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VALENCIA. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se encuentra estudiando junto a su equipo la futura implantación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, cuyo anteproyecto fue hecho público este mes de febrero por el Consejo de Ministros.
Esta reforma ha sido 'tapada' en gran medida por la regulación de sueldos que significa para los alcaldes, la reducción de concejales con dedicación exclusiva y el recorte de asesores que implicará en las grandes ciudades. Sin embargo, la nueva legislación tiene su esencia en la eliminación de las duplicidades y en la optimización de la gestión municipal, algo con lo que el Ministerio de Hacienda espera ahorrar 7.129 millones de euros.
Además, en unos meses en los que el ‘foco' se había puesto en la necesidad de que existieran o no las diputaciones provinciales, desde el Gobierno central se ha decidido reforzar estas instituciones en detrimento de otras como las mancomunidades, que en su mayoría estarán abocadas a la desaparición.
Así pues, deteniendo la mirada en la provincia de Valencia, Alfonso Rus acumulará probablemente nuevos poderes y, en definitiva, mayores responsabilidades, al convertir a la corporación en la gestora directa de diversos servicios que los municipios de menos de 20.000 habitantes no puedan gestionar con eficacia.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS
Según el anteproyecto, en los municipios de menos de 20.000 habitantes se procederá a la evaluación por periodo de un año -desde que entre en vigor la ley- de los servicios obligatorios, fijando un coste estándar para cada uno, con el objetivo de ajustarlos a principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.
Si el coste del servicio es superior al estándar marcado y es una competencia impropia, se procederá a suprimir el servicio, según refleja el documento presentado desde el Ministerio de Hacienda.
Si esta evaluación resulta negativa pero es una competencia obligatoria, su prestación se encomendará a las diputaciones con el objetivo de generar economías de escala.
Estos servicios obligatorios son, para todos los municipios, el alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núeclos de población y pavimentación de las vías públicas. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca, mercado y tratamiento de residuos.
Por otro lado, los municipios de más de 20.000 habitantes podrán traspasar voluntariamente los servicios a la Diputación si así lo desean. Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios, la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas.
Además de los citados anteriormente, estas localidades también deben prestar servicios de protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Serían también, por tanto, susceptibles de ser cedidos a administraciones superiores de forma voluntaria.
El acuerdo de traspaso a la Diputación incluirá además un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas de personal y de recursos resultantes de la nueva situación. La corporación provincial tendrá potestad para elegir la forma de gestión que mejor garantice el cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad así como para la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, además de para la imposición de precios públicos vinculados a los servicios citados.
En este sentido, la competencia en materia de gestión y recaudación tributaria corresponderá también a la Administración pública que asuma la prestación del servicio y la asunción del servicio será por un plazo mínimo de cinco años.
De la misma manera, la nueva legislación impulsará el redimensionamiento del sector público local: no sé podrán crear nuevos entes y los existentes, deberán sanearse o disolverse mientras que los que dependen a su vez de otras entidades serán suprimidos.
Esta reforma de la administración local está siendo objeto de debate en las últimas semanas. De hecho, este martes se abordará el documento en la comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, precisamente presidida por Alfonso Rus.
EL FINAL DE LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS
Uno de los caballos de batalla de la nueva legislación es la eliminación de duplicidades con las competencias estatales y autonómicas. En el articulado del anteproyecto se establece una transitoriedad para que las comunidades autónomas asuman competencias en educación y sanidad (5 años de plazo) y servicios sociales (1 año).
Los consistorios de más de 20.000 habitantes podrán recibir competencias delegadas por la administración autonómica pero deberá existir una garantía financiera para ello.
Como la Diputación es un ejemplo de buena gestión le podíamos transferir todas las competencias y crear una administración única, ya que no las extinguen que les den todas las competencias. Sin ir más lejos en el tratamiento y valorización de residuos han duplicado las tasas en 4 años. La subida es del 100% pero lo hacen muy bien !!!
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