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VALENCIA. En las Corts Valencianes apreden rápido, aunque quizá demasiado tarde. Después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya decidido archivar las diligencias penales contra dos exconsejero de Caja del Mediterráneo (CAM) que se negaron a responder a las preguntas de la comisión de investigación al considerar que los diputados no les advirtieron de las consecuencias, los servicios jurídicos del parlamento valenciano han elaborado un documento tipo que se lee al inicio de cada comparecencia para poner remedio a esa situación.

Los tres párrafos que lee el presidente de la comisión, en este caso el veterano diputado del PP Rafael Maluenda, dicen así:

"Deseo recordarle que, si bien esto no es una investigación policial o un procedimiento judicial, sí que nos encontramos ante una comisión de investigación prevista en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de les Corts Valencianes.

Ello supone, de acuerdo con lo que dispone el Código Penal en el artículo 502 que puede proceder una sanción penal en el caso de que dejara de comparecer en una comisión de investigación, o en el caso de faltar a la verdad en su comparecencia.

En el supuesto de que se negare a contestar las preguntas que se le formulen, la conducta podría encontrarse contemplada dentro del supuesto de desobediencia a al autoridad, estableida en el artículo 556 del Código Penal, por loque formalmente le intimo a que responda a las cuetiones que se le planteen en el desarrollo de la comparecencia".

Con este texto se trata de cumplir con la exigencia de advertencia bastante que le exigía la fiscalía a Les Corts para poder actuar contra los comparecientes que no contestaron a las preguntas alegando que estaban imputados judicialmente.

La Fiscalía, en su escrito de archivo, señala que si bien "se puede deducir que los coparecientes en una comisión de investigación están obligados a contestar a las preguntas que se les plantee" la negativa a hacerlo solo puede considerarse un supuesto genérico de desobediencia a la autoridad "habría requerido que se hubiese intimado expresamente a los comparecientes a contestar las preguntas que se les formulaban, bajo apercibimientos de incurrir en un delito de desobediencia".

En los casos que se plantearon desde Les Corts a la Fiscalía -hasta cuatro consejeros de CAM se negaron a contestar- no se requirió a los comparecientes a contestar. De hecho, Maluenda, según la transcripción de las actas, dijo entonces: "¿Quiere reconsiderar su postura, dado que aquí no se investigan responsabilidades penales? (...) Si quiere reconsiderarlo y contestar algo, es el momento de hacerlo. Usted mismo".

Y para el fiscal, esto no era suficiente, ya que "la decisión de contestar se dejó a su voluntad", y a partir de ahí, "huelga, por tanto, cualquier disquisición sobre la posible existencia de infracción penal por la negativa a declarar". Con el nuevo formato de advertencia que se lee al inicio de cada comparecencia, intimando al compareciente a contestar, Les Corts trata de enmendar el error que le afeó la Fiscalía. 

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