El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA. Las vacaciones son necesarias. En las últimas semanas, la relación entre los dos socios del Consell, PSPV y Compromís, está evidenciando un creciente agrietamiento que, y esto es lo más alarmante, se produce de forma transversal y a diferentes niveles gubernamentales. El equilibrio nunca ha sido fácil, pero hasta el momento la mayoría de episodios se habían producido de forma concreta y concentrada: en esta ocasión, se han abierto varios frentes que, aunque a priori no parezcan gravísimos, sí describen el relato de desgaste del Ejecutivo. Todavía con casi dos años de gobierno por delante.
Conviene destacar, como hilo conductor, que el Seminari de Govern en Ademuz no fue del todo tranquilo. Diversas discrepancias en el mestizaje de consellerias como Economía y Justicia hicieron que, por momentos, saltaran las costuras del pacto de gobierno. Hubo reuniones de todo tipo, cruzadas y de los equipos de ambas formaciones por separado, finalmente se aplacaron los ánimos y se concluyó la 'convivencia' del Ejecutivo con relativa normalidad.
Un equilibrio siempre sometido a un test de estrés. Y es que como si de una tromba de agua veraniega se tratase, entre PSPV y Compromís han llovido los desencuentros en la recta final del curso político. En pocas semanas, las dos formaciones han visto como sus posiciones políticas, sus fichajes internos, sus proyectos y la redistribución de competencias chocaban con el pensamiento del otro socio de Gobierno en diferentes consellerias del Ejecutivo valenciano e, incluso, en la Diputación de Valencia. Y todo una vez superado el ecuador de la legislatura y con los partidos iniciando sus cábalas electorales.
Unos encontronazos entre los partidos que gobiernan que provienen de consellerias que ya habían tenido conflictos previamente, como Agricultura y Medio Ambiente o Economía, así como de otros ámbitos como la corporación provincial donde, hasta el momento, los desencuentros se habían centrado en cuestiones más bien concretas relacionadas con Egevasa y Divalterra.
El desencuentro más reciente que sumaban PSPV y Compromís se producía apenas hace dos días a cuenta del desmantelamiento de las diputaciones. Si a principio de la legislatura, ambas formaciones firmaron un pacto para convertirse en socios del gobierno provincial y compartían planes a medio-largo plazo como ponerle fecha de caducidad a estas administraciones provinciales, en Compromís entienden ahora que los del puño y la rosa han bajado la intensidad y los tiempos para acometer lo acordado en 2015.
El área competente para estudiar cómo vaciarlas de competencias y acometer el trasvase de atribuciones a otras administraciones era una tarea de la delegación de Comarcalización –encabezada por la alcaldesa de Gandia socialista, Diana Morant, y ahora por el alcalde de l'Alquería de la Comtessa, Salvador Femenía-. El informe que han elaborado, no obstante, ha molestado a los nacionalistas, pues sólo se centra en cómo desmantelar el psiquiátrico de Bétera y el MuVIM.
Con esto, desde Compromís denuncian que el documento tiene "una visión parcial", no global y, por tanto, no cumple con la auditoría general acordada por ambos partidos hace dos años. El portavoz de los nacionalistas en la Diputación de València, Xavier Rius, indicaba este martes a Valencia Plaza que no leerán el informe porque "sería dar la razón a algo que no está hecho en su totalidad".
Tampoco puede obviarse el malestar que recorrió Compromís por el fichaje de José Manuel Orengo como asesor de Presidencia de la Generalitat tras el XIII Congreso del PSPV-PSOE tras arrimar el hombro en favor de Puig en el proceso de primarias frente al candidato 'sanchista', Rafa García. Así, además de la desconfianza que tienen en el citado dirigente, temen que el PSPV se dedique a solventar los problemas internos de partido desde las instituciones que gobiernan conjuntamente.
La coalición ejemplifica sus quejas aludiendo a la recomposición que el Gobierno valenciano acometió en julio de 2016. En dicha reestructuración, se situó a María Such en el Instituto de la Juventud para que Ciprià Císcar, un histórico del socialismo valenciano, entrara como diputado en el Congreso. También el traslado de Joan Calabuig como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de València a delegado del Consell en la Unión Europea –área nueva que se creó en aquel momento-, permitió además, situar a Sandra Gómez, el futuro de la formación socialista a nivel municipal, en una posición más protagonista para que el PSPV-PSOE pudiera marcar un perfil propio en el consistorio ante la enorme visibilidad que tiene Compromís al ostentar la alcaldía y concejalías muy mediáticas como Movilidad o Fiestas.
