Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las dedicaciones parciales de los concejales del Ayuntamiento de València vuelven a ser foco de polémica por tercer mandato consecutivo. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, dictó este miércoles un decreto, del que dará cuenta en el pleno de organización de este vienes, en el que establece las retribuciones que percibirán cada uno de los tenientes de alcalde, concejales con dedicación exclusiva y ediles cuya jornada sea parcial.
Según el documento que este viernes pasará por el pleno municipal, Catalá cobrará un total de 92.442 euros brutos anuales. Asimismo, los tenientes de alcalde percibirán en esta legislatura 83.197 euros al año y los que sean portavoces de los grupos tendrán una retribución de 77.651 euros. El resto de concejales que cobren la dedicación exclusiva, bien sean de la oposición o del gobierno, recibirán 74.431 euros brutos al año. Y los ocho ediles que tengan una dedicación parcial que por ley es del 75% como máximo, todos ellos de la oposición, cobrarán 69.331 euros.
Así, el salario que perciban los concejales con dedicación parcial está calculado respecto al sueldo de la alcaldesa, y no respecto a un edil que cobrará la totalidad del sueldo. Es decir: en lugar de cobrar el 75% del total, como es lógico de acuerdo con su dedicación, percibirán el 93% del salario de los concejales con dedicación exclusiva. O dicho de otro modo, cobrarán más por hora que sus compañeros. Una ‘trampa’ que ya realizó el anterior alcalde, Joan Ribó, y sobre la que la Agencia Antifraude alertó para que no volviera a repetirse a partir de 2023.
En este punto, cabe recordar el origen de toda la polémica. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, más comúnmente conocida como la ‘ley Montoro’ para limitar los gastos de los municipios, obliga a que algunos concejales tengan dedicación parcial. En el caso de València, ocho de los 33 ediles no pueden cobrar el 100% del sueldo, sino que este debe ser sensiblemente menor respecto al del resto. Para ello, se estableció que tendrían dedicación parcial, como máximo del 75% de la jornada laboral.
Entre 2015 y 2019, el ejecutivo local liderado por Ribó pactó con la oposición que las dedicaciones parciales recaerían sobre ocho ediles del gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, a los que se les adjudicaría el 75% del sueldo completo, mientras que el resto de ediles del ejecutivo y todos los de la oposición mantendrían la dedicación exclusiva y, por tanto, la retribución al 100%.
Su sueldo debería ser, lógicamente, el 75% del que les correspondería si trabajasen con dedicación exclusiva, pero el Consistorio aprobó que, "teniendo en consideración las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempeño de las tenencias de alcaldía", cobrasen "un complemento de especial responsabilidad" hasta alcanzar el 100%. Es decir, que los 33 concejales acabaron cobrando el 100% de su sueldo, en contra de lo que establece la normativa. Esto sueldos fueron denunciados ante la Agencia Valenciana Antifraude, que en 2021 los tachó de ilegales por haberse saltado la 'ley Montoro'. El propio Joan Ribó acabó reconociendo el fraude de ley y lo justificó que lo hizo "para favorecer a la oposición".
Tras aquel tirón de orejas y advertido por el secretario municipal de que no podía volver a hacerlo en la legislatura estrenada en 2019, el renovado gobierno de Compromís y PSPV cambió la fórmula: todos los ediles que formaban parte del ejecutivo cobraron las dedicaciones exclusivas, mientras la oposición tuvo que asumir las ocho parciales. Sin embargo, para realizar el cálculo del 75%, tomaron como referencia el sueldo del alcalde y no el de cualquier concejal con el 100% de la dedicación. Un truco que permitía que la diferencia salarial no fuera muy significativa, pues suponía percibir realmente un 93% del sueldo y no un 75%.
No obstante, la Agencia Antifraude también cuestionó el sistema retributivo aprobado en 2019. Y no se quedó solo. Además del órgano que dirige Joan Llinares, también el Consell Jurídic Consultiu interpretó la normativa de manera que dichos sueldos debían calcularse en proporción al que percibiera el resto de concejales con dedicación exclusiva, no el alcalde, que es notablemente mayor.
Así lo explicaba también el Ministerio de Hacienda en una guía dirigida a los ayuntamientos, poco después de aprobarse la ley, ya que la norma no especificaba algo que es lógico, y es que quien trabaja el 75% de la jornada debe percibir el 75% del sueldo.
Con todo, Antifraude instó a corregir esta proporcionalidad. "No se ha explicado las causas que llevaron a la modificación del régimen de retribuciones para los cargos electos para la legislatura 2019-2023", recogía su memoria anual de . Pero el entonces primer edil entendía -como lo hacía la oposición- que el sistema retributivo estaba ajustado a la ley, al contar con dos informes favorables del secretario municipal y al entender, por ende, que se trataba de interpretaciones jurídicas diferentes, pero ambas dentro de la legalidad.
Estos informes no tuvieron en cuenta la Nota explicativa de la reforma local publicada en 2014 por el departamento que dirigía Cristóbal Montoro y enviada a los ayuntamientos, en la que decía lo siguiente: "En el caso de municipios con población igual o superior a 1.000 habitantes, habrá que entender que el límite máximo total que pueden percibir por todos los conceptos retributivos quienes desempeñen su cargo en régimen de dedicación parcial viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial -75%, 50%, 25%- que corresponda a la cuantía máxima de referencia por tramos de población prevista en el párrafo primero de la citada Disposición adicional de la LPGE 2014".
Y ante el 'vacío legal', el Consell Jurídic Consultiu emitió un dictamen en el que explicaba que la falta de especificación en la ley podría llevar a que las Corporaciones Locales establecieran "cualquier tipo de porcentaje de dedicación parcial (incluso, al 95 % o al 98 %, etc.), en tanto no alcance el 100 %, aminorando proporcionalmente el límite retributivo establecido para la dedicación exclusiva". "Sin embargo –añadía–, a juicio de este Órgano consultivo, dicha interpretación no se estima acertada a la finalidad de racionalización y sostenibilidad de la Administración local perseguida por la Ley 27/2013". En definitiva, no consideró que la fórmula de 2019 fuera legal.
Desde entonces, apenas se hicieron movimientos por parte de la oposición para presionar al gobierno local, a pesar de los sonados anuncios que realizaron en su día los populares de María José Català o el edil de Vox, Pepe Gosálbez, que advirtió estar estudiando emprender acciones legales.
Ahora, Catalá mantendrá la misma fórmula retributiva que en su día aprobó Ribó. Nadie de la oposición ha protestado.
