El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri. Foto: CORTSVALÈNCIA. Este miércoles, después de un año de que fuera presentada, Les Corts aprobaron la propuesta de Compromís para que el Consell estudie la posibilidad de implantar un impuesto a las bebidas azucaradas. Una iniciativa que, no obstante, ha sufrido a lo largo de todo este tiempo distintas modificaciones que han rebajado considerablemente su nivel de exigencia. El texto validado ya no solicita la creación de un nuevo tributo, sino que pide al Gobierno valenciano que analice la oportunidad de hacerlo atendiendo a los problemas de salud que padece la población, especialmente, los niños.
La propuesta salió adelante en la comisión de Sanidad con el apoyo de PSPV, Ciudadanos y Compromís, pero con el rechazo del PP y la abstención de Podemos. Los morados no querían que se renunciara a pedir directamente la aplicación de un impuesto. Así, el viacrucis de esta PNL ha sido largo. En junio de 2017, cuatro días después de que entrara en vigor el gravamen para las bebidas azucaradas en Cataluña, Compromís registró una Proposición No de Ley para que se siguieran los mismos pasos en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, no obstante, instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, no lo limitaba solo a las bebidas.
La propuesta no agradó nada a los productores. No en vano, de manera inmediata en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro se constituyó un grupo de trabajo interno para elaborar un borrador en el que se detallaran los motivos por los que se oponían a este impuesto. Esto, sumado a varias reuniones con dirigentes de PSPV y Compromís, derivó en que la coalición valencianista reformulara su PNL y restringiera el ámbito de aplicación de este impuesto solo a las bebidas.
Tampoco describía los tramos de aplicación en función de los gramos de azúcar por mililitro que tuvieran los líquidos como sí lo hacía el gravamen que se aplica en Cataluña. Todos estos detalles, quedaban a merced del Consell, a quien instaban a crear "un impuesto dentro de los parámetros y estudios económicos" que correspondieran. La nueva redacción incluía que lo recaudado con esta tasa fuese destinado a dotar de más recursos al sistema de salud o a campañas de concienciación para reducir la obesidad infantil y mejorar los hábitos alimenticios de manera que se redujera el consumo de este tipo de productos. A pesar de tender la mano en este sentido para favorecer la negociación, tampoco el nuevo ofrecimiento convencía a las empresas y federaciones integradas en la patronal contrarias a la iniciativa.
Llegado a este punto, la PNL se vio relegada a un segundo plano por la acumulación de leyes en Les Corts. Esto es porque los grupos han centrado en las últimas semanas su actividad parlamentaria en la tramitación de los proyectos normativos para poder validarlos antes de que finalice la legislatura -ahora mismo hay 20 por aprobar todavía-. Con este escenario, Compromís trató de introducirla en la comisión de Sanidad para que se pudiera aprobar allí y no tuviera que esperar a ser introducida en un pleno. Sin embargo, el rechazo de Ciudadanos también a validar este impuesto, hizo que la coalición repensara la maniobra, ya que las probabilidades de que saliera adelante eran casi nulas porque también el PSPV era reticente a apoyarla.
Finalmente, Compromís tuvo que volver a modificarla para hallar un punto de encuentro con los grupos que no estaba resultando nada sencillo. El nuevo texto no pedía directamente la creación de un impuesto, pero sí la elaboración de un estudio previo sobre la necesidad de que este entre en vigor. La iniciativa, además, incluye una gran cantidad de acciones divididas en dos fases.
En la primera de ellas solicitan al Consell que elabore un Plan Integral de Lucha Contra la Obesidad Infantil. En él quieren que se estudien las causas de las enfermedades derivadas de la mala alimentación, las medidas preventivas que se pueden adoptar, cómo promocionar hábitos saludables, e identifique a los colectivos más vulnerables para conocer sus necesidades de manera que las medidas a ejecutar sean efectivas.
Por otra parte, quieren que se impulsen campañas para fomentar el deporte igualitario e inclusivo y se facilite el acceso a actividades lúdico-deportivas a las que no todos los menores tienen acceso, ya que las horas extraescolares en la mayoría de centros son de pago. Además, proponen que los medios de comunicación incluyan espacios educativos sobre alimentación sana, se estudie cómo facilitar el acceso a productos saludables –mediante línea de ayudas a los productores u otras medidas–, y mejoren la alimentación en los comedores escolares promoviendo el consumo de fruta y mayor capacidad de decisión de los padres en la contratación de servicio de comedor.
Tras todo esto, llegaría la segunda fase en la que se realizaría el citado estudio sobre la oportunidad de que el impuesto a las bebidas azucaradas que no tengan aportación alimentaria entre en vigor. El objetivo de todo este paquete de medidas sería reducir el consumo de este tipo de líquidos. Además, también piden que se realicen los cambios legislativos necesarios para contar con una ley sobre publicidad de alimentación destinada al público infantil que garantizase el control sobre los contenidos.
