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MADRID. El Ministerio de Fomento ha comenzado esta semana una serie de reuniones con las principales constructoras españolas, para intentar cerrar cuanto antes el rescate de las autopistas de peaje en concurso o a punto de entrar en situación concursal, según ha sabido este diario de fuentes solventes.
La intención del departamento ministerial de Ana Pastor es la de preguntar a estas empresas, Abertis, Globalvía, Sacyr Concesiones, Cintra, OHL y ACS, si están interesadas en estar en el capital de la nueva sociedad de autopistas públicas y para lo que se les ofrece una participación conjunta del 20%, dependiendo de su inversión, o si por el contrario prefieren no estar en la nueva aventura empresarial.
Las constructoras aspiraban al 50% de la nueva sociedad argumentando que sus aportaciones de capital e inversiones ascienden a unos 2.800 millones de euros, y añaden, que el importe de pago de expropiaciones al que se enfrentan, unos 2.300 millones, las afecta directamente. Pero Fomento ha rechazado estas pretensiones y no se ha movido hasta ahora del 20%.
NO RECUPERARÁN NI EL 10% DE LOS FONDOS INVERTIDOS
Además, la contraprestación para salir y no estar en la nueva sociedad es mínima, casi testimonial, ya que el Ministerio ha hecho una valoración patrimonial de las concesionarias en cuestión a la que posteriormente añaden fuertes quitas de la deuda de las UTE´s y de su capital, y eso es lo que les ofrece, recuperar bastante menos del 10% de lo que invirtieron en las sociedades a punto de quebrar o dicho al revés, perder más del 90% de su inversión.
Dado que se trata de ‘perder hasta la camisa', fuentes del sector creen que lo normal sería que los directivos de las empresas acepten permanecer en el capital de la nueva empresa de autopistas.
Tampoco les acepta el ministerio a estas compañías su intención de desdoblarse en constructoras y concesionarias de cara a la negociación actual, como han solicitado, ya que en su mayor parte además de estar en el capital de las sociedades concesionarias, han sido ellas mismas las que ejecutaron las obras.
LA BANCA ACEPTA UNA QUITA DEL 55%
Como ya ha avanzado este diario, el paso previo que ha dado Fomento antes de comenzar esta ronda de reuniones con las empresas, ha sido cerrar un acuerdo con la banca acreedora, por el cual ésta ha aceptado una quita en torno al 55% de los casi 4.000 millones que se la adeudan, así como la aportación de otros 1.200 millones de euros para el pago de las expropiaciones pendientes y los conflictos judiciales que puedan surgir.
El acuerdo con la banca es a 30 años, es decir, que los bancos aspiran a cobrar por lo menos la mitad de lo que las adeudan las concesionarias en concurso de acreedores o amenazadas de ello, en total hasta nueve sociedades concesionarias de autopistas.
DOTARLA DE NUEVOS ACTIVOS Y PRIVATIZARLA
La nueva sociedad pública no computaría como deuda pública según los criterios de Eurostad y además la intención del Gobierno es la de volver a privatizarla en unos cuantos años, cuando se vayan pagando las deudas y sobre todo cuando se la puedan incluir otros activos concesionales muy rentables cuyos contratos empezarán a volver pronto al Estado, más o menos a partir de 2018.
La idea es que el tiempo pueda arreglar una endiabla situación, ya que tras el paso de unos pocos años, con una mejora de la situación financiera, un aumento de los tráficos si la crisis económica remite y sobre todo, con los nuevos activos que vayan añadiéndose a la nueva empresa pública que dependerá de Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seittsa), el Estado podrá vestirla bonita y privatizarla.
UNA SAREB DE AUTOPISTAS POR EL DÉFICIT
Como ya hemos dicho desde este diario, se trata de constituir una especie de Sareb, sólo que en vez de un ‘banco malo' con inmuebles y viviendas, en este caso sería con las autopistas en riesgo de quiebra.
El Estado tiene una responsabilidad patrimonial última sobre estas sociedades concesionarias, lo que ha forzado a Fomento a negociar esta solución, además de su interés en no contabilizar la deuda como déficit público.
Seis de estas concesionarias se han declarado ya en concurso de acreedores, las radiales de Madrid R-3, R-5 y R4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera, y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas.
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