Entorno en el iba a desarrollarse el PAI. Foto: Ayuntamiento de Altea.ALTEA. Los jugosos terrenos que se adquirieron hace años para desarrollar el PAI Puentes de Algar ya no tienen quién les quiera, al menos, en subasta. Como es sabido, el proyecto urbanístico que estaba previsto en Altea fue tumbado por los juzgados y ahora, aquellos que quisieron invertir en la zona, se han quedado como rústicos a los que poco aprovechamiento económico se les puede sacar. Como consecuencia de todo ello, la subasta de 11 de estas parcelas se ha quedado sin pujas.
Así se desprende del cierre certificado del pasado 24 de julio. Como ya adelantara este diario, el fondo Pera Assets Designated Activity Company solicitó al juez la ejecución hipotecaria de estos suelos. Le reclama tres millones de euros a la empresa propietaria Mondex Invest 2005 SL. Sin embargo, de momento, parece que no podrá saldar las deudas en metálico a través de la venta de estos activos.
Ninguno de estas 11 parcelas han tenido ni una sola puja. Todas ellas rústicas, con uso de regadío, huertas y parajes que se espera que sigan estando protegidas de macroproyectos urbanísticos. El valor de los lotes iban de los 91.904,30 euros el más barato a los 1.392.474,34 euros el más caro. En total, 5,6 millones de euros en tasación de bienes.
Tal y como figura en la certificación de cargas, pesa sobre ellas una hipoteca con la Caja de Ahorros del Mediterráneo suscrita a principios de los 2000. En concreto, se le reclama tres millones de euros de principal, más 149.599,06 euros de intereses ordinarios, a lo que hay que sumar 36.031,48 euros de demora y otros 72.120 euros de intereses y costas.
El proyecto urbanístico prometía ser uno de los más grandes de Altea y se planteó incluso como el segundo más importante en la provincia, después de Rabasa. La idea era urbanizar 500.000 metros cuadrados en el entorno de la zona húmeda del río Algar de especial protección. Un paraje emblemático para el municipio y la comarca que quisieron proteger varios vecinos de la zona llevando el caso a los tribunales, a pesar de que contaba con la aprobación en pleno del PP y el PSPV. Allí se quería construir unas 5.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, contemplaban cuatro zonas hoteleras y tres macroáreas comerciales.
El Supremo lo terminó anulando porque no cumplía con una de las condiciones impuestas por la declaración de impacto ambiental. Ésta apuntaba a que se tenía que desclasificar 4,6 millones de metros cuadrados de suelo público en el Plan Especial El Áramo, que estaba como no urbanizable y tenía que pasar a protegido para compensar las edificaciones en el Algar donde el Plan General no lo contemplaba. Unos trámites para la protección de la zona, que no obstante, no se iniciaron hasta que se recurrió el plan urbanístico en los tribunales.
Como consecuencia de todo ello, el Ayuntamiento ha tenido que indemnizar a los implicados. En primer lugar, con 6,5 millones de euros, más intereses, que fueron abonados por la mercantil Altea Futura como canon de la reclasificación del suelo. Y otros 1,2 millones de euros que se fallaron en 2022 a favor del Grupo Ballester y que tendrían ya liquidado.
