9), donde el ERE sobre el 75% de la plantilla (con el despido de departamentos completos, como los cámaras, los técnicos de sonido y otros muchos servicios que se antojan imprescindibles para una radio o televisión) obedece a que a partir de que se ponga en marcha la nueva televisión, este tipo de trabajos los prestarán empresas privadas con personal propio, con nóminas mucho más reducidas que si tuviese que asumir, subrogados como ha ocurrido en otros casos, a los trabajadores de RTVV.

Vaersa, cuyo recorte de personal se anunció este lunes, es otra de las empresas para la que el Consell ve un futuro privatizado. Tal y como adelantó ValenciaPlaza.com el pasado mes de mayo, la Generalitat está dispuesta a poner en manos de la empresa privada la gestión de las depuradoras y las plantas que gestionan los residuos, una operación que podría incluir también a Epsar.

Finalmente, en el caso de Cacsa, cuyo ERE es inminente, el Consell también está buscando fórmulas para privatizar la gestión al menos de aquellas instalaciones del complejo que puedan tener empresas interesadas. El vicepresidente del Consell, José Císcar, en una entrevista con este periódico el pasado mes de mayo, ya reconoció que podrían estudiar la aplicación de un sistema de gestión similar al de L'Oceanogràfic (cuya actividad la desarrolla Parques Reunidos Valencia en un complejo contrato) al resto del complejo. El diario El Mundo ha publicado estos días que se está barajando privatizar la gestión de el Museo de las Ciencias y de L'Hemisfèric.

Pero estas no son las únicas grandes empresas en las que se están planteando recortes notables de personal y que, igualmente, tienen una vertiente privatizadora anexa, como es el caso de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Si bien en la coyuntura actual se considera imposible que ninguna empresa privada quiera gestionar de forma integral una línea de metro (ni la Generalitat podría pagar lo que exigiría por ello), si que se está valorando sacar fuera de la empresa algunos servicios como el mantenimiento o los talleres. Es en este terreno donde se auguran nuevos recortes de personal.