El Ministerio Fiscal pide determinar si en alguno de los años investigados las cantidades irregularmente cobradas superaron los 120.000 euros, el límite entre delito e infracción
VALÈNCIA. Francis Puig, hermano del president Ximo Puig, ya sabe por qué le va a preguntar el juez el próximo 23 de mayo cuando declare en la causa que investiga una posible “concesión fraudulenta” de subvenciones por parte de la Generalitat valenciana y la Generalitat Catalana a un entramado de empresas entre las que estarían la suya y otras de sus socios. SE trata de Comunicacións dels Ports, Mas Mut Producción y Canal Maestrat.
El escrito de la Fiscalía con el que se la ha citado a él y a su socio Juan Enrique Adell a declarar y con el que se ha pedido nueva documentación a ambas administraciones se basa en un informe de la Policía Judicial que según indica “señala cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las subvenciones”.
La idea del Ministerio Fiscal es contrastar si superan o no los 120.000 euros en cada uno de los años investigados (que van de 2015 a 2018) por ser esa la barrera que establece la jurisprudencia entre el delito y la infracción administrativa.
Desde el PSPV, su vicesecretario general, Manolo Mata, aseguró que las últimas informaciones alejan el foco de la investigación de la administración. “Ya está demostrado que lo que se investiga no tiene nada que ver con la Generalitat, que las subvenciones está bien dadas, y que se investiga cómo una empresa las ha justificado de carácter a las administraciones”.
Ximo Puig se pronunció también por primera vez sobre el caso desde que se conoció que su hermano tendrá que declarar en mayo. "Todas las empresas y las personas en la Comunitat Valenciana son tratadas con la misma vara de medir. Si alguien hace algo que no es correcto y la Justicia así lo determina, ha de tener su responsabilidad", dijo el president, que aseguró vivir el proceso "desde la absoluta serenidad".
El Equipo de Delitos Económicos de la Policía señala que las empresas de Francis Puig han presentado facturas cruzadas “que ha podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones en mayor cuantía que la correspondería”. Pero, además, destaca que hay facturas “cuyo pago no ha podido ser acreditado”, lo que apunta que podría ser un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
También apunta que hay facturas “que se cuestiona si pueden ser ser consideradas como gasto subvencionable”. Habla de facturas duplicadas o de otras de energía que no corresponde con el domicilio social de las empresas. Apunta ya a que puede ser un delito en el fraude de subvenciones o una infracción administrativa.
Igualmente, se constata que las empresas pidieron íntegramente subvenciones a la Generalitat valenciana y a la catalana “justificando los mismos gastos”. Dado que sí que es compatible pedir esas ayudas a las dos administraciones pero con el limite del gasto realizado para la actividad, se reclama poder averiguar los importes recibidos por cada una para contrastarlos con los gastos reales.
Además, el informe recalca que se omitió la obligación de avisar que se habían recibido subvenciones con la misma finalidad algo que la Policía Judicial debería ser “reconducido” a la conducta de “falseamiento” que exige el fraude de subvenciones.
