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REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

Los ERE de las empresas públicas costarán en torno a 175 millones de euros a la Generalitat

X. AGUAR. 02/08/2012 La amortización de los aproximadamente 5.000 despidos en el sector público se hará efectiva en un año de media
Alberto Fabra y Máximo Buch afrontan en el sector público

VALENCIA. El Consell ha pisado definitivamente el acelerador en la reestructuración del sector público empresarial. El trabajo iniciado hace casi un año en este ámbito se encuentra en proceso de aplicación: los primeros ‘grandes' entes públicos en acometer o anunciar un ERE han sido Ivvsa, Ciegsa, RTVV, Vaersa y Cacsa.

El número previsto de trabajadores que resultarán afectados por los despidos es de 5.000 y, según fuentes de la Generalitat, el coste aproximado de estos recortes de plantilla será de alrededor de 175 millones de euros. En cuanto a la amortización de esta reducción del número de trabajadores en las empresas públicas, las fuentes consultadas apuntan a que, de media, se hará efectiva en un año.

El ERE en RTVV fue el primero en hacerse público: el anuncio de una masiva reducción de plantilla que afectaría a 1.295 trabajadores de los 1.800 empleados del ente público ha conllevado fuertes protestas. Fuentes sindicales aseguran que los despidos se al final se podrán rebajar entre 200 y 300 personas, lo que bajaría hasta la barrera psicológica de los 1.000 trabajadores afectados. Se estima que el coste del ERE en RTVV para la Generalitat, será de 35 millones de euros.

El primer Expediente de Regulación de Empleo consumado en lo que se refiere a empresas públicas de relevancia ha sido el del Ivvsa. Siete millones de euros destinados a indemnizar a los 211 trabajadores despedidos del ente, tras un plan de saneamiento diseñado por la consultora PwC.

En un principio, el ERE estaba programado para reducir la plantilla en 251 trabajadores, cifra que finalmente se redujo en 40 personas. El procedimiento de Ivvsa está considerado como el modelo ‘estandar' que la Generalitat va aplicar en otras empresas públicas, basado en los 20 días por año trabajado como dicta la reforma laboral y determinados topes establecidos. Un centenar de trabajadores han demandado a la Generalitat y a Ivvsa al entender que ha existido fraude de ley y ausencia de buena fe en la presentación del ERE.

En Ciegsa también se consumó el ERE a mediados de julio. De nuevo se reducía el número de despidos anunciado inicialmente, 70 empleados, y se dejaba en 56 de los 89 trabajadores.

Esta misma semana se han conocido dos nuevos ERE en el sector público empresarial. El primero fue el de Vaersa, empresa encargada de gestionar los residuos, que reducirá su plantilla casi un 25%, 350 trabajadores. El segundo anunció señaló a la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa), quien prescindirá del 50% de su plantilla, 160 trabajadores. Las estimaciones del coste de estos ERE sumarán en torno a 20 millones de euros y el total de las cinco empresas citadas se elevará por encima de 60 millones de euros, afectando a cerca de 2.000 trabajadores.

FABRA Y BUCH REFUERZAN LA APLICACIÓN DE LOS ERE

Tanto el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como el conseller de Economía, Máximo Buch, recalcaron ayer la importancia de llevar a cabo los ERE en el sector público empresarial. El jefe del Consell subrayó la necesidad de adoptar estas decisiones para tener liquidez y destinarla a los servicios básicos. "Habrá más reducciones porque si no, no habrá dinero para lo fundamental", recalcó.

En esta línea se pronunció Máximo Buch, quien subrayó que la reducción de entre "un 40 y un 50 por ciento", del sector público empresarial es "es un paso imprescindible" para cumplir con el objetivo de déficit.

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1 comentario

Fart escribió
02/08/2012 12:18

Pues siguen sin explicar por qué generalizaran el uso de ERES y las consiguientes indemnizaciones, en lugar de “revisar de oficio” o “declarar la lesividad” de aquellos contratos laborales que sean nulos de pleno derecho por no haberse realizado conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (todos los contratos de los “enchufados”). Sólo se me ocurre que quieren, incluso ahora, beneficiar a sus amigos, y evitar que quede constancia de las irregularidades o delitos en la contratación de tanta gente. Si se hiciera lo que corresponde nos ahorraríamos dinero y se limpiaría el sector público. La sensación de impunidad que existe es muy dañina.

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