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VALENCIA. Alberto Fabra llegó a la presidencia de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana con la intención de limpiar las instituciones públicas de los imputados en supuestos casos de corrupción con los que Francisco Camps había trufado las listas electorales a los que se unen los altos cargos de una administración heredada. Pero esa voluntad, expresada en repetidas ocasiones, se ha convertido en uno de los mayores problemas orgánicos a los que se tendrá que enfrentar Fabra en los próximos meses.
La 'doctrina Fabra' contra la corrupción ha tenido que ir adaptándose con el paso del tiempo especialmente en los casos que afectan a los diputados populares en Les Corts. Si el presidente de la Generalitat ha cumplido con su compromiso de apartar a aquellos altos cargos de la Generalitat a medida que les han ido cayendo imputaciones, en el caso del partido ha sido incapaz de imponer esa misma norma. La línea roja se ha ido desplazando de la imputación al procesamiento y de ahí a la apertura de juicio oral. Por ahora.
"El presidente Fabra ha mostrado su decisión en los casos en los que dependen de él, pero el escaño es personal. No se puede destituir a un diputado", ha repetido en numerosas ocasiones el vicepresidente del Consell, José Ciscar, en sus comparecencias ante la prensa. Con esa máxima se ha tratado de explicar porqué Fabra ha sido inflexible con cualquier sospecha de corrupción con los cargos que él ha nombrado cuando han sido imputados por alguno de los casos abiertos -fundamentalmente Gürtel y Nóos- mientras que diputados que están imputados e incluso procesados, como Sonia Castedo o Luis Díaz Alperi (Brugal), David Serra, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez o Angélica Such (Gürtel) o el propio Rafael Blasco (Caso Cooperación), por citar algunos ejemplos, siguen ocupando sus escaños.
"A mi nadie me ha pedido que deje mi sitio", recordó la semana pasada el ahora caído en desgracia Blasco durante la entrevista en la que arremetió contra Fabra y se postuló como víctima de la doctrina Fabra contra los imputados. El presidente, en una pirueta difícil de explicar, ha mantenido a Blasco en el PP y en el grupo a pesar de que lleva meses imputado y de que la propia Generalitat, presentada como acusación particular en el caso, pide 11 años de cárcel contra el exconseller. "Cuando se abra el juicio oral dejará su puesto", dijo Fabra.
UNA DOCTRINA IMPOSIBLE DE CUMPLIR SIN TENSIONES
El fondo de este cúmulo de condiciones que forman la doctrina Fabra es el intento del presidente de tratar de hacer la limpieza que tiene encomendada por Madrid sin que las decisiones que tiene que ir adoptando tensen el partido. Una tarea que se antoja imposible. Los propios afectados ya muestran sus reticencias sin pudor: Castedo a dimitir pese a lo que ya ha desvelado la instrucción de Brugal, la negativa de Blasco a dejar ya no el escaño sino el propio grupo parlamentario o incluso la salida de tono de Rita Barberá, autoproclamádose candidata para 2015 ante su probable imputación en Nóos, son solo unos ejemplos.
Pero incluso entre los distintos barones del PPCV hay disensiones sobre esa doctrina. Del "si yo estuviera en su lugar me marcharía a casa" que ha repetido también en muchas ocasiones José Císcar al ser preguntado por qué haría él en el caso de ser imputado a la postura de Alfonso Rus, partidario de apoyar a los compañeros de partido inmersos en investigaciones judiciales, hay una distancia.
La necesaria limpieza del PP tras los años en los que se han producido los casos de corrupción que ahora colapsan los juzgados valencianos difícilmente se puede conseguir sin generar tensiones. Fabra necesitaría una posición de fuerza en el partido para forzar salidas que ahora no tiene, y a medida que avanzan los procesos y los implicados se acercan a los banquillos las tensiones en el seno del partido por las distintas corrientes afines a los imputados están generando turbulencias orgánicas.
El caso de Rafael Blasco puede haberse convertido en un punto de inflexión. Tras la incendiaria entrevista concedida por el exconseller a 13TV, Fabra ha acelerado un proceso de extrañamiento del político procesado. Lo curioso del caso es que la suspensión de militancia acordada este sábado por el comité de Garantías del PPCV no se produce por los graves hechos por los que está acusado tanto por la Fiscalía como por la propia Generalitat, sino por una deslealtad hacia la propia formación política y hacia el Consell.
LA EXPULSIÓN DEL GRUPO, PIEDRA DE TOQUE
Pero la piedra de toque de la capacidad de Fabra para tener controlado el incendio que amenaza con originarse en el PPCV llegará esta semana, cuando el grupo parlamentario tenga que aplicar en la práctica los efectos de la suspensión de militancia de Blasco. La expulsión del grupo ha sido una medida que el presidente ha intentado evitar por todas las vías, temeroso de que se produzca una división visible, más allá de la larvada que ya existe.
El propio Fabra, Serafín Castellano, como secretario general del partido, y Jorge Bellver, síndic del grupo, tienen como tarea convencer al número suficiente de diputados para expulsar a Blasco sin que se evidencie la ruptura. Pero ese será un primer paso, porque el segundo problema que tienen sobre la mesa es que Blasco pueda capitalizar el descontento de los imputados abriendo el escenario a un grupo de no adscritos compuesto por los afectados por las investigaciones judiciales y sus afines.
LAS OPERACIONES 'SECRETAS'
Todo este complejo sistema de apoyos y recelos que se vive en estos momentos en el PPCV tiene además otras derivadas que, en círculos muy reducidos, se han puesto sobre la mesa, en especial la posibilidad de que se esté impulsando algún alternativa política regionalista desgajada de los populares e impulsada por los irreductibles del campismo. En una entrevista concedida al diario El Mundo este domingo, el presidente del PP de Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, negó que él esté participando en ninguna operación así. Lo que no negó es que no exista.
Toda esta compleja situación se ha producido, paradójicamente, sin que Fabra haya aplicado su supuesta inequívoca voluntad de acabar con los sospechos de corrupción en el PPCV. La doctrina no se ha llegado a aplicar de verdad en ningún caso (el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo dejó su escaño en Les Corts cuando fue condenado e inhabilitado). Y pese a que no ha aplicado con decisión esa doctrina, el PPCV atraviesa un momento de crisis interna que que también afecta a la acción de gobierno tanto por la imagen como por los esfuerzos que debe dedicar Fabra y otros cargos a intentar aliviar las tensiones. Un situación que ya ha creado malestar incluso entre alguno de los miembros del Consell más próximos al presidente.
¿lLimpiar? ... De momento lleva dos años cambiando el polvo de sitio, pastoreando pelusas y escondiéndolo todo bajo la alfombra. Gérmenes, Insectos y ratas campan a sus anchas y algunos ya plantan cara. Ha intentado cargarse a uno tirándole disolvente; pero claro, el disolvente sirve para otras cosas, lo ha dejado todo manchado y además el bicho no se ha muerto y está rabioso.
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