VALÈNCIA (EFE/Mónica Collado). María José Catalá, que será proclamada el sábado candidata del PP a la alcaldía de València, tendrá que lidiar con la investigación de nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento que, pese a su suspensión cautelar de militancia, siguen en sus cargos en el grupo municipal popular.
Una operación anticorrupción el 26 de enero de 2016, con más de sesenta registros y veinticuatro detenidos, fue el germen del caso Imelsa, que investiga una presunta trama de corrupción en varias administraciones públicas de la Comunitat, en la que supuestamente se cobraban "mordidas" a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Esa investigación salpicó de lleno al grupo popular del Ayuntamiento de València, cuyos concejales, exediles y asesores y exasesores fueron llamados a declarar por un supuesto delito de blanqueo al haber realizado donaciones de mil euros al partido que les fueron devueltas, supuestamente, en billetes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18, encargado del caso, decidió abrir una pieza separada por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el grupo popular de València, a la que posteriormente unió el delito electoral.
Por esta causa siguen investigados (antes imputados) tres años después los concejales del PP María Angels Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual, Beatriz Simón, María Jesús Puchalt y Lourdes Bernal, así como otros exconcejales y asesores y exasesores.
En total, por la conocida como pieza A, la del "pitufeo", hay 47 investigados, prácticamente todo el equipo que sustentó a Rita Barberá en sus más de dos décadas al frente de la alcaldía, más el PP como persona jurídica.
Los investigadores tuvieron conocimiento del supuesto blanqueo a raíz de unas escuchas entre quien fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, y la entonces concejala de Cultura, María José Alcón, cuyo fallecimiento hizo que varios de los concejales investigados solicitaran que se sobreseyera la causa.
Un mes después de la operación, Rita Barberá, que ya había perdido la alcaldía y era senadora del PP, compareció para negar que hubiera cometido delito alguno y asegurar que ni iba a dimitir ni se le había pasado por la cabeza.
Por el hecho de ser aforada, el juez envió los indicios vinculados a Barberá al Tribunal Supremo, que abrió causa contra ella.
Quien fue conocida como "alcaldesa de España" pidió entonces formalmente la baja del partido y pasó al Grupo Mixto de la Cámara alta, y el 23 de noviembre, dos días después de declarar ante el Supremo, Barberá falleció en un hotel de Madrid.
En marzo, el PPCV remitió a los nueve concejales investigados -el único no investigado es el portavoz del grupo, el independiente Eusebio Monzó- una carta en la que les comunicaba que tenían diez días para entregar sus actas.
Apenas unos días después, se anunció la suspensión cautelar de militancia de los investigados, después de que estos solicitaran su baja temporal, y a final de mes, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, dijo que esperaría a que acabara el proceso abierto por la dirección nacional del PP para adoptar medidas en caso de que no renunciara a sus actas.
El Ayuntamiento de València -gobernado por Compromís, el PSPV y València en Comú- abrió una comisión de investigación por la gestión del PP y concluyó reclamando el acta a los ediles y aprobando medidas para la transparencia de los grupos municipales.
Después de tres años, los nueve ediles no han entregado sus actas, se siguen sentando en la bancada popular del hemiciclo municipal y trabajan con integrantes de ese grupo, aunque su acción política se ha reducido prácticamente a su intervención en los plenos, con esporádicas ruedas de prensa y comunicados sobre actualidad política.
