Alfonso Rus y Marcos Benavent, en uno de los juicios de Taula. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones de la pieza G del caso Taula, centrada en todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública Ciegsa –dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana–. La Fiscalía lo solicitó al magistrado siete años después de que trascendiera esta macrocausa sobre una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas valencianas. Ahora, lo ha acordado.
La decisión supone el archivo del procedimiento para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y trece personas más.
El 'caso Taula' se diluye después de nueve años
El juez expone, en un auto de dos folios, que no quedan acreditados ni el cohecho, ni la prevaricación ni la malversación. "De lo actuado, y ya desde el principio de apertura de la pieza, se ha evidenciado la insuficiencia de elementos para poder proyectar el examen de la posible responsabilidad penal sobre decisiones o resoluciones administrativas que pudieran configurar delito de prevaricación", concluye.
En cuanto a la malversación, valora que el informe de la Guardia Civil fue "meritorio" por el "profundo esfuerzo en aspectos indicativos (fundamentalmente sobrecostes y ciertas coincidencias temporales)", pero también "muy indirecto". "En tal sentido, el informe pericial técnico mostraba un puntillismo afanoso en la demostración de modificaciones en las obras y en sus consecuentes sobrecostes", destaca.
Pero, en su opinión, esos sobrecostes, a la vista del resultado de las declaraciones tanto de investigados como de testigos, "no permiten apreciar, de la manera mínimamente clara, individual y precisa", una ausencia de justificación técnica ni una delimitación algo precisa "de cualquier concierto de voluntades en un preordenado aumento del gasto presupuestado como mecanismo delictivo, y medial, para otro resultado final igualmente delictivo, como es el de cohecho".
"En definitiva, el sobrecoste, sin duda acreditado en las obras que han constituido, en abanico y con cierto decalaje temporal y diversidad de personas intervinientes en su ejecución (otra dificultad), no puede constituir por sí solo indicio relevante, en ausencia de otros, para articular el proceso de manera que permita sumar un material indiciario sustancial para seguir esta causa por delito de malversación, por lo que debe procederse, como insta el Fiscal, al archivo de lo actuado", señala.
Esta pieza del caso Taula se formó en 2018 a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). En ella se dibujaba, en su inicio, posiblemente los hechos de mayor gravedad debido al desvío de un dinero público que debería haber ido a parar a la construcción de colegios. Aparecían como principales investigados Caturla, Benavent, Rus y varios técnicos. Se apuntaba a los delitos de prevaricación, cohecho y malversación.
La investigación no ha tenido avances significativos durante bastante tiempo pese a todo el revuelo del principio. El fiscal Anticorrupción, diferente al que inició la causa, pidió el archivo y apuntó a la prescripción del cohecho. Concluyó que Rus, Caturla y Benavent sí cobraron comisiones de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa "en beneficio propio" y con "claro desprecio a la causa pública". Sin embargo, entendió que no se había podido establecer "una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada". "Tampoco puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos anteriores a los investigados", dijo.
Ahora, el juez va un paso más allá en su escrito de archivo. No menciona las comisiones ni ve nada acreditado.
