VALÈNCIA. La cuenta atrás para llegar al Festival de Les Arts de 2026 está siendo para muchos una agonía. La sentencia judicial sobre el ruido, que daba la razón a los vecinos y ponía en duda la celebración de grandes eventos musicales en la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa), provocó un terremoto en el panorama musical valenciano a pocas semanas de la celebración de algunas de sus citas más multitudinarias.

La mayor parte de las programadas han encontrado acomodo en otras sedes, con reubicaciones que pasan por Marina Norte, el estadio Ciutat de València o el Parc Central de Torrent. Sin embargo, el Festival de Les Arts, organizado por The Music Republic, se resiste y cuando apenas queda una semana para su celebración ya ha comenzado los preparativos y trabajos de montaje de estructuras. Sí, en Cacsa.

Tal y como publicaba este diario, los preparativos parecían no frenarse y esta misma semana se vaciaba el lago colindante a L'Hemisfèric, que se suma al del Museu de Ciències, que llevaba semanas también dragado, como paso previo al montaje. Este mismo jueves el espacio ha pasado a estar ocupado por material de montaje y trabajadores que dan los primeros pasos para levantar las estructuras que darán forma al Festival de Les Arts 2026. 

El movimiento sorprende a más de uno pues, por el momento, no hay una ‘luz verde’ definitiva de la administración pública para su celebración. Este mismo miércoles el concejal Juan Giner aseguró que un equipo técnico municipal está en proceso de revisión de una documentación “muy voluminosa”, después de que el lunes el Ayuntamiento de València hiciera un requerimiento a Cacsa para que acredite que el festival cumple con la normativa.

"No es una documentación fácil"

Este jueves, con los trabajos ya iniciados, la propia alcaldesa de València, María José Catalá, explicaba a preguntas de los medios: "El festival tiene un contrato, un precontrato con Cacsa, que le habilita evidentemente en el marco de ese contrato con ci a comenzar esas labores. Lo que nosotros estamos haciendo es supervisar todo el estudio acústico".

De igual forma, ha aclarado que la última documentación la recibieron "en torno a la una del mediodía" del miércoles y que todavía están analizándola. "Evidentemente no es una documentación fácil, es todo un proyecto acústico y los técnicos están analizándolo”.

Mientras, Cacsa asegura en una respuesta oficial que el despliegue de material no implica su autorización, sino que “se están realizando trabajos preparatorios mientras se acaba de supervisar la documentación para que, en caso de confirmarse la celebración, puedan cumplirse los plazos”.

Todos los escenarios abiertos

Si bien la promotora presume de “normalidad” en los contadísimos mensajes en los que hacen referencia a la situación (principalmente en respuesta a las decenas de mensajes que reciben en redes sociales por parte de los usuarios preguntando por la celebración, sede o los horarios, que todavía no han sido publicados), hay un desconcierto generalizado entras las personas que han pagado sus abonos, como también en las que podrían querer comprarlo a estas alturas.

Y es que, a falta de una respuesta determinante de las administraciones implicadas, todos los escenarios están abiertos; y a estas alturas, todos implican jugar con fuego.

Fuentes del sector ven con perplejidad el cambio de tono de Ayuntamiento y Cacsa en los últimos días. Si en un primer momento cerraron la puerta totalmente a la celebración de festivales para acatar más que escrupulosamente la sentencia, ahora parecen estar valorando la celebración de Les Arts. 

Los otros festivales, en los comunicados que anunciaban sus reubicaciones, aseguraban que era materialmente inviable hacer posible la normal celebración de sus fiestas. Entre ellos, paradójicamente, incluso dos festivales también dependientes de The Music Republic.

En todo caso, en las próximas horas o días se resolverá si el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana dan luz verde (o no) al festival. 

Si es que no, esto no implicaría la devolución de las entradas. Y es que, en un cambio reciente en las condiciones de los abonos, la promotora desveló lo que podría ser su plan B. El texto abría la puerta a negar la devolución si la reubicación se hacía en la misma localidad y aunque se pasara de una pista a unas gradas. Es decir, parece estar preparando el terreno a que, en caso de que sea imposible en Cacsa, se desarrolle, como Love the 90s y I Love Reggaeton, en el estadio Ciutat de València.

Si es que sí, se abriría una nueva ramificación de posibilidades. Primero, que el festival tenga capacidad de adaptarse a las condiciones de la normativa municipal, lo que supondría medidas como el recorte en el horario, y una inevitable bajada de potencia en el sistema de sonido. Esta segunda cuestión no es baladí, porque muchos contratos con artistas tienen una cláusula técnica de un mínimo de decibelios (suele estar por los 100, mientras la normativa permite un máximo de 90) y, en última instancia, su incumplimiento podría acabar provocando cancelaciones de última hora. 

En el caso de que se abran las puertas pero, durante su celebración, la Policia Local certifique que no se está cumpliendo la normativa, se abriría otro escenario mucho más complicado. La sanción impuesta por el cuerpo policial podría ser una simple multa (podría no superar siquiera los 30.000 euros) o el desalojo en el momento. El Ayuntamiento podría optar por la primera opción ante la situación de caos que podría provocar la segunda. Y dejaría en el aire, a su vez, la celebración del segundo día de festival.

Los vecinos que ganaron el juicio, por su parte, estarán muy atentos de las posibles consecuencias que podrán reclamar en caso de que se celebre. Consecuencias, por otra parte, que no padecería la promotora, sino las administraciones implicadas por no hacer su obligatoria función de control, más aún después de la sentencia que proponía, si era necesario, “inclusive la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos y actividades”.

En este segundo grupo de escenarios, hay un tema de fondo. ¿Qué pasa con el dinero de los abonos si se cancela abruptamente el festival? En este sentido, hay dolorosos precedentes de esto. En 2016, el festival Marenostrum canceló la apertura de puertas con la infraestructura montada a menos de 24 horas de su inicio al no haber recibido la autorización para realizarse. El caso acabó en tribunales.

Según explica a este diario la Unió de Consumidors, la promotora solo estaría exenta de la devolución de las entradas si la cancelación se hiciera por una situación “sobrevenida” y ajena a la organización. Por ejemplo, una pandemia, un apagón, o una alerta antiterrorista. No sería el caso de un desalojo por incumplimiento de la normativa de ruido, porque The Music Republic es plenamente consciente de la sentencia y de la dificultad de celebrarse, y otros festivales han encontrado una alternativa, por lo que no se podría alegar la imposibilidad de una reubicación.

La organización de defensa del consumidor alerta que no solo hay que hablar de si se celebra (o no) el festival, sino cómo lo hace. “Las personas que han pagado un abono, o están pensando en comprarlo, tienen que ser informadas si no van a escuchar la música a menos que estén a unos pocos metros de distancia, así como los horarios y los escenarios”. 

En este pulso de The Music Republic ante el margen casi nulo que deja la sentencia, el dinero también juega un papel importante.