CASTELLÓ. Al concurso de acreedores del grupo Tastia ya solo le queda conocer el futuro comprador. El conglomerado alimentario y de restauración propietario de la cadena Muerde la Pasta estaba a la espera del visto bueno para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 78 empleados que presentó por su delicada situación económica y la autoridad laboral ya ha emitido resolución al respecto. Superado ya este trámite administrativo, falta sólo que el juzgado resuelva el litigio sobre quién se hará finalmente con la firma castellonense.
El grupo, conformado por 18 empresas, entró en concurso voluntario el pasado mes de septiembre ante las pérdidas que arrastraba por el golpe de la pandemia de coronavirus, y un mes después acordó con los sindicatos un procedimiento de despido colectivo que, si bien inicialmente iba a afectar a 124 empleados del grupo, tras la negociación, se rebajó a 78 trabajadores, de los cuales 50 estaban ya en ERTE. Además, se eligió a parte de la plantilla dedicada al apoyo, y responsables de área o zona sin actividad por la merma del negocio, así como personas en excedencia voluntaria.
Así pues, en una resolución del pasado 12 de diciembre, la Dirección General de Trabajo "estima adecuada" la solicitud del ERE "ante la situación económica de la empresa y teniendo en cuenta que la medida solicitada viene enmarcada en el seno de un procedimiento concursal indicador de la gravosa situación por la que atraviesa la sociedad". En ese sentido, la autoridad laboral reconoce que la "principal causa" deriva de "las importantes pérdidas sufridas durante la pandemia" y las restricciones sanitarias, que "afectaron de forma más severa a los locales de gran superficie y capacidad que son en los que opera el grupo".
Como publicó Castellón Plaza, la firma pudo reducir sus pérdidas el año pasado hasta situarlas en los 5,4 millones de euros, un 34% menos que el año anterior y casi la mitad que en 2020, pero ello no evitó la solicitud del concurso finalmente pese a los numerosos intentos de sus administradores por obtener liquidez. "Aunque la línea de negocio se ha venido recuperando en el último ejercicio, las fuertes pérdidas económicas sufridas han provocado significativas tensiones de tesorería", insiste la delegación del Ministerio de Trabajo.
Esto, subraya, ha hecho que "las distintas sociedades que integran el grupo no dispongan de liquidez suficiente para afrontar el pago del conjunto de obligaciones económicas contraídas con entidades financieras, proveedores o costes de explotación de los centros comerciales". Y por ello, la autoridad laboral entiende que concurren "las causas económicas" previstas en la normativa para cursar el ERE. En cuanto a las condiciones de la indemnización, se pagará lo mínimo que establece la normativa: 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, y según explicaron fuentes sindicales en su momento, con criterios de afectación por desempeño, perfil formativo y económico conforme al coste de cada puesto.
Con el visto bueno del Ministerio de Trabajo al ERE, queda por saber qué oferta aceptará el juzgado para la adquisición del grupo castellonense. Un proceso que se espera resolver tras la Navidad y que se ha visto ensombrecido por las dudas manifestadas acerca de la solvencia de uno de los posibles compradores. En un principio, Atitlan había presentado oferta vinculante para adquirir las 17 unidades productivas del grupo, pero tras la presentación de otra oferta alternativa, el administrador concursal ha considerado insuficiente la del grupo inversor valenciano, como publicó este diario, y ha propuesto la segunda oferta para su adjudicación.
Es esta segunda propuesta la que ha suscitado los interrogantes, manifestados no sólo por el concurrente inicial, el grupo inversor Atitlan -a la postre, competidor de esta segunda oferta-, sino también de la empresa castellonense concursada e incluso del comité de empresa de la compañía. La oferta ascendía a 8,7 millones de euros y hasta 20,9 teniendo en cuenta inversiones, indemnizaciones y otros gastos, pero los mencionados escritos señalan que la oferta no acredita la veracidad de lo prometido.
Cabe recordar que Atitlan y Tastia habían alegado contra dicha oferta tras comprobar que el particular que asegura ser "accionista control" de un conglomerado dedicado a la restauración y la alimentación, Muad Did Holding, no aparece como tal en los registros públicos, tampoco como administrador o apoderado ni en ninguna de las empresas del mencionado grupo, por lo que consideran que se trata de una suerte de testaferro.
Atitlan acusó al empresario de no hacer "ni la más mínima referencia" a su patrimonio "ni a su solvencia", ni presentar ningún certificado que acredite la renta o la suficiencia de fondos. La "única circunstancia" que recoge en relación a su patrimonio es su vinculación al grupo empresarial "del que dice ser accionista, pero ninguna prueba se aporta para acreditar dicha condición", apuntan las alegaciones de Atitlan, que insisten en la "falta de solvencia y de medios humanos y técnicos" del oferente al señalar que se trata de "una persona física que carece de bienes inmuebles".
Está por ver todavía si el juez solicita al ofertante garantías, algo que ha solicitado incluso la firma concursada, el grupo Tastia, y su Comité de Empresa, que en un escrito remitido al juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón, que tutela el proceso concursal, solicitan al juez que pida "a los ofertantes aval u otra garantía del cumplimiento de las asociaciones asumidas y, en concreto, del precio de compra ofertado por ambos".
Un documento en el que, insiste, "es fundamental" que los ofertantes acrediten "suficiente estructura empresarial, capacidad técnica, personal humano y técnico así como solvencia económica" para garantizar "la continuidad de la actividad de las empresas en su conjunto y el mantenimiento del empleo en las condiciones ya pactadas con la representación sindical". Y sentencia: "Está en juego el futuro de 700 familias". Por el momento, según ha podido saber este diario, no ha habido ningún movimiento en este sentido.
