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VALENCIA. A falta de escasos 20 días -muchos menos si se restan festivos y puentes- para que finalicen el año y el plazo para arrancar la nueva etapa de ente público ya teóricamente 'saneado', la sociedad valenciana asiste boquiabierta a un nuevo episodio de este largo y penoso culebrón en que se ha transformado la reestructuración del ente público.

Sin respeto alguno para las personas que van a sufrir en forma de despido la ineptitud gerencial efectuada en esa empresa pública durante los últimos años por parte de la dirección política y administrativa del ente, la Generalitat ha dictado un nuevo aplazamiento para la puesta en marcha del Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 1.200 trabajadores y alargado de ese modo una agonía laboral impropia de una Administración que se dice moderna y responsable con sus administrados.

Envuelta en una opacidad absoluta acerca de las causas que están motivando los sucesivos retrasos en un proceso que debería haberse abordado de forma limpia, rápida y transparente, todo apunta a que la Generalitat se encuentra bloqueada por toda suerte de intereses personales, políticos y nepotistas que se han despertado -si es que alguna vez estuvieron dormidos- para intentar controlar la triste nómina de despedidos.

Sea este o no el motivo único de los sucesivos retrasos, no existe justificación de ninguna clase que haga comprensible semejante colapso ejecutivo en la capacidad de gestión del Gobierno del presidente Alberto Fabra.

Independientemente del daño moral a las personas que la inacción del Consell en esta materia está provocando, no andan sobrados la Comunidad Valenciana y sus ciudadanos de amor propio, orgullo y prestigio como para derrocharlo con espectáculos como el que está ofreciendo ante toda España el proceso de reconversión de RTVV.

Como señalaba un directivo de la casa obligado por su trabajo a relacionarse con profesionales de fuera de la Comunidad mientras se mantiene en tensa espera de su propia carta de despido, "estamos haciendo el ridículo más espantoso y somos el hazmerreir de la industria audivisual de todo el Estado". Y de lo que no es industria, cabría añadir.

Pero importaría poco lo que pensaran de puertas para afuera si lo que se hiciera en el interior respondiera a una planificación definida y responsable y se cumplieran los compromisos establecidos. Y es obvio que ni una ni la otra cosa se están produciendo. Ante está situación solo quedaría preguntarse en manos de quién se halla la facultad de administrar nuestros bienes colectivos y el futuro de toda la sociedad valenciana.