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VALENCIA (VP/ EP). El ya expresidente de la comisión de control de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés, se erigió durante meses como el último resistente a la intervención de la entidad por parte del Banco de España. Extremadamente crítico con el supervisor y con los administradores que desembarcaron en Alicante hace más de año y medio, Avilés llegó a capitanear la rebelión que acabó triunfando en la asamblea de la caja que debió aprobar su transformación en fundación por su oposición a la amortización de las cuotas participativas.

Pero con el paso de los meses y a medida que los administradores del FROB investigaron las irregularidades en la caja, la sombra de la duda sobre su actuación en los órganos de gobierno de la entidad fue alargándose cada vez más, hasta el punto de que está siendo investigado por los créditos que la CAM le concedió a empresas suyas o de su familia. Avilés reaccionó ofendido, y apelando a su dignidad personal anunció denuncias contra el FROB y contra sus administradores, incluido José Antonio Iturriaga, al que acusa de incopatibilidad en su tránsito de CAM a Banco de Valencia.

Sin embargo, los datos que constan en el informe que el Banco de España ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que instruye el caso del saqueo de la caja, vuelven a poner a Avilés más allá del límite de la sospecha.

Según ese informe, el expresidente de la comisión de control de CAM utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad de las que se deshizo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja".

Según el Banco de España, Avilés pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%, obteniendo un beneficio neto del 5,75%. E informe señala que Avilés adquirió el préstamo a través de la sociedad La Vereda de Sucina, "contraviniendo" el acuerdo marco ICO Renove Turismo al destinarlo a la compra de preferentes. Antes del rescate, que obligó a la inyección de 5.249 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, se deshizo de ellas "sin quebranto alguno para él" provocando que la caja tuviera que venderlas "a otros clientes".

"No hay que olvidar que al registrar pérdidas el Banco CAM (sucesor de la caja) en 2011, las participaciones preferentes han dejado de pagar el cupón y en estos momentos son de imposible venta y mucho menos lo serían por su nominal", advierte el escrito del Banco de España, que lleva la firma del inspector José María Ruiz Martínez.

Según la entidad reguladora, las actuaciones del grupo de empresas del expresidente de la Comisión de Control de la CAM provocaron "debilidades e irregularidades en la gestión y control de riesgos" de la entidad pero también "un uso indebido e inapropiado" para su cargo que le permitió recibir un trato que "con todo fundamento se puede calificar como de favor desde la caja".

Avilés ha llevado la voz cantante en las críticas al Banco de España, al que acusó, por ejemplo, en la comisión de investigación de Les Corts, de ser el responsable último de la situación en la que acabó la caja, al obligarle primero a fusionarse y después, según el empresario, ser también responsable de la ruptura del acuerdo que había alcazado con Cajastur.