VALÈNCIA. La subvención de más de 62.000 euros a la Universitat de València aprobada por la que fuera concejala de Educación el pasado mandato, María Oliver, para la realización de un estudio sobre el mapa escolar en la ciudad de València ha quedado sin fiscalizar en 2020. En 2019, la Intervención municipal aseguró al juzgado encargado de investigar este programa -en una causa que acabó archivándose- que incluiría esta subvención en el plan anual de control financiero del pasado ejercicio. Sin embargo, esto no ha sucedido y la ayuda sigue sin auditarse.
La subvención derivaba directamente de un convenio suscrito por la concejalía que dirigía Oliver con la Facultad de Ciencias Sociales de la UV, cuyo titular de Sociología y encargado de la tarea era José Manuel Rodríguez, miembro del partido al que pertenece la ex concejala y actual asesora de la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau.
Ante las sospechas sobre esta ayuda, el PP la llevó a la justicia y el juzgado de Instrucción número 19 abrió una investigación y acabó procesando tanto a la entonces edil como al profesor universitario por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la tramitación del mapa escolar. En este marco, el Interventor consistorial realizó un informe en el que censuraba algunos de los gastos pagados con el dinero del convenio.
El Interventor municipal consideraba que Rodríguez hizo compras con dinero público que en realidad no podían haber sido objeto de la subvención. Esto es, que se habían pagado con dinero municipal de manera indebida. Entre ellas se encontraba la adquisición de dos Ipads de 481 euros cada uno, dos cámaras de fotos de 274 euros y una tercera de más de 1.000 euros o dos portátiles de 392 euros.
A juicio de Oliver era "improcedente" que este informe se requiriera a la Intervención del Ayuntamiento de València sin preguntar al propio servicio de Educación. Fuera como fuese, a la postre el juez acabó archivando la causa a finales de 2019 después de que la Fiscalía cambiara su postura y decidiera pedir el sobreseimiento. Cambio que más tarde llevó al PP de València a retirar también la acusación.
Sin embargo, en el informe remitido por la Intervención al juzgado se decía expresamente que "a la vista del resultado anterior [los gastos, a su juicio, no subvencionables]" el convenio de 62.000 euros se incluiría "en el plan anual de control financiero permanente del ejercicio 2020 [...] para ejercer el control financiero de subvenciones previsto en la legislación vigente".
Con todo, entre las auditorías presentadas a final de año no se encontraba la de este convenio. Preguntadas fuentes consistoriales sobre este extremo, confirmaron que esta fiscalización todavía no se ha realizado debido a que "estaba judicializada", si bien ya en 2019 el juzgado había archivado la causa. En este sentido, aseguran que este trabajo se realizará durante este ejercicio.
