Foto: JOSÉ JORDANVALÈNCIA. PSPV y Compromís buscarán revertir en el próximo pleno municipal la última decisión del gobierno local que integran PP y Vox en el Ayuntamiento de València en materia de vivienda: no renovar la bonificación establecida en los alquileres de la empresa municipal Aumsa de las que se beneficiaban más de medio millar de personas. Una medida que supone un importante impacto económico en el bolsillo de la mayoría de ellas.
La semana pasada, la coalición valencianista denunció que el consistorio había aplicado una subida en los alquileres de estas viviendas y algunas de las familias habían pagado de media 200 euros más de lo que venían pagando los últimos años en su último recibo. Una denuncia que obligó al ejecutivo a salir al paso para justificar tal decisión: el portavoz Juan Carlos Caballero aseguró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que el incremento no era tal, sino que en realidad se había suprimido la bonificación aprobada en su día por el gobierno de Rita Barberá y que el ejecutivo conformado por PSPV y Compromís había ido prorrogando durante la última década.
La bonificación se aplicó inicialmente en 2013, con el exconcejal Alfonso Grau como responsable de Aumsa. La ayuda ideada en aquel momento buscaba dar salida a los pisos de la empresa pública, ya que muchas de ellas se encontraban deshabitadas y a pesar de que el Ayuntamiento buscaba inquilinos, los vecinos las rechazaban porque optaban de forma preferente a viviendas del mercado libre, más competitivas al tener mayores prestaciones. Con aquel escenario, el gobierno popular decidió ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado y la medida se mantuvo en el tiempo hasta el pasado 31 de diciembre, cuando venció el plazo de la última prórroga, aprobada por los socialistas a finales de 2019, hace ya cuatro años.
Con este escenario, los socialistas llevarán una moción al próximo pleno en la que ya trabajan. La portavoz del PSPV en la corporación local, Sandra Gómez, aseguró este lunes que al llegar al gobierno, "el PSOE mantuvo estos descuentos debido a las dificultades que atraviesan numerosas familias de la ciudad y al ascenso de los precios de los alquileres en el mercado libre". Asimismo, añadió que estos eran del 15% en las viviendas del centro histórico, del 25% en las del resto de la ciudad, y de un 35% en promociones determinadas. Además, se descontaba el 50% del precio de garajes y trasteros "por estar muy por encima del precio de mercado", explicó la portavoz.
En este sentido, afeó que estos caducaran en diciembre del año pasado "sin que el nuevo gobierno del PP y Vox los prorrogara". "En un contexto en el que los valencianos y valencianas dedican más del 42% del sueldo al alquiler, la cifra más alta en una década y muy por encima del 30 por ciento que es el máximo aceptable, Catalá decide que como los precios de mercado han subido la administración debe hacer lo mismo", expuso la socialista.
Un envite que desde el gobierno tratan de devolver haciendo responsables a los anteriores gestores: Caballero alegó el viernes que fue el gobierno del Rialto el que dejó la caducidad d la prórroga fijada y que, por tanto, el ejecutivo actual se ha dedicado a "seguir los plazos" que estaban estipulados sobre el papel.
La moción de los socialistas no será la única que se debata en el próximo pleno municipal. La coalición que lidera Papi Robles tiene previsto registrar en las próximas horas una iniciativa en la comisión de Urbanismo en el mismo sentido a la que, además, sumar otras peticiones vinculadas a las políticas de vivienda desarrolladas por el consistorio, y en particular, a las ayudas al alquiler. Los valencianistas quieren que se amplíe el crédito para que estas subvenciones lleguen a todos los solicitantes, dado que 110 personas se han quedado sin ellas a pesar de cumplir los requisitos por falta de presupuesto.
Robles, así, ha puntualizado que las bases de la convocatoria incluyen la posibilidad de ampliar hasta un millón de euros esa subvención. Así, tras censurar que el ejecutivo de PP y Vox "ha dejado a 110 personas sin las ayudas al alquiler por falta de presupuesto", asegura que "la posibilidad de llegar a cubrir a todos los solicitantes es viable". Esa opción, según la portavoz de Compromís, "daría respuesta a toda la ciudadanía".
"La reciente resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2023 ha llegado a un total de 1.665 vecinos y vecinas de la ciudad, pero no podemos olvidar que ha habido 110 personas que se han quedado fuera de las ayudas, no por no cumplir los requisitos sino porque el Ayuntamiento no ha dispuesto del dinero necesario para cubrir a todos los solicitantes", zanjó. Las políticas de vivienda del Ayuntamiento de València protagonizarán, así, buena parte del pleno municipal.