Pero no sólo el fichaje de Orengo ha despertado críticas internas desde Compromís. La entrada de María Diago en la Ejecutiva el PSPV también se ha mirado con recelo. Fue el primer y único cargo de Podemos en el Consell para ocuparse de la dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián, y ahora se ha convertido en otro elemento de fricción entre PSPV y Compromís.
Desde su llegada, las discrepancias respecto a proyectos como el polémico sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) provocaron que en enero de 2016 fuera el primer alto cargo en ser destituida por el Ejecutivo valenciano. La falta de sintonía con las políticas impulsadas por Verds-Equo, partido que se integra en Compromís y que controlaba dicho departamento, fue el detonante. El fichaje de Diago a cargo del PSPV, por tanto, se ha interpretado de alguna manera como una desautorización a la línea política sobre Medio Ambiente de la conselleria, un departamento donde los nervios están a flor de piel en los últimos meses como se evidenció con la reciente destitución del director de Vaersa.
No acaban ahí los dardos mojados en veneno. Puig decidió además en el XIII Congreso Nacional del PSPV situar a la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, en el Secretariado del partido al frente del área de Crecimiento y Empleo. Un puesto que evidencia el deseo de premiar la complicada labor de contrapeso en una conselleria donde se han producido los enfrentamientos internos más duros entre PSPV y Compromís a cuenta del mestizaje. Por si fuera poco, Marín fue además concejal en Alcoi, precisamente donde también fuera edil con el PSPV la directora general del Ivace, Julia Company, quien abandonó tiempo atrás la militancia socialista para liderar una escisión que no fructificó, un movimiento que algunos sectores del partido del puño y la rosa nunca perdonaron.
Desde la llegada de Rafael Climent (Compromís) a la Conselleria de Economía, el departamento ha centrado los focos mediáticos bien sea por la parálisis en la gestión o por los roces con su exnúmero dos, la secretaria autonómica afín a los socialistas, María José Mira. Con Mira exiliada a Hacienda tras la remodelación del Consell del segundo y tercer escalón el pasado verano, las aguas se habían apaciguado en Economía. Pero el reparto de competencias ha reavivado las luchas internas.
El Reglamento Orgánico Funcional (ROF) -documento que delimita las competencias- que impulsó Climent suponía un vaciado de las atribuciones de la citada secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín y del director general de industria, el exalcalde de Elche, Diego Macià, también socialista. Con los amagos de este último de dimitir, la situación se ha resuelto finalmente con un blindaje de las competencias del Ivace, en manos de Compromís a través de la afín a Climent, Julia Company.
Cabe señalar que el blindaje de las competencias del Ivace se produce después del roce entre Economía y Presidencia a cuenta de la creación de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), que los nacionalistas interpretaron como una limitación de las competencias propias del departamento de Climent. Con el proyecto de la AVI en marcha, Compromís ha visto con recelo los sueldos que se fijan para los altos funcionarios de dicho organismo, ya que temen una desbandada desde el Ivace al nuevo organismo.
La agencia también ha recibido las críticas de Compromís en Alicante, ya que el vicealcalde Natxo Bellido ha mostrado sus reticencias a que Presidencia no cumpla la promesa de establecer la sede del organismo en la capital alicantina al tener otra sede en València donde está el actual vicepresidente ejecutivo del Consejo Valenciano de la Innovación, Andrés García Reche.
Incluso en el consejo de administración de Parc Sagunt, la sociedad gestora del parque logístico que más alegrías ha dado al Consell en los últimos meses, la convivencia entre los dos partidos es muy complicada. La tensión que se vive en el seno de la Conselleria de Economía se ha extendido a este consejo de administración en el que se sientan la socialista Blanca Marín y la directora del Ivace, Júlia Company.
A la coalición le incomoda que el sector controlado por el PSPV esté capitalizando el éxito logrado con las últimas operaciones de venta de suelo de la sociedad y sospechan de maniobras para reducir aún más su influencia, con la amenaza de ruptura que ello supondría para las costuras endebles de un pacto del Botánico que suma desencuentros entre los dos partidos que forman parte del Gobierno. Desencuentros de verano que pueden traer un invierno al más puro estilo Juego de Tronos.
