La jueza impone una fianza de 500.000 euros al exdirector de Vaersa

VALENCIA (EFE). La titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Silvia Vivó, ha impuesto una fianza de 500.000 euros para el exdirector de Vaersa Felipe Espinosa y de 50.000 euros para su sucesor en el cargo, Enrique Simó, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Sobre ambos hay abierta una investigación por prevaricación y malversación por repartir, supuestamente, cantidades millonarias en concepto de productividad sin ninguna cobertura presupuestaria.

En la causa también constan como investigadas (término que sustituye al de imputadas tras la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el 6 de diciembre) la ex consejera delegada María Ángeles Ureña; la exresponsable de Recursos Humanos Ana Bayarri y el abogado Vicente Bru.

La jueza, a petición de la Fiscalía, ha declarado este proceso como "causa compleja".

Esta denominación se basa en "los hechos por los que se sigue el presente procedimiento, que afectan al interés público, el número de investigados contra los que se sigue, algunos de ellos pendientes de tomarles declaración, la evidente necesidad de practicar periciales y, en definitiva la realización de diligencias instructoras".

En consecuencia, se amplía el plazo máximo de instrucción de seis a dieciocho meses.

El pasado mes de noviembre este juzgado acordó la formación de dos piezas separadas en la causa conocida como caso Vaersa, que investiga irregularidades en la gestión de esta empresa dependiente de la Generalitat.

En la primera de ellas se investiga la supuesta malversación de caudales públicos por el abono, entre el 31 de diciembre de 2008 y la misma fecha de 2011, de una suma de 470.000 euros por servicios de asesoría y defensa jurídica que no responde a trabajos individualizados sino genéricos.

En la segunda (en ambas están imputados Simó y Espinosa) se investiga un presunto delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación por supuestas irregularidades en la contratación de vehículos sin respetar las normas de contratación, tomando como base un informe de la Sindicatura de Cuentas.