VALÈNCIA. Ayer, el Festival de Les Arts escribió el que podría ser el último capítulo de su historia, al menos tal y como se ha conocido hasta ahora. La organización, tal y como acreditó la Policía Local, incumplió su propio plan para respetar los limites legales de la ordenanza municipal y, por ende, acatar la sentencia que señaló a los macroconciertos de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències.

La promotora, al insistir en celebrarlo en su ubicación original, ha echado un pulso a la administración, al público, a los artistas, y al vecindario. Tras la sentencia, especialmente dura en su redacción, que incluso mencionaba el Artículo 15 de la Constitución Española ("Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”), tenía poco margen de maniobra.

Desde finales de marzo, el escrutinio a los planes de las citas que habían anunciado que celebrarían estas semanas eventos en el recinto hizo del tema un problema institucional y político de primer nivel. Poco a poco, fueron las promotoras las que encontraron acomodo en otros espacios. Incluso The Music Republic, promotora del Festival de Les Arts, anunció la reubicación de otros festivales de su cartera, Love the 90s y I Love Reggaeton, en el Ciutat de València, lo que parecía indicar un camino a seguir también por uno de sus festivales insignia.

No sucedió así. Las últimas semanas, ya solos en su intención de llevar a cabo el festival, la tensión se disparó por su silencio y aparente normalidad en redes sociales, y la ambigüedad de las administraciones para no constatar lo que ahora ya es un hecho: no se puede celebrar un festival de música para cerca de 20.000 personas cumpliendo con la ordenanza actual.

Tal y como informó este diario, una consulta a fuentes del sector e implicados en el proceso ya adelantaba que era materialmente imposible hacerlo posible. Una de las voces autorizadas fue el director de el otro macrofestival previsto en el mismo recinto, Bigsound. Su responsable, Miguel Torres, fue tajante al declarar que “los 85 decibelios [el máximo permitido por la normativa municipal] llevados a la práctica y consultados todos los técnicos nos dicen que eso no se va a escuchar absolutamente nada”. También CACSA es consciente de que, solo por el ruido ambiental y la disposición del recinto, es imposible que controlar el sonido a lo niveles que exige la ordenanza de ruido.

El Festival de Les Arts presentó al Ayuntamiento de València la documentación de un ambicioso plan para llevar la contraria a todas estas voces autorizadas. Además de reubicar escenarios y reforzar los paneles de aislamiento, instalarían limitadores acústicos para garantizar que el foco de emisión no superara los 85 decibelios diurnos ni los 80 nocturnos. El consistorio, en su respuesta, recordó que también es responsabilidad del festival tener en cuenta al público como foco emisor porque “los niveles de control previstos (85 dBA en horario diurno y 80 dBA en horario nocturno) son mucho más bajos de los previsibles en este tipo de eventos”.

A pocos días de su celebración, The Music Republic recibe la autorización para celebrarse y publica sus horarios. El público, ya atento a los medios de comunicación, no dejó de sospechar sobre el cambio de experiencia propuesto y la reventa de entradas se disparó, dejando los precios muy por debajo del precio de coste. Este, además, ha sido el primer año que el festival no ha colgado el cartel de sold out.

Parecía que el único que creía posible un festival ‘normal’ era la propia promotora que por otra parte, a estas alturas del curso se enfrentaba a un proceso de devolución de entradas millonario. No había marcha atrás.

El viernes se abrieron las puertas y sucedió exactamente lo que las fuentes del sector señalaron las semanas anteriores: 85 decibelios hacen difícil ya no el disfrute sino la mera escucha de un concierto en directo. Son niveles imposibles incluso en una sala de conciertos o en una discoteca. El público y los artistas (estos segundos, atrapados por contratos no solo con este festival, sino con otras citas gestionadas por The Music Republic) estallaron.

Y a pesar de todo esto, el Festival de Les Arts incumplió su propio plan presentado al Ayuntamiento apenas unos días antes. La Policía Local constató niveles de ruido de hasta 96db y asegura que "no se han respetado las limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica presentada”. 

Si bien no se conocen las horas de las mediciones, este diario ha podido constatar por numerosos testimonios, que durante el concierto de Siloé, su cabeza de cartel, el festival mantuvo un volumen relativamente habitual al de otras citas, y luego volvió a bajarlo.

Con el acta levantada, y sabiendo la dimensión del pulso, la sentencia estaba clara: el festival no celebraría su segunda jornada y tendrá que devolver el 50% de los abonos generales además de las entradas de día. Esta consecuencia tiene dos lecturas: el coste que supondrá este reembolso, o el beneficio obtenido el primer día, no solo de las entradas sino principalmente de las barras.

Ya hay varias plataformas de clientes que reclamarán el importe íntegro tras la experiencia deficiente de la primera jornada, que entienden ahora como un salvavidas para no haber cancelado los conciertos a costa del público y artistas.

Este diario, en todas las entrevistas y testimonios recogidos a lo largo de más de meses, no ha escuchado en ningún momento que la celebración mínimamente normal de un festival pudiera ser llevada a cabo tras la sentencia dictada. La cancelación del festival, lejos de ser un enfrentamiento entre público y vecinos, como parece querer plantear ahora The Music Republic, ha sido en realidad el pulso de una promotora con las instituciones y su propio público.

Capítulo aparte merece el futuro de la música en directo en València. Tras la sentencia en CACSA, se abre la veda a otras quejas vecinales. La normativa municipal en materia de ruido es hostil para la celebración normal de cualquier concierto masivo al aire libre. El sector, más que valorar quién tiene la culpa por el caso del Festival Les Arts, se apena por el panorama dibujado para todas las promotoras.