La consellera de Sanidad, Carmen Montón. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La reversión del servicio de resonancias magnéticas a la gestión pública en la mayor parte del territorio de la Comunitat Valenciana tendrá que esperar, dos años como mínimo y puede que un tercero. Así se deduce del pliego de condiciones del concurso que la Conselleria de Sanidad Universal acaba de convocar para mantener subcontratado un servicio que desde 2008 presta la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa, y que la consellera Carmen Montón se había comprometido a revertir cuando finalizase el contrato, el próximo mes de septiembre.
La justificación de la Conselleria de Sanidad es que no le ha dado tiempo en los 21 meses que lleva en el puesto Montón a preparar la reversión de este servicio que, según la Sindicatura de Comptes, resulta hasta 16,7 millones de euros al año más caro que la gestión pública. Todo lo contrario que las concesiones de Sanidad, que sí suponen un ahorro para la Generalitat, según la Sindicatura de Comptes, que la consellera está empeñada en revertir en cuanto acabe el contrato –Alzira– o incluso antes –Dénia– mediante un rescate.
La demostración de que el servicio que presta Eresa es dañino para las arcas públicas es que en el nuevo concurso que ha sacado Sanidad los precios de cada prueba se rebajan hasta un 50% respecto a los que ahora percibe la UTE controlada por la familia Saus. Con todo, la nueva contrata de resonancias magnéticas puede llegar a costar 27,3 millones de euros en tres años, según el pliego del concurso. Esto sería si se concediesen las prórrogas y se llegase al tope de modificados. El presupuesto base de licitación para los dos años iniciales, sin prórroga, es de 15,88 millones.
El concurso está dividido en cinco lotes, siendo el más importante el de la provincia de Valencia –12,97 millones–, que incluye las áreas de Sagunto, Hospital Clínico Universitario, Hospital Arnau de Vilanova, La Fe, Peset, Gandia y Xàtiva-Ontinyent. El de la provincia de Alicante –1,97 millones de euros– incluye los departamentos de Alcoi, Hospital General de Alicante, Hospital Sant Joan, Elda, Elx-Hospital General y Vega baja. Estos dos contratos son por dos años con posibilidad de prorrogarlos otro más.
Los otros lotes son más pequeños: Marina Baixa –499.278 euros–, Vinaròs –305.526 euros– y Requena –133.781 euros–, y tienen una duración menor, seis meses, con posibilidad de prórrogas mensuales hasta cinco meses más. Según Sanidad, la nueva contratación del servicio, que no es una prórroga, es necesario para realizar las obras de acondicionamiento y de puesta a punto de los nuevos equipos que la Generalitat instalará en los hospitales de estos departamentos.
Los licitadores deberán haber realizado durante los últimos cinco años servicios de estudio diagnóstico mediante resonancia magnética y deberán presentar, para optar al contrato, una relación nominal de todo el personal que ejecutará el servicio, expresando su categoría.
El concurso no incluye, entre los hospitales en los que una empresa realizará las resonancias, al General de València. Allí, Eresa –aquí en solitario, sin la UTE–, continúa prestando el servicio merced a un contrato que no tenía soporte legal y era nulo de pleno derecho, según dijo la Intervención de la Generalitat en 2016.
El Hospital General planteó a la Conselleria de Sanidad que el grupo Eresa –rebautizado como Ascires– siga prestando el servicio de TAC para el centro más allá de julio de 2018, fecha en la que vence el actual contrato, a pesar de que la Sindicatura de Comptes ya le advirtió en 2015 de su irregular gestión, hasta el punto de que remitió al Tribunal de Cuentas indicios de una presunta responsabilidad contable.
