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VALENCIA. Un salvavidas con lastres de plomo. Esa es la definición que mejor encajaría en el déficit asimétrico que la Generalitat Valenciana confía en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera apruebe este miércoles y que le permitirá gastar hasta un 1,8% (quizá un poco más) de lo que ingresará este año con el permiso del Gobierno. Es la alternativa menos mala para la Comunitat Valenciana, atrapada en un grave problema de financiación que no tiene vías de solución a corto plazo.
La desesperada apuesta por la flexibilización del déficit que viene reclamando desde hace meses -y de forma especialmente intensa en las últimas semanas- el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es, más que una solución, una necesidad. Si el Gobierno no autoriza al Consell a desviarse en el presupuesto bastante más del 1,3% que ahora está sobre la mesa (el margen original, no hay que olvidarlo, era del 0,7%) las consecuencias para la Generalitat serán muy negativas, ya que incurriría en numerosos impagos, tal y como viene ocurriendo en los últimos años.
El límite de déficit autorizado por el Estado tiene una consecuencia directa en la liquidez de que dispone la Generalitat. Cada décima supone que el Gobierno valenciano puede endeudarse en unos 100 millones de euros en números redondos.
Es decir, si el déficit autorizado finalmente es el 1,8%, la Generalitat podrá emitir deuda por 1.800 millones de euros. De esta forma, ese desfase entre ingresos y gastos está financiado, es decir, aunque se gaste más de lo que se genera vía impuestos o sistema de financiación, hay dinero en la caja para poder hacer frente a las facturas.
El problema llega con el déficit no autorizado. Valga como ejemplo el año pasado. El déficit máximo autorizado era del 1,5%. Sin embargo, la Generalitat presentó al final un descuadre del 3,52%. Esto supone que el Consell no tuvo dinero para pagar el gasto por la difercia de 2,2 puntos, o lo que es lo mismo, unos 2.200 millones de euros que no contaban con financiación.
Esos 2.200 millones son, por tanto, facturas impagadas. El Consell, de hecho, ha anunciado que acudirá al nuevo Plan de Pago a Proveedores arbitrado por el Gobierno central por al menos 2.000 millones (aunque el Ministerio de Hacienda eleva esa cifra por encima de los 3.000 para la Comunitat Valenciana). Es el segundo año consecutivo que Cristobal Montoro pone en marcha este sistema para atender las facturas que no se han pagado por las comunidades autónomas.
Pero también ha dicho el ministro que este año es el último en que se pone habilita un sistema de regularización como este. Traducido: si la Generalitat este año incumple con el objetivo de déficit, sea cual sea, lo que se quede sin consignación presupuestaria se acumulará a impagos que no tendrán una solución fácil.
MÁS DEUDA, MÁS GASTO FINANCIERO, MÁS DÉFICIT
El problema es que ese parche para evitar impagos que es la mayor capacidad de endeudamiento por el incremento del déficit autorizado se traduce directamente en un incremento de los gastos financieros. Entre 2012 y 2013 esa partida de gastos del presupuesto de la Generalitat se incrementó casi en un tercio, pasando de algo más de 900 millones a más de 1.200 millones.
La razón de ese incremento hay que buscarla fundamentalmente por el nuevo endeudamiento por el 1,5% del déficit y por los más de 4.000 millones de deuda comercial que se convirtió en financiera por el plan de pago a proveedores. Hay que destacar en este punto que no pagar facturas tiene una ventaja (valga la expresión): no se pagan intereses. Al convertir esa deuda comercial en créditos, sí.
Incrementar la deuda -y este año con los al menos 2.000 millones del plan de pago a proveedores y los 1.800 de nuevo endeudamiento aumentará notablemente sobre los 29.000 millones actuales- supone pagar más intereses y, por tanto, retraer dinero de partidas ordinarias para atender el servicio de la deuda. Es un bucle que aleja cada día a la Generalitat de un equilibrio presupuestario, convertido en una quimera si no hay una reforma del sistema de financiación autonómica.
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