Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La vuelta del verano se prevé intensa en el Ayuntamiento de València. Después de que se celebraran las elecciones municipales del 28 de mayo y antes de que el nuevo equipo de gobierno comenzara sus vacaciones estivales, los funcionarios del consistorio elaboraron una larga lista con los deberes que le quedaron pendientes al anterior ejecutivo liderado por Joan Ribó. Un listado que ahora la alcaldesa María José Catalá deberá retomar.
Los sindicatos trasladaron a la nueva concejala de Personal, Julia Climent, en la última Mesa de Negociación celebrada en julio más de media docena de peticiones. Entre ellos, se encuentran desde reclamaciones para beneficiarse de las reducciones de jornada que anuló el Tribunal Supremo, hasta el inicio de las baremaciones de los inscritos en la Oferta Pública de Empleo extraordinaria que busca reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
Respecto a la primera, los funcionarios reclamaron mantener la reducción de jornada de una hora diaria sin merma retributiva -lo que supone cinco horas semanales- por cuidados de hijos menores de 12 años. Una posibilidad que el Alto Tribunal declaró nulo ya en 2022 y que la Generalitat Valenciana tardó un año en publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por lo que su entrada en vigor se demoró un ejercicio.
La resolución, según publicó Función Pública, afectaría a nuevas peticiones, pero todos aquellos que la tuvieran concedida la seguirían disfrutando hasta que dejaran de cumplir las condiciones previamente contempladas en la normativa: es decir, que sus hijos cumplieran 12 años.
Ahora bien, cabe apuntar que la Generalitat y el Ayuntamiento de València actuaron de forma distinta al conocerse la sentencia. El consistorio dejó de conceder y renovar este tipo de permisos desde marzo de 2023 (en torno a ocho meses después de publicarse el fallo y antes de que Función Pública aclarara el alcance del mismo), mientras que la Administración autonómica los mantuvo hasta el pasado mes de julio, un año después de haberse publicado la sentencia.
Así, los funcionarios dependientes de la Generalitat que tenían hijos menores de 12 años con permisos ya autorizados, los mantendrán. Pero los del Ayuntamiento, por el contrario, no lo harán porque ya se anularon los que se habían concedido. Por lo que, ahora, los sindicatos reclaman que todos aquellos empleados a los que se les anuló la autorización o no se les renovó, se les vuelva a conceder. O dicho de otro modo: que el consistorio rectifique y actúe de la misma manera que el Consell lo hará con su plantilla.
Los sindicatos también reclaman a Catalá que se apliquen los nuevos permisos de conciliación aprobados por el Gobierno central el pasado mes de julio a través del Real Decreto-Ley 5/2023: el permiso retribuido de cinco días hábiles al año por cuidado de un familiar y el permiso retribuido de 4 días hábiles por causas de fuerza mayor. Dos supuestos que, según fuentes municipales, ya se harían efectivos a través del Estatuto Básico del Empleado Público.
No obstante, también piden la aplicación del nuevo permiso parental de ocho semanas específico para el cuidado de hijos o menores acogidos por tiempo superior a un año hasta que el menor cumpla 8 años. Una circunstancia que, en estos momentos, el Ayuntamiento de València estudia cómo reglamentar para que su plantilla pueda comenzar a solicitarlo.
Entre las tareas pendientes que tiene el actual gobierno municipal con su plantilla se encuentra la OPE de estabilización en la que se han inscrito casi 10.000 personas para la convocatoria de méritos, y cerca de 14.000 para los de concurso-oposición. El consistorio ha elaborado un calendario de baremación para puntuar la experiencia de todos los aspirantes e ir resolviendo convocatorias. Sin embargo, el proceso no parece que vaya a ser ágil.
Por lo pronto, a lo largo del mes de julio se publicaron los listados de admitidos en los grupos de A1 y A2, mientras el resto de escalas se harán públicas en septiembre. Y hasta ese momento no comenzarán las baremaciones. La previsión es que todos los inscritos cuenten con su puntuación definitiva en noviembre y, los que consigan alguna de las 655 plazas que hay reservadas para la fase de concurso, puedan tomar posesión de la misma en diciembre de este año.
Los que estén apuntado al concurso-oposición, sin embargo, deberán esperar más. El proceso de estabilización en este caso se iniciará en enero de 2024 y finalizará seis meses después. Mientras que las plazas de turno libre no comenzarán a baremarse hasta el último trimestre del citado año, a lo que se deberá sumar la fecha del examen, todavía por fijar. Para esta fase, hay reservadas un total de 559 plazas.
Con todo, los sindicatos piden a Catalá que se inicie la negociación del reglamento de las bolsas que se generen en estos procesos de estabilización y que en el proceso de estabilización también pueda participar el personal laboral fijo del Cap i Casal, algo a lo que por el momento, desde el Ayuntamiento de València no se han comprometido.
