Foto: Ayuntamiento de GodellaVALÈNCIA. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional aborda una problemática que se remonta a la aprobación -entre los años 2016 y 2020- de diversas leyes de Medidas Fiscales, conocidas como leyes de acompañamiento. Estas normativas, esenciales para la aprobación de los Presupuestos Municipales, regula la expropiación de terrenos destinados a dotaciones públicas, así como su indemnización correspondiente.
Por ley, si no se ejecuta la expropiación en un plazo de cinco años desde la aprobación del plan urbanístico correspondiente, el propietario puede exigir la materialización de la expropiación y reclamar una indemnización. Ante la complejidad de esta regulación y el elevado costo que podría suponer para los municipios, el Consell decidió suspender sucesivamente los plazos de las expropiaciones mediante las leyes de Acompañamiento antes mencionadas. Esta suspensión buscaba aliviar la carga financiera de los municipios, especialmente en situaciones económicas adversas o imprevistos que retrasaran los desarrollos urbanísticos.
Sin embargo, un recurso contencioso presentado en 2019 derivó en una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2022. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional toda la normativa que prorrogaba los plazos de las expropiaciones, incluyendo la Lotup de 2014, el decreto legislativo de 2021 y las leyes de Acompañamiento de 2016 a 2020.
Esta sentencia implica que los municipios valencianos deben enfrentarse ahora a la ejecución de expropiaciones pendientes, con el consiguiente endeudamiento y desafío financiero para sus arcas municipales. La incertidumbre radica en la falta de cuantificación precisa del impacto económico -ya que los precios de las expropiaciones se determinan al inicio de los procesos- y la moratoria que permitía su aplazamiento ha sido anulada. En este contexto, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio trabaja en un informe para encontrar soluciones a esta situación jurídica compleja.
La sentencia del Tribunal Constitucional genera incertidumbre financiera en Godella. La resolución, que declara inconstitucionales las prórrogas que permitían a los ayuntamientos aplazar las indemnizaciones por expropiaciones de terreno, plantea un escenario desafiante para las finanzas municipales.
El edil del municipio, José María Musoles, aclara que desde el ayuntamiento se realizarán las modificaciones necesarias para dar solución al nuevo escenario financiero y recomienda a los municipios "adaptar el planeamiento a la nueva realidad". "Tenemos que adaptar nuestro plan general para evitar las expropiaciones y las dotaciones de red primaria que tengamos que hacer, ya que tendremos que reclasificarlas", explica Musoles. Sin embargo, asegura que trabajaran con los servicios urbanísticos para evitar las expropiaciones.
En el caso concreto de Godella, el mayor gasto se presentaría en la expropiación del solar conocido como Telefónica, un espacio que se encuentra frente al cementerio. Junto a este, alrededor de tres parcelas menores deberán ser reubicadas y adaptadas al planeamiento para evitar las expropiaciones.
Una situación que recuerda a la ya ocurrida en este municipio de l'Horta Nord con a El jardín de la Dehesa, una expropiación por la que se condenó al ayuntamiento al pago de 16 millones de euros. Esta vez, el gasto que supondría según calcula el alcalde sería "de entre 5 y 8 millones de euros". "Si al final se diera la expropiación y tendríamos que ver cómo acometerlo", admite Musoles.
El ayuntamiento tratará de resolver el problema e "intentar que el impacto que pueda ser para el municipio sea el menor posible", explica el edil del municipio. Pese a no haber concretado las medidas, el edil concreta que se llevarán a cabo distintas fases: "Primero determinar el precio, después plantear de qué partidas se tendría que extraer y de qué forma. Es algo que tendríamos que estudiar".
Aunque aún no se han proporcionado detalles sobre la extensión del terreno afectado ni el gasto estimado, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio se está elaborando un informe para explorar posibles soluciones. El Ayuntamiento de Godella espera con atención las respuestas para abordar esta situación jurídica que se plantea compleja.
