Condenados ocho directivos por la quiebra de Arce: falseamiento de cuentas y apropiación indebida

CASTELLÓ. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado este martes a ocho directivos y familiares vinculados con la azulejera Arce Cerámicas, quebrada hace más de una década, por irregularidades cometidas en su beneficio personal y que agravaron la situación económica de la firma. Los ocho acusados han reconocido los delitos cometidos y han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que durante la sesión ha retirado la acusación a una novena persona y se le han retirado los cargos.

Los acusados eran administradores de la compañía, entre ellos el que fuera presidente Salvador Vicente Ten y los secretarios Juan Carlos Ten y Tomás Alejandro Sales, así como consejeros delegados y consejeros de la firma radicada en Vilafamés. Todos ellos, condenados a una pena de cárcel de entre tres y diez meses. Pena que no deberán cumplir si no cometen nuevos delitos en un plazo de dos años al haber aprobado la jueza dicho plazo de suspensión. Además, se les ha condenado a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y se imponen el pago de las costas del proceso y multas de hasta 700 euros.

Durante la sesión de este martes, que retomaba la causa tras su aplazamiento por incompatibilidad de uno de los abogados, la jueza emitió el fallo in voce al haberse alcanzado el acuerdo de conformidad, condenando a los acusados de dos delitos societarios: falseamiento de cuentas y apropiación indebida. A cuatro de ellos, por autores directos de los hechos, y a otros cuatro, por colaboradores de la mencionada apropiación.

Beneficio económico

Los hechos reconocidos por los acusados se remontan a hace más de una década, cuando Arce Cerámicas entró en concurso de acreedores. La Fiscalía acusaba a los administradores de la empresa de actuar "abusando de la mayoría" que tenían en el consejo de administración y "guiados por un ánimo de obtener beneficio económico" en perjuicio tanto de la compañía como del resto de socios.

Asimismo, también les acusa de "falsear de una manera maliciosa las cuentas" para que "no reflejasen una imagen fiel" con el objetivo de "ocultar estas actuaciones ilegítimas", algunas de ellas con otras compañías "en las que tenían intereses los acusados o sus familiares directos". Entre las irregularidades, la Fiscalía señalaba retribuciones fuera de estatutos o incluso el cobro de pólizas de seguro que agravaron la situación de insolvencia de la firma, esto último ya juzgado -se obligó a uno de los directivos a devolver lo cobrado-.

También entre 2010 y 2012 se aprobaron pagos "por servicios no imputables a la empresa" a otra compañía que era propiedad de uno de los administradores de Arce, según el Ministerio Fiscal, que también apuntaba al pago de comisiones indebidas. Pese a que la compañía entró en concurso en 2009, no fue hasta el pasado 28 de septiembre cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el auto de disolución de la misma. 

Por todo ello, Fiscalía les acusaba de falseamiento de cuentas, delito de insolvencia punible y delito de administración desleal, y solicitaba penas de hasta más de 10 años y multas de entre 1 y 4 millones de euros. Sin embargo, la condena ha sido sustancialmente menor tras reconocerse los hechos y haber alcanzado un acuerdo de conformidad.