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VALENCIA. No es el fondo, son las formas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulos, obligando a la readmisión de los trabajadores, los dos primeros expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas de Generalitat que se han llevado frente a la Justicia.

Las sentencias del alto tribunal valenciano no cuestionan el trabajo de las consultoras que han participado en los procesos de reducción de plantilla, sino el planteamiento hecho desde las empresas para convertir en plato único el despido de los trabajadores por encima de otras alternativas como la recolocación.

En ambos procesos, el fallo anula los despidos por lo que califica de "ausencia de buena fe en el deber de la negociación" que demanda el Estatuto de los trabajadores, tanto antes como después de la reforma laboral. En el caso de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM) como en el de Vaersa, el tribunal considera que no hubo contraoferta ni se llevó a cabo "una postura final, ni tuvo en consideración ninguna medida alternativa".

Mientras que las otras causas de nulidad planteadas por los sindicatos, y en varios aspectos coincidentes con las alegadas en otros ERE pendientes de sentencia como el de RTVV, son apreciadas por los tribunales como "aconsejables", realmente es el estudio del proceso de negociación lo que está siendo clave.

SUCESIÓN DE ANULACIONES

El impacto de la primera de las sentencias, referida a la AVM y emitida en 12 de marzo, se limita a 31 trabajadores, pero en la de Vaersa, emitida el 23 de abril, el montante ya alcanza los 278 empleados, que deberán reincorporarse a sus puestos, si no prospera el recurso de casación presentado por la Generalitat.

Ante la supresión de la AVM, el juez ordena que los trabajadores de la primera se incorporen a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente o a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, lo que puede anteceder a un nuevo despidos, según fuentes jurídicas, pero en las condiciones de un despido improcedente y no con los ventajas de coste para la empresa que significa la aplicación de un ERE.

En este caso, la sentencia advierte que, según las actas levantadas en el periodo de consultas, la empresa "no contempló ni tan siquiera tangencialmente la posibilidad de reducir el número de extinciones contractuales", por lo que la negociación no fue tal.

En contraste, el juez recuerda el ERE de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), donde las consultas finalizaron con una reducción considerable del número de despidos, fijando un sistema de bajas incentivadas u otras medidas para "mitigar" los efectos.

LOS PARALELISMOS CON RTVV

Los tribunales no dicen que no se produjeran las reuniones, sino que el objetivo de estas no era sincero por parte de la empresa. Así, la sentencia de Vaersa advierte que se produjeron 10 reuniones que finalizaron "sin acuerdo" y la sala considera que "no hubo auténtica voluntad negociadora".

Como ejemplo, el juez recuerda que, en un primer lugar, se presentó un informe jurídico que aconsejó la extinción de 439 contratos motivado por un "contexto económico negativo" y la necesidad de reducción de déficit público. Esta cifra se fue rebajando, primero a 402 y luego a 394, pero no se plantearon alternativas a la salida de trabajadores.

La falta de acuerdo entre las partes y la fijación tiempo atrás del número de afectados es uno de los aspectos que mejores expectativas genera entre los demandantes en casos como el de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de cara a una anulación, pendiente de asignación por parte del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional o el TSJCV.

De hecho, cuatro de los seis sindicatos presentes en el comité de la radiotelevisión no aceptaron la propuesta (Intersindical, CCOO, UGT y CGT) y la cifra final de afectados coincidió con la planteada por la consultora Price Waterhouse Coopers más de un año antes.

LOS ASPECTOS DISIDENTES

Otros de los motivos esgrimidos para la anulación son menos extrapolables a la totalidad del sector público empresarial. Así como AVM ha sido suprimida y era esta la causa de los despidos; en el de Vaersa las causas alegadas, relativas a motivos "organizativos y productivos", no son aceptadas por el tribunal, que considera que estas últimas razones "no existen en el marco del sector público".

En todo caso, "las únicas válidas serían las organizativas", asegura la sentencia. Además, "difícilmente podrían alegarse razones deficitarias" en el plano económico en Vaersa cuando, según el informe de gestión, la empresa "contaba con un beneficio relevante" por las encomiendas de gestión, que es como paga Infraestructuras los servicios de Vaersa.

De hecho, el tribunal solicitó a la Sindicatura de Comptes el informe del ejercicio económico de 2011, a partir del que se definió el ERE. Este documento constata la existencia de un sobrecoste en la Conselleria de 3,8 millones por las encomiendas gestionadas ese año y que podría surgir de la contratación de servicios a otras empresas sin la intermediación de Vaersa, que tenía para ese fin una plantilla de 1.441 trabajadores.