Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Mes y medio después de tomar la vara de mando, la alcaldesa de València, María José Catalá, desveló este miércoles la estructura del que será su gobierno definitivo. Un diseño del que dará cuenta en el pleno de organización del Ayuntamiento de este vienes por el que el ejecutivo local queda dividido en 11 áreas de las que dependerán diferentes delegaciones y en el que, por el momento, no se incluye a Vox.
Ahora bien, a pesar de que el partido que lidera Juan Manuel Badenas no aparezca en esta estructura, lo cierto es que en las últimas semanas y tal y como ha venido informando este diario, se había especulado con la posibilidad de que Vox acabara participando del gobierno a través de la gestión de alguna empresa pública o tomando las riendas de alguna delegación.
Un escenario que, a juzgar por algunos de los gestos de este miércoles hacia Vox, no parece en absoluto descartado. El que resulta más significativo, sin duda, es el hecho de que los cuatro concejales del partido de Santiago Abascal vayan a tener la dedicación exclusiva durante los próximos cuatro años.
La conocida como 'ley Montoro', que se aprobó para limitar los gastos de las entidades locales, establece que una parte de los ediles debe tener obligatoriamente dedicación parcial. En el caso de València, solo pueden tener dedicación exclusiva 25 concejales, por lo que otros ocho de los 33 que conforman la corporación local no pueden cobrar el 100% del sueldo, si no que les corresponde una asignación del 75%.
Hace unas semanas Catalá mantuvo una ronda de contactos en la que advirtió a los partidos de la oposición que debían repartirse las dedicaciones parciales porque los del gobierno asumirían las exclusivas. Según el reparto proporcional, a Compromís le corresponderían cuatro parciales, al PSPV tres y a Vox uno.
Sin embargo, finalmente y tal y como trasladó la alcaldesa en la Junta de Portavoces de este miércoles al resto de formaciones, los voxistas tendrán su sueldo íntegro. Es decir, que todos cobrarán 74.431 euros brutos al año y ninguno perderá en torno a los 5.000 euros menos que sí tendrán que rebajarse ocho concejales de la oposición. O dicho de otra manera: aunque Vox siga perteneciendo ahora mismo a la oposición (dado que no tiene competencias asignadas), no se verá afectado por las dedicaciones parciales que Catalá desplaza a la oposición porque las ocho quedarán repartidas entre Compromís y PSPV.
El detalle no pasó en absoluto desapercibido y, al ser preguntada por esta cuestión, la propia alcaldesa sostuvo ante los medios de comunicación que "a nadie" se le escapaba "que Vox es el socio preferente" para el actual gobierno municipal. En esta línea, sostuvo que el citado partido les va a apoyar en multitud de iniciativas: desde el nombramiento del nuevo presidente de Aumsa y el nuevo presidente de la EMT, hasta algunas cuestiones de la nueva organización del Ayuntamiento de València del que se dará cuenta este viernes en el salón de plenos.
Desde el inicio, la actual alcaldesa ha mantenido que su intención era gobernar en minoría, si bien en las últimas intervenciones públicas no era tajante al respecto. Consciente de la dificultad que eso comportaría para gobernar los próximos cuatro años -pues el PP no tiene la mayoría suficiente para aprobar iniciativas en comisiones y plenos-, advirtió que para cada cuestión se llegarían a acuerdos puntuales con las diferentes fuerzas políticas. Una circunstancia que, eso sí, ralentizaría en exceso la gestión.
Los gestos hacia Vox de este miércoles, sin embargo, allanan el camino para el mandato actual y facilitar la gestión y estabilidad institucional en cierta manera. De hecho, hay quien en el partido no descarta que después de las vacaciones de verano pudiera darse entrada a la formación a través de la gestión de alguna delegación o empresa pública. Incluso, el propio Badenas aseguró que "de momento" no formarán parte del gobierno, si bien sostuvo que su formación "sigue con la mano tendida" para que así sea.
Lo cierto es que, más allá de la asignación del 100% del sueldo pese a ser oposición, también el nuevo organigrama del gobierno deja guiños a la formación de extrema derecha en su nomenclatura. Por ejemplo, se ha eliminado la referencia LGTBI en el área que engloba las competencias de Igualdad; y el área que antaño se denominó Bienestar Social, en este mandato pasará a ser el área de Familia, Educación y Consumo. Una denominación similar a la que tiene la consejería de Castilla y León, donde ambos partidos gobiernan en coalición.
Uno de los anhelos de Vox cuando se iniciaron las negociaciones para el Consell, cabe apuntar, fue establecer también en la Comunitat una conselleria de Familia e Igualdad de Oportunidades a imagen y semejanza de la castellanoleonesa. Algo que no ha llegado a producirse.
Dos cuestiones a las que la alcaldesa quitó hierro. Aseguró que este cambio de nombre no respondía a que "nadie" les hubiera "impuesto" nada. "Hemos hecho las cosas como hemos considerado, adoptándose a nuestras necesidades y a lo que pensábamos que era nuestra forma de llevar el ayuntamiento", aseguró para, acto seguido garantizar que en la delegación de Igualdad "se seguirá desarrollando el trabajo en defensa de los derechos LGTBI, como lo ha hecho hasta ahora". "Hemos respaldado el día del orgullo, hemos respaldado todas las iniciativas y lo vamos a seguir haciendo", zanjó.
La oposición, además, hace hincapié en los despachos que se les ha asignado a cada formación: mientras Vox pasará a ocupar la tercera planta del consistorio, Compromís y PSPV se mudarán al edificio de grupos de la calle Convento San Francisco. Un hecho al que Catalá también restó importancia -valencianistas y socialistas se quejan de que saque a la oposición del edificio principal porque "no ha ocurido nunca-, y que aseguró que responde a un planteamiento que se basa "en ofrecer espacios de acuerdo a la representación". "Se cede metros cuadrados a los partidos según su número de concejales", concluyó la alcaldesa.
