El Síndic afea la falta de fiscalización en la prórroga del contrato de agua de Benidorm

BENIDORM. El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana ha emitido un informe de los asuntos aprobados durante el 2016, en el que hacen constar que el Ayuntamiento de Benidorm en ese año no aprobó propuestas con reparos de Intervención. Sin embargo, afea que una de las contratas más importantes del Consistorio, la del agua y alcantarillado, se prorrogara "por un plazo de 20 años (sic)" -en realidad, fueron 10 años- sin un informe de fiscalización previo.

Así lo llegó a denunciar el propio concejal de CBM, Arturo Cabrillo, que en ese momento estaba en la oposición y no formaba parte del gobierno local. Hay que recordar que toda la oposición, salvo el PSOE, denunció este acuerdo que aprobaron PSOE y PP, pero que no llegó más lejos porque no quisieron asumir el coste desde los grupos políticos demandantes.

De este modo, el Síndic remarca que el Ayuntamiento reconoció haber aprobado con omisión de fiscalización la prórroga a Hidraqua. Según consta en este documento, "el Acuerdo plenario indicado se adoptó sin haberse sometido el expediente, ni la propuesta de acuerdo, a fiscalización previa de la Intervención, conforme exige el artículo 214 del TRLHL, a pesar de su relevante contenido económico", apostilla el Síndic.

Al mismo tiempo, asegura que "la prórroga, al tener implícitas condiciones no previstas en el contrato inicial, cabe asimilarla a una modificación del contrato, por lo que también se requería informe expreso de la Intervención".

Sin embargo, sí que se incluyó en el expediente un informe del área que respondía a dos preguntas realizadas por el alcalde, Toni Pérez, donde el interventor manifestaba su opinión desfavorable "por la indeterminación de los puntos económicamente relevantes de la hipotética prórroga".

Asimismo, "el interventor, en su informe de 11 de noviembre de 2016, opina que se debería especificar la interpretación del Acuerdo plenario, que establece una duración menor de la prórroga del contrato si se dan determinadas condiciones y su sustitución por un ente mixto. Por otro lado, también habría que determinar las condiciones económicas de la prórroga".

La concejal de Hacienda y Contratación, Lourdes Caselles, negó a este diario que se aprobara sin informe de fiscalización previa.